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Domingo, 27 de Mayo de 2018

TRIBUNALES

Caler dice que las licencias concedidas en Caniles cumplían requisitos y tenían informes favorables

Se enfrenta a una petición fiscal de ocho años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y multa de 6.480 euros por un posible delito contra la ordenación del territorio

Europa Press | 25 abril, 2018 | 13:45

El expresidente de la Diputación de Granada Antonio Martínez Caler (PSOE) ha declarado este miércoles ante la Audiencia de Granada que las licencias de primera ocupación para unas viviendas que concedió durante su etapa como alcalde de Caniles “cumplían todos los requisitos” y contaban con los informes favorables de los técnicos, que no hicieron ninguna advertencia de “ilegalidad”.

Martínez Caler se enfrenta a una petición fiscal de ocho años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y multa de 6.480 euros por un posible delito contra la ordenación del territorio en esta causa, en la que está siendo juzgado junto a la actual alcaldesa de Caniles, la socialista Isabel Mesas; y a la exregidora del PA María Pilar Vázquez, para las que el Ministerio Público pide tres años de prisión y un año y diez meses respectivamente.

El asunto gira en torno a la supuesta concesión irregular de licencias para la construcción y ocupación de viviendas en el barrio de San Sebastián, un área tradicional de casas cueva, donde, según el fiscal, no se habían cometido las obras de urbanización que exige la ley para poder ocupar los domicilios y donde las licencias no se ajustaban supuestamente a la normativa urbanística, por lo que reclama que se anulen.

Durante su declaración, Martínez Caler ha defendido que “no es el alcalde el que concede las licencias” en este municipio, sino una comisión de gobierno integrada por concejales -entre ellos el de Urbanismo- que están asesorados por el aparejador municipal y el secretario.

Ha garantizado que cuando un expediente llegaba a esa comisión “estaba completo” y “si no tiene ninguna advertencia de ilegalidad, se aprueba”, como según alega ocurrió en el caso de las licencias que él respaldó durante su etapa como regidor, incidiendo en que esta zona sí tenía “metidos” los servicios básicos de saneamiento, agua potable y electricidad.

Ha descartado mantener algún tipo de vinculación con los vecinos que obtuvieron las licencias y ha subrayado que todas las comisiones de gobierno en las que se veían estos expedientes se celebraban en presencia de los técnicos.

En un sentido similar se ha pronunciado la actual alcaldesa de Caniles, Isabel Mesas (PSOE), quien ha indicado que en su caso las licencias se aprobaron por unanimidad de todos los miembros de la comisión de gobierno, sin que existieran informes técnicos o jurídicos en contra, aunque estaban condicionadas a que se cumplieran una serie de requisitos vinculados a la urbanización de la zona.

Ha defendido que la calle donde iban a estas viviendas es un área especial de casas cueva, pero tenía los servicios básicos de alcantarillado, agua potable y alumbrado público. Se trata, según ha dicho, de un lugar singular en el que los técnicos muestran reticencias incluso a la hora de asfaltar por la posibilidad de que afecte a alguna vivienda cueva que haya debajo. Aunque matizando que no era su papel comprobar esta clase de cuestiones técnicas.

La exregidora del PA María Pilar Vázquez también ha dicho que las licencias que ella concedió contaban con informes técnicos favorables y se dieron condicionadas por una serie de requisitos que se notificaron a los propietarios, motivo por el que llegó a ser increpada por algunos de ellos.

Licencias “ajustadas” a normas subsidiarias

El aparejador del Ayuntamiento de Caniles, que ha declarado como testigo, ha confirmado que las licencias de las viviendas se ajustaban a las normas subsidiarias del municipio, aunque éstas no han sido adaptadas a la ley andaluza de urbanismo (LOUA). Reconoce que es una zona “complicada”, que tiene una serie de servicios básicos “insuficientes” y por ello refrendó que las licencias se podían conceder de manera condicionada a la aportación de un aval o fianza por parte de los propietarios que garantizara obras de mejora y consolidación de la urbanización.

Afirma que este extremo se notificó a los afectados, como evidencia que uno de ellos respondiera por escrito accediendo a cumplir la medida, aunque no era su cometido comprobar si se llevó a cabo ni si las viviendas están habitadas, extremo este último que sí ha confirmado un guardia civil del Seprona que ha inspeccionado el lugar y ha declarado como testigo.

La Fiscalía solicita para la actual alcaldesa de Caniles tres años de prisión, inhabilitación especial durante diez años y multa de 7.200 euros y para la exregidora del PA pide un año y diez meses de prisión, ocho años de inhabilitación y multa de 6.480 euros por delitos contra la ordenación del territorio. La segunda y última sesión del juicio está prevista para este jueves en la Sección Primera de la Audiencia.

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