Candel denuncia a cuatro consejeros de Salud por presunta prevaricación y nombramientos ilegales
El doctor y presidente de la Asociación Justicia por la Sanidad acusa a altos cargos de la administración autonómica de crear un "sistema opaco" para "manipular la designación de directivos"
Jesús Candel junto a las personas que se han congregado a las puertas de los Juzgados de Caleta para mostrarle su apoyo. Foto: Álex Cámara
La Asociación Justicia por la Sanidad ha presentado una denuncia por la presunta comisión de los delitos de prevaricación continuada y nombramientos ilegales hacia cuatro consejeros de Salud, incluyendo la actual.
Así, la demanda se ha interpuesto contra la consejera de Hacienda, María Jesús Montero; la ahora consejera de Igualdad, María José Sánchez Rubio; el anterior consejero de Salud, Aquilino Alonso; la actual consejera de Salud, Marina Álvarez; los antiguos directores gerente del Servicio Andaluz de Salud, Juan Carlos Castro, José Luis Gutiérrez y José Manuel Aranda; así como contra el antiguo director general de Personal y Desarrollo Profesional del SAS, Rafael Burgos.
El doctor Jesús Candel y presidente de la asociación, ha criticado que los denunciados "se han beneficiado de su posición de supremacía" para aprobar normas, "creando un sistema opaco que les permitiera manipular caprichosamente los nombramientos de directivos y cargos intermedios" en la sanidad andaluza.
A la salida de los Juzgados de Caleta, y ante la presencia de casi un centenar de personas que se han congregado para mostrar su apoyo a la causa, el promotor de las movilizaciones por la sanidad en la capital ha reiterado que han marginando, "a sabiendas", los principios constitucionales "de igualdad, mérito, capacidad, publicidad y seguridad jurídica".
"Las unidades de gestión clínica en la atención especializada nunca han tenido amparo legal. Decenas de sentencias en los Juzgados y el Tribunal Superior de Justicia lo han declarado y, sin embargo, han mantenido de forma intencionada durante años dicho invento ilegal", ha explicado al tiempo que ha incidido en que Montero "es la organizadora de este entramado que ha hecho que, junto al resto de denunciados, haya muchos colaboradores que ejecutaron unidades de gestión, la puerta a las fusiones que hemos visto y a las privatizaciones".
A este respecto se ha referido el jefe del Servicio Andaluz de Salud y también miembro de Justicia por la Sanidad, Antonio Higueras, quien ha detallado que las unidades de gestión serían lo equivalente a los servicios, "con la salvedad de que es un instrumento para poder nombrar a quien se quiera al margen de la ley, conculcando toda la libertad de oportunidades".
Primera parte de la denuncia
"Han llenado Andalucía de mediocres y de agradecidos en esas unidades que hemos denunciado porque son ilegales, ya que no está legalizado como instrumento organizativo en atención especializada, es decir en los hospitales, sí en atención primaria. Además, esas unidades de gestión tienen otra perversión que es la productividad, una cantidad que se le detrae a los usuarios porque se escatima en fármacos de calidad, pruebas complementarias y personal. Esas cantidades detraídas se retornan en forma de incentivos a los agradecidos", ha manifestado Higueras.
Candel ha precisado que la denuncia abarca desde 2007 a la actualidad y que los hechos "merecen un contundente reproche penal", puesto que "no se debe maltratar una organización de la que dependen las vidas de muchas personas". "Queremos no sólo a los mejores médicos, celadores, pinches y trabajadores de limpieza, sino que queremos también a los mejores directores y gestores en los hospitales y centros de salud y esto en Andalucía no está ocurriendo", ha subrayado.
Asimismo, ha advertido de que esta es sólo la primera parte de la denuncia y que "habrá más", si bien hay que recordar que la asociación de Spiriman ya presentó una denuncia el pasado junio por supuestas irregularidades en la gestión de la lista de espera quirúrgica del Servicio de Traumatología del Hospital Virgen de las Nieves de Granada a través de conciertos con clínicas privadas que presuntamente “no reunían los requisitos para poder firmar estos acuerdos” al carecer de quirófanos, entre otras circunstancias.
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