Ignacio Fernández Sanz, inhabilitado 16 años por dos delitos de prevaricación cuando era alcalde de Otura
Todos los imputados han asumido su responsabilidad en la causa relativa a la concesión de unas licencias para una urbanización que aún no había sido terminada
El exalcalde ha sido juzgado junto a los integrantes de la Junta de Gobierno local. Foto: Antonio Ropero
El exalcalde de Otura Ignacio Fernández Sanz ha aceptado este martes una condena de 16 años de inhabilitación como autor de un delito de prevaricación urbanística y otro de prevaricación ordinaria cuando en julio de 2007 adoptó "unánimemente" un acuerdo relativo a la concesión de licencia de ocupación para cuatro viviendas de una urbanización en el municipio.
Tensión entre excompañeros
Uno de los momentos más tensos se ha producido cuando Ignacio Fernández Sanz se ha reencontrado con excompañeros de su partido. La distancia ha sido notable cuando el exalcalde se ha cruzado con la actual concejal María Dolores Dobaño y su excompañera, María Antonia López, quien dimitió en 2009. Entonces, Fernández Sanz ha tratado de dirigirse a una de ellas y tras esto se han producido discrepancias entre los tres, sin que el asunto llegara a mayores.
Junto a éste estaban encausados el exalcalde Pedro Cabanillas, actualmente edil no adscrito junto a Fernández Sanz, la actual concejal María Dolores Dobaño y los exediles María Antonia López e Ignacio Pérez, quienes han reconocido igualmente los hechos y asumido su responsabilidad.
La vista por los hechos estaba previsto que se celebrara desde este martes hasta este viernes en la sección Segunda de la Audiencia Provincial de Granada, sin embargo se ha producido un acuerdo entre todas las partes que los acusados han asumido.
Así, Ignacio Fernández Sanz, alcalde en el momento de lo ocurrido, ha sido condenado a 9 años de inhabilitación como autor de un delito de prevaricación urbanística y a otros 7 años de inhabilitación como autor de un delito de prevaricación ordinaria. Además, también ha sido condenado a una multa de 18 meses y un día a 8 euros por día, lo que supone una cuantía total de 4.328 euros.
Su sucesor en el cargo, concejal entonces en el momento de lo ocurrido, Pedro Cabanillas, ha sido condenado a 7 años de inhabilitación y a una multa de 18 meses y un día a 6 euros por día (3.246 euros). La misma condena ha recaído sobre el exedil Ignacio Pérez Cabrera, mientras que la actual concejal María Dolores Dobaño y la exedil María Antonia López han sido condenadas a dos años de inhabilitación y una multa de 2.705 euros.
El juez, que ahora debe dictar sentencia en base al acuerdo alcanzado por las partes, ha declarado la nulidad de los actos prevaricados así como la resolución de la Alcaldía sobre el asunto. Los acusados ya no pueden recurrir la causa.
Por este asunto, la Fiscalía Provincial pedía para Cabanillas dos años de cárcel y 18 de inhabilitación especial para empleo o cargo público, unas penas que el Ministerio Público también solicitaba para los otros ediles, que suscribieron como miembros de la Junta de Gobierno local la operación. El fiscal elevaba además las penas para al exalcalde del municipio y actual edil del grupo no adscritos Ignacio Fernández-Sanz al que acusa además de un tercer delito de prevaricación ordinaria continuada, por lo que se enfrentaba a 28 años de inhabilitación y dos años de prisión.
Julio de 2007
Los hechos se remontan al 23 de julio de 2007, cuando Fernández-Sanz y el resto de miembros de la Junta de Gobierno local adoptaron “unánimemente” un acuerdo relativo a la concesión de licencia de ocupación para cuatro viviendas de una urbanización en el Plan Parcial Sector 5 de desarrollo de las Normas Subsidiarias, “conscientes, no obstante, de que este proceder era contrario” a la normativa urbanística vigente, puesto que se prohíbe expresamente que se otorgue “sin la previa finalización de las obras”, según consta en el escrito de acusación provisional de la Fiscalía.
Este extremo, según el fiscal, “les había sido advertido por parte de la técnico municipal” en un informe del 18 de julio de 2007 a los concejales y al alcalde, que además, “prescindieron del preceptivo informe jurídico sobre adecuación del acto a la legalidad”, pese a que la “omisión” también fue advertida por el secretario.
Del mismo modo, el 1 de octubre de 2007, la Junta de Gobierno Local “también de forma unánime” votó favorablemente la adopción de tres acuerdos por los que se concedía licencia de ocupación para 46 viviendas en la misma urbanización y “con idénticas infracciones legales”, puesto que no estaban terminadas y las obras no habían sido aún recepcionadas por el Ayuntamiento, se actuó en contra del criterio de la técnico municipal y se prescindió del preceptivo informe jurídico.
La concesionaria de la obra pública de urbanización pidió al Ayuntamiento su recepción parcial, pero el arquitecto técnico municipal emitió un informe desfavorable que alertaba de “importantes defectos y omisiones”, entre otros aspectos. No obstante, pese a este informe, la Junta de Gobierno, ya el 29 de octubre de 2007, y nuevamente con el voto unánime de todos sus miembros, acordó la recepción de las obras “sin ninguna referencia a su carácter parcial”, condicionándola a que se subsanaran las deficiencias en el plazo de 90 días.
La decisión de Fernández-Sanz
Al transcurrir tan sólo 15 días y en virtud de un escrito de la empresa en el que se afirmaba que las deficiencias habían sido corregidas, el alcalde de Otura tomó la decisión de poner fin al procedimiento, “cualquiera que fuese el estado de las obras de urbanización” y el 14 de noviembre ordenó a la técnico municipal que emitiera informe sobre la subsanación de las deficiencias.
Ésta, que constató que seguían sin presentarse documentos esenciales, volvió a informar en contra de la recepción, pues no se ajustaba a las fases del plan parcial y se incumplían algunas de las condiciones puestas por la Junta de Gobierno Local, pero, pese a esto, el alcalde, “llevado de la determinación de proceder a la recepción total y definitiva de las obras de urbanización aun prescindiendo de las normas y garantías legales aplicables”, dictó una resolución en la que dio por subsanadas los defectos y por cumplidas las condiciones señaladas. Ya el 20 de noviembre, a pesar de la nueva reticencia del técnico municipal, firmó el acta de recepción de la totalidad de las obras.
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