El PP pide al Gobierno local bonificaciones variables para "amortiguar" la subida del IBI
Tanto el Partido Popular como Vamos Granada presentan sus alegaciones a las ordenanzas fiscales para 2018, que serán debatidas en el próximo pleno
El grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Granada ha registrado sus alegaciones a las ordenanzas fiscales que serán debatidas en el pleno del próximo 22 de diciembre.
El objetivo, ha resaltado su portavoz, Rocío Díaz, es lograr la “optimización de ingresos sin que el perjuicio para el ciudadano exceda de lo razonable”. Por ese motivo, el grupo popular ha animado al equipo de gobierno socialista a “mejorar la eficiencia en la gestión pública” y a “implantar políticas que permitan reducir costes sin mermar la calidad de los servicios”.
Los populares han argumentado que hay que “amortiguar la previsible subida del IBI del Gobierno socialista” para que no recaiga “un año más” toda la presión fiscal en los granadinos. Por lo tanto, según ha explicado el concejal Francisco Ledesma, "lo más prudente, dada la situación económico-financiera del ayuntamiento, es aplicar una congelación al resto de tributos y tasas municipales".
En relación con el IBI, el PP ha propuesto que se modifique la bonificación por domiciliación, que el año pasado pretendía eliminar el gobierno local pero que se mantuvo precisamente gracias a una alegación de los populares.
Para el ejercicio de 2018, el PP entiende que esa bonificación debe fluctuar entre el 1% para los inmuebles con un valor catastral superior a los 70.000 euros, hasta el 5% para los que no lleguen a los 24.000. Los que estén valorados entre 39.0001 y 69.999 tendrían una bonificación del 2% y los que se sitúen entre los 24.0001 y los 39.000, del 3%. De aceptarse esta medida, ha aclarado Ledesma, se estaría “beneficiando a las familias de clase media, que es la que más ha soportado todos estos años de crisis”.
Sobre ese mismo impuesto, el PP propone una enmienda respecto a la intención de que sean declarados de especial interés o utilidad determinados inmuebles por concurrir “circunstancias culturales y/o educacionales” que justifiquen tal declaración. El grupo popular no se opone a esto, pero sí reclama que los interesados en beneficiarse de esa bonificación, del 80% de la cuota íntegra del impuesto, presenten “la segregación de la finca cuyo espacio esté destinado exclusivamente a los motivos que acrediten” ese uso educacional y/o cultural.
Además, el PP apuesta por una bonificación del 50% del Impuesto de Actividades Económicas, por un periodo de cinco años, para las empresas cuya actividad “sea declarada de especial interés o de utilidad municipal” y para las que mantengan su actividad con pérdidas”.
Igualmente, aboga por ayudar al comercio minorista y de proximidad radicado en áreas de influencia de grandes superficies y en zonas de impacto de la reorganización hospitalaria, mientras no se revierta esa fusión, con un porcentaje de bonificación del IAE del 40% por un periodo de dos años, que se reduciría progresivamente hasta el 10% durante los tres años siguientes. “
Díaz ha puesto el acento en que el grupo popular se abstuvo en la aprobación inicial de estas ordenanzas, como también del plan de ajuste, “en un ejercicio de responsabilidad” que, además, ha permitido presentar estas alegaciones. “Con ellas queremos conseguir que las consecuencias de la situación económica de este ayuntamiento, que nunca hemos ocultado que es delicada y que desde luego no ha mejorado con la gestión socialista, causen el menor impacto posible entre los granadinos”.
Las alegaciones de Vamos Granada
Por otra parte, las alegaciones a las Ordenanzas Fiscales presentadas por Vamos Granada plantean la reducción del 4% en el tipo del IBI para compensar la subida en el impuesto que supondría el incremento del 4% del valor catastral solicitado por el PP y por el PSOE, y aprobado por el Gobierno.
La edil Marta Gutiérrez ha manifestado que la carga fiscal "no tiene que recaer sobre la espalda de los granadinos" y ha planteado que haya una bajada del tipo del 30% para compensar esa subida general y lineal que se sufrirá por el impuesto por la actualización del 4% de los valores catastrales y que se mantenga la bonificación del 5% por domiciliación de inmuebles con valor catastral hasta 300.000 euros.
Además, ha apostado por establecer un recargo del 50% a aquellos inmuebles de uso residencial que se encuentren desocupados, introducir, una bonificación del 90% a los inmuebles vinculados con el Pacto por la Vega y a los que favorezcan los huertos urbanos en todo el término municipal, extender de uno a cinco años la bonificación del 50% de la cuota a las viviendas que instalen energías renovables, una bonificación, similar a la que se ha establecido en Barcelona, para las librerías, teatros y locales culturales, en el marco de 'Granada 2031, Capital Europea de la Cultura'.
Respecto al Impuesto de Actividades Económicas -IAE- ha exigido mantener las bonificaciones a las pequeñas y medianas empresas y que se incluya una bonificación adicional a aquellas que tengan pérdidas al inicio de su actividad. Además de "fomentar que las empresas inviertan en el transporte colectivo y en movilidad sostenible para sus empleados, desgravar del IAE las superficies de aquellas empresas que destinen espacio para guardería y para actividades socioculturales y la creación de una tasa que permita la utilización del Salón de Plenos a precios razonables en la celebración de bodas civiles".
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