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Jueves, 16 de Agosto de 2018

Maracena

La exabogada de Juana Rivas dice que abandonó el caso porque sentía "injerencias y presiones"

Se ha acogido a su derecho a no declarar en calidad de testigo en base al secreto profesional en la causa abierta contra Francisca Granados

E.P. | 19 abril, 2018 | 19:00

La anterior abogada de Juana Rivas, María Castillo Pozo, se ha acogido a su derecho a no declarar en calidad de testigo en base al secreto profesional en la causa abierta contra la asesora jurídica del Centro de la Mujer de Maracena, Francisca Granados, por presunto intrusismo profesional, aunque sí ha dicho ante la jueza que abandonó el caso porque sentía “injerencias y presiones”.

La abogada ha sido citada este jueves en el Juzgado de Instrucción número 3 de Granada por este asunto, pero se ha negado a contestar a las preguntas de las partes acogiéndose al secreto profesional. Ha señalado únicamente que sintió presiones, pero sin detallar en qué consistieron ni quiénes la ejercieron, según han informado fuentes del caso.

A la vista de esta declaración, la defensa de Francisca Granados, que está siendo defendida por el despacho Aránguez Abogados, ha vuelto a solicitar el sobreseimiento de la causa, sobre lo que ahora deberá pronunciarse el juzgado.

Las actuaciones se han iniciado a raíz de una querella del Colegio de Abogados de Granada y en ella se investiga si Granados se excedió en sus funciones como asesora de Juana Rivas, desempeñando otras que sólo puede ejercer un abogado.

Granados declaró el pasado 7 de marzo en el juzgado por este asunto y, en posteriores declaraciones a los medios, negó haber cometido cualquier tipo de intrusismo profesional. Opinó que la querella que el Colegio de Abogados de Granada ha presentado contra ella está “instrumentalizada” para “ir en contra de la igualdad entre hombres y mujeres”.

Por su parte, el decano del Colegio de Abogados de Granada, Eduardo Torres, enmarcó la querella en “la defensa de la profesión frente a quien no tiene los requisitos legales para ejercerla”. Defendió la labor que desempeñan los centros de la mujer, pero incidió en que si en ellos se ofrece asesoramiento jurídico “tienen que contratar abogados” y no personas que no lo sean, pues la Ley Orgánica del Poder Judicial, entre otras, recoge que “es una función exclusiva” de los letrados.

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