El PSOE afirma que Diputación tendrá que reincorporar como funcionaria a una concejal "desterrada"
El TSJA anula una resolución del Gobierno provincial en la que ordenó, de forma “improcedente”, el traslado de esta de Órgiva a Albuñol
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha anulado una resolución de la Diputación de Granada en la que ordenaba el traslado de una funcionaria desde la oficina del Servicio Provincial Tributario de la APAT de Órgiva (organismo dependiente de la institución provincial) hasta su sede de Albuñol, “un destierro” que desde el PSOE atribuyen a “una vendetta” del PP por ser la trabajadora edil socialista en Órgiva.
El alto tribunal andaluz da la razón a la funcionaria, estima su recurso y obliga a la corporación provincial a readmitir a la trabajadora en su puesto en Órgiva. La sentencia del TSJA, que revoca una resolución previa del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 1 de Granada que desestimaba el recurso, argumenta que “se ignora, porque no se explicita ni aún se menciona cuál es el caso excepcional que justifica la atribución temporal de funciones, pues no resulta suficiente, a los fines de la motivación exigible”.
La juez incide en que la atribución de funciones especiales en comisión de servicios a los funcionarios sólo puede darse “en casos excepcionales”, algo que no está justificado en modo alguno aquí.
Para la secretaria de Organización del PSOE de Granada, Elvira Ramón, el pronunciamiento judicial supone un auténtico “varapalo” para el gobierno provincial del PP y evidencia que la decisión de trasladar a la funcionaria sólo obedece a razones “políticas e ideológicas”. “Nos encontramos ante un nuevo intento de Sebastián Pérez por purgar de la administración provincial a todos aquellos trabajadores y funcionarios que no son afectos a su causa ideológica y que no llevan el carné del PP”, ha apuntado.
A juicio de la representante socialista, Sebastián Pérez ha puesto de manifiesto su actitud “caciquil” y “dictatorial” al promover un traslado improcedente, que suponía un grave perjuicio no sólo para la trabajadora, sino para la propia estabilidad y el normal funcionamiento del Ayuntamiento de Órgiva.
La edil y funcionaria de la APAT, Pilar Manrique, ha señalado que recurrió a los tribunales ante lo que considera un traslado “del todo injusto e improcedente”, ya que se le atribuían temporalmente unas funciones en la oficina de Albuñol que no le correspondían.
Manrique, que sigue en la actualidad desempeñando sus funciones en este último municipio, espera que el gobierno provincial del PP respete la resolución judicial y permita su retorno al puesto de trabajo en Órgiva.
La secretaria de Organización del PSOE se ha pronunciado en el mismo sentido y ha exigido a Sebastián Pérez que acate la sentencia judicial, que respete los derechos laborales de los trabajadores y el Estatuto Básico del Empleado Público, y que deje de humillar y acosar a quienes no llevan el carnet del PP.
“Pérez ha de dejar de anteponer los intereses del PP por encima de los de los ciudadanos y respetar las normas básicas de la democracia y del Estado de derecho”, ha concluido.
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