La hospitalización del exalcalde de Atarfe suspende por tercera vez el juicio
El exregidor debía comparecer este lunes ante el Juzgado de lo Penal 2 de Granada por videoconferencia · Será examinado de nuevo por una forense para determinar su estado de salud
Imagen del tribunal ante el que, mediante videoconferencia, iba a comparecer Víctor Sánchez. Foto: Luis F. Ruiz
El ingreso en la Clínica Inmaculada de Granada capital este domingo por parte de Víctor Sánchez, exalcalde de Atarfe, ha obligado este lunes a suspender por tercera vez la vista oral en la que él debía declarar por videoconferencia por la posible prevaricación en una operación relacionada con un supuesto trato de favor a una promotora inmobiliaria incrementando la edificabilidad de unos terrenos.
Así ha quedado resuelto durante el acto que se ha celebrado en el Juzgado de lo Penal 2 de Granada capital, en donde las partes han comparecido para dar cuenta del informe médico mediante el que Sánchez no ha podido comparecer en los Juzgados de Santa Fe, punto donde estaba previsto que como coacusado declarase por videoconferencia debido a su delicado estado de salud.
No obstante, el magistrado ha anunciado que se solicitará al centro hospitalario que emita un informe completo sobre la salud del exregidor municipal atarfeño, para determinar "si está o no justificada" la ausencia en la vista programada para este lunes, al tiempo que el forense judicial indagará sobre este documento por si se hubiera podido incurrir en un supuesto fraude sobre el estado de salud de Víctor Sánchez.
Todas las partes han acordado la suspensión de la vista oral que se iba a celebrar. Entre ellas, el Ministerio Fiscal ha considerado que era procedente este acuerdo a tenor de los informes médicos presentados por la defensa del acusado y su ingreso hospitalario este domingo.
En una línea similar se ha pronunciado la acusación particular, que ejercen diversas plataformas y colectivos, al tiempo que ha solicitado que se vuelva a fijar de nuevo la celebración de la vista oral de esta causa con la mayor "celeridad posible" para que no se prorrogue más. Del mismo modo, la letrada que asiste a esta parte ha dicho estar a favor de que el forense del juzgado examine la documentación aportada respecto al ingreso en un centro hospitalario de Sánchez y determinar así "si se ha podido producir fraude del acusado a la hora de no acudir al procedimiento, habida cuenta también de la cercanía del juicio respecto a su ingreso hospitalario".
El informe previo
Uno de los puntos de fricción durante el acto celebrado este lunes ha recaído sobre el informe elaborado por la forense respecto al estado de salud de Víctor Sánchez y los motivos que le permitían poder declarar, aunque fuera por videoconferencia desde su casa o una sede judicial.
En este sentido, su abogado ha recalcado que dicho documento se elaboró sin consultar al propio afectado y con "celeridad", lo que a su juicio resulta "sorpresivo" al cambiarse toda la situación médica de Víctor Sánchez "sin la visita médica" y sin la "visita preceptiva" que debía justificarlo. Es por ello por lo que ha vuelto a solicitar la emisión de un nuevo análisis del estado del exalcalde de Atarfe.
Del mismo modo, el letrado ha anunciado acciones legales por si la sucesión de diligencias e informes "contradictorios" que se han podido emitir estas últimas semanas pudieran haber constituido un delito de prevaricación. Por último ha recalcado que aún está pendiente la resolución que determinará el archivo o no de la causa por parte de la Audiencia Provincial de Granada, ya que Sánchez, ha incidido, no está en condiciones "físicas y mentales" para ser juzgado.
A este respecto, el juez ha respondido recordado que el informe de la forense está realizado por la misma persona que "viene siguiendo" el estado de salud de Sánchez y que "tiene un conocimiento completo" de la situación. No obstante, el magistrado no se ha opuesto a que se vuelva a elaborar un nuevo estudio sobre la situación de el exalcalde de Atarfe en caso de que "se haya producido una agravación de su patología" pese a que en el último año solo haya acudido al médico "dos veces y por causas ajenas" a su dolencia cardiaca. Por último, el titular del Penal 2 ha advertido al abogado de Sánchez que no es habitual anunciar las querellas ante un tribunal.
15 meses de prisión
El juicio por estos hechos, en el que Sánchez se enfrenta a una petición fiscal de 15 meses de prisión, fue suspendido en septiembre de 2013 por enfermedad del exalcalde, que debía declarar mediante videoconferencia.
Así lo decidió el titular del Juzgado de lo Penal 2, Antón Henares, en una resolución del 18 de abril en la que muestra un criterio distinto al de los magistrados de la Audiencia Provincial de Granada, que han aceptado archivar provisionalmente todas las causas pendientes contra Víctor Sánchez por su delicado estado de salud.
Aunque reconoce que el estado de salud del acusado no es compatible con asistir a la sede judicial, fuera de su entorno, por el estrés que determina esta situación, el juez considera que no ha lugar a archivar provisionalmente la causa contra él, como reclamó su defensa.
De hecho, señala que en el informe médico realizado sobre el estado de salud del exalcalde, los forenses aconsejan su declaración domiciliaria, pues su estado de salud no impedirá que pueda contestar a las preguntas que se formulen, "encontrándose con el sosiego propio de su entorno domiciliario".
Por ello, el juez consideró en su resolución que puede declarar por videoconferencia con una unidad del 061 para los días del juicio "por si fuera necesario su estabilización médica en su propio domicilio, en caso de sufrir alguna descompensación puntual", y así lo solicitó al Servicio Andaluz de Salud.
Además, el juez pidió a la Delegación de Justicia de la Junta de Andalucía que adopte las "medidas técnicas necesarias" para conectar por videoconferencia el domicilio del acusado con la Sala de Vistas del Juzgado, con el fin de celebrar el juicio con éste en su vivienda particular, donde podrá participar y presenciar la prueba que se practique.
Tanto el exalcalde como el arquitecto municipal se enfrentan a una condena de 15 meses de prisión, multa de 43.200 euros, e inhabilitación especial para la profesión u oficio por tiempo de ocho años y medio, o, alternativamente, inhabilitación especial por el mismo periodo.
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