El alcalde de La Zubia defiende la legalidad de la adjudicación de viviendas sociales
Dice que la concesión se hizo de acuerdo con Visogsa y que "no hubo una sola voz que se alzara en contra" de este modo de proceder
El alcalde de La Zubia, Antonio Molina, ha defendido este martes la legalidad en el proceso de adjudicación de viviendas sociales en el municipio, cuyo proceso, ha indicado, se hizo "debidamente" verificado por los servicios técnicos de la Oficina de Vivienda y el Ayuntamiento, al tiempo que se informó a "todas las familias" inscritas en el registro municipal.
En una nota remitida a ahoraGranada, el regidor municipal ha respondido así a las acusaciones formuladas este lunes por el PSOE en el municipio, partido que denunciaba supuestas irregularidades en la adjudicación de viviendas sociales en la localidad. Los socialistas destacaron que el Consistorio recibió de Visogsa, empresa de vivienda y suelo de la Diputación Provincial de Granada, mediante un contrato de arrendamiento, diez viviendas para su gestión en régimen de alquiler social.
Molina ha explicado con detalle todo el proceso que se ha seguido en este caso, al recordar que el proyecto de cesión mediante alquiler fue puesto en colaboración con Visogsa y la Diputación de Granada después de que tras más de cinco años desde su terminación "continúen vacías", con la finalidad de "ponerlas a disposición de familias del municipio con necesidades habitacionales".
De este modo, siguiendo los cauces marcados por la Oficina de Vivienda y el departamento de Servicios Sociales, "se ha procedido a dar solución a la demanda urgente de un total de nueve familias que, sin vivienda o con clara amenaza de sus vidas por la situación de violencia de género de la que han sido víctimas, se encontraban en grave situación de riesgo".
Posteriormente, la Diputación facilitó "un total de nueve viviendas para atender estas situaciones", para lo que se hizo entrega de la documentación necesaria que permitiera formalizar los contratos, al tiempo que cedió "otras dos viviendas ocupadas ilegalmente con la intención de que el Ayuntamiento se ocupara de su regularización, circunstancia que el Consistorio asumió".
De todo ello, añade el alcalde en su nota, se dio cumplida información a Visogsa, señalado que los contratos de las viviendas se adjudicaron "para dar solución de emergencia" a las familias sin techo. Así, se dio un plazo de dos meses para la formalización de los contratos. El resto de viviendas vacías se adjudicarán con el sistema "que recogen las ordenanzas", de forma "ordinaria y legalmente prevista".
Es por ello que Molina garantiza que todo el proceso se ha seguido de manera "debidamente verificada" por los servicios técnicos de la Oficina de Vivienda y el Ayuntamiento, además de haber sido informadas "todas las familias" que estaban inscritas en el registro municipal: "No hubo una sola voz que se alzara en contra de este modo de proceder".
El alcalde ha lamentado que haya representantes del PSOE que carezcan de "sensibilidad" ante los vecinos del municipios que están "acuciados por la necesidad de disponer de una vivienda digna donde habitar" y critiquen "sin razón y haciendo daño, faltando a la verdad, contra una actuación municipal acertada".
Por último se ha mostrado confiado en que esta situación "no frustre las expectativas de más de 30 familias", ya que de lo contrario "habrá que responsabilizar al PSOE local de todo ello".
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