jueves 18 abril
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El PP denuncia que el alcalde de Monachil adjudicó la barra de las fiestas "a amigos del PSOE"

Aseguran que no tenía la mejor oferta y que el empresario es secretario de Juventudes Socialistas de Churriana de la Vega

El Partido Popular de Monachil ha denunciado públicamente que el alcalde de la localidad, el socialista José Morales, ha adjudicado la barra de las fiestas del municipio a sus “amigos del Partido Socialista”, a pesar de que no han presentado la mejor oferta posible.

En concreto, el empresario “beneficiado” es el secretario de Juventudes Socialistas de Churriana de la Vega y el alcalde de Monachil “no ha dudado en posar en varias fotografías junto a él, incluso en la caseta de las fiestas de la localidad”, ha informado el PP en un comunicado.

Según ha explicado Cristina Marín, concejal del PP en Monachil, en el “supuesto” concurso público el empresario en cuestión, vinculado al PSOE, “quedó el tercero en puntuación, no acreditó la documentación requerida, no es de Monachil ni cuenta con sus vecinos, pero recibió el premio de la adjudicación”.

Tal y como ha proseguido Marín, en los 16 meses de gobierno socialista en Monachil, hasta en dos ocasiones el empresario en cuestión se ha quedado con la adjudicación de las barras. En la primera ocasión, se presentaron tres ofertas en la licitación de la barra y acaba siendo “agraciado este militante del PSOE”, que es quien menos puntuación había logrado en el concurso.

“El primer licitador obtiene una puntuación de 8 puntos, el segundo 5,50 y el tercero, que resulta ganador, tan solo un 5. Lo denunciable es que desde el Ayuntamiento no le comunican al primer y segundo licitador cuál es el resultado del concurso y directamente se lo adjudican al tercero”, ha informado la edil popular.

En la segunda adjudicación que consigue, solo se presenta él a la oferta. “Aunque en el expediente consta que se han preparado unas cartas para invitar a otras empresas de Monachil, no consta en el registro de salida que esas misivas hayan salido del Ayuntamiento”, ha apostillado Cristina Marín.

La concejal del PP de Monachil ha señalado que el único “mérito” que avala su experiencia y que acredita este empresario para presentarse a los concursos públicos es un informe de Gerardo Sánchez, alcalde de Armilla, “diciendo que ha llevado la barra de la caseta del PSOE de Armilla”.

Por su parte, el Ayuntamiento de Armilla ha asegurado que es "totalmente falso" que esta persona haya regentado una caseta en el municipio armillero y "también lo es que haya documentos firmados por el alcalde de Armilla que ratifiquen que dicha persona haya regentado una caseta en la localidad ni en fiestas ni en ningún otro momento".

“Pero su experiencia en pueblos gobernados por el PSOE no se queda solo en Armilla, sino que se amplía a La Malahá, Maracena, Las Gabias o Salar, donde resultó adjudicatario de las barras municipales. Esto es socialismo andaluz en estado puro”, ha reseñado Cristina Marín.

No obstante, es un caso más, a juicio del PP de Monachil, de la “agencia de colocación socialista” que el alcalde de Monachil tiene montada en el Ayuntamiento. Así, ha recordado la contratación de un “amigo del PSOE” como jefe de los servicios de retirada de nieve en Pradollano, a razón de 3.000 euros al mes, o el parking “ilegal” en Pradollano que José Morales puso a disposición de Cetursa, “sin licencia, cobrando cinco euros al día y sin declarar el destino de esos ingresos”.

“Está claro que el alcalde de Monachil está a la orden de la Torre de la Pólvora y de Teresa Jiménez. Vuelven al gobierno sin haber ganado las elecciones y convierten el Ayuntamiento en una sucursal del PSOE, con la que dar gusto a los dirigentes socialistas de la provincia”, ha lamentado Cristina Marín.

Por su parte, la diputada provincial del PP María Merinda Sádaba ha añadido que “no creo en las casualidades y menos que el secretario de Juventudes Socialistas de Churriana haya resultado adjudicatario en muchos municipios, todos ellos gobernados por el PSOE”.

Según Sádaba, estas “casualidades” provocan “indefensión, inseguridad jurídica y son una inmoralidad” hacia aquellos licitadores que concurren a cualquier licitación en la administración pública y que quieren ser tratados en igualdad de condiciones con respecto al resto de licitadores.

“Es un insulto hacia todas las empresas que trabajan en la provincia de Granada, que con mucho esfuerzo sacan adelante su negocio y que cuando acuden a una administración pública no se les mide con el mismo rasero respecto a otras empresas”, ha criticado la diputada popular.

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