jueves 28 marzo
TRIBUNALES  |   | E.P.

Piden hasta cinco años de prisión para 14 acusados de defraudar prestaciones a la Seguridad Social

Se pusieron de acuerdo para "simular relaciones laborales inexistentes" y entre algunos de ellos existen "fuertes lazos familiares", al estar casados, ser hermanos o padres e hijos

La Fiscalía de Granada solicita penas de hasta cinco años de prisión para 14 acusados de defraudar al Servicio Público de Empleo y a la Seguridad Social con contratos de trabajo falsos creados, en su mayoría, en empresas sin actividad económica para obtener prestaciones por desempleo o por baja laboral a cuenta de una enfermedad.

Según consta en el escrito de acusación provisional del Ministerio Público, los acusados se pusieron de acuerdo para "simular relaciones laborales inexistentes" y entre algunos de ellos existen "fuertes lazos familiares", al estar casados, ser hermanos o padres e hijos.

De hecho, uno de los acusados ha ocupado cargos de dirección o representación en todas las empresas vinculadas a este supuesto fraude, a excepción de una en la que fue trabajador.

Detalla el fiscal que algunos de los trabajadores tienen domicilios en ciudades distintas y lejanas a las de la sede de la empresa o coincidente con ella. Además, la única documentación hallada sobre las compañías es aquella que obra en los archivos de las administraciones públicas y se refiere a su creación, pero por lo general no reflejan actividad comercial.

Ninguna de ellas tenía la autorización que habilita para la realización de trámites con la Tesorería de la Seguridad Social y en la mayoría de los casos no consta el pago del impuesto de sociedades. Las que declararon sus movimientos reflejaban una actividad "tan escasa que es difícilmente conciliable con la propia supervivencia de la empresa".

Para conseguir las prestaciones, relata el fiscal, se daba de alta al supuesto trabajador en la Seguridad Social mediante un contrato simulado entre los acusados que actuaban como empleados y los que lo hacían como empresarios, que posteriormente los registraban en el INEM.

Esto ponía en marcha el mecanismo de protección del trabajador al comenzar la cotización que da derecho por ejemplo a la prestación por desempleo, si cesa la relación laboral.

El Ministerio Público estima que el beneficio obtenido por este fraude puede rondar los 100.000 euros y atribuye a los acusados varios delitos de falsedad en documento oficial, estafa y fraude de prestaciones en la Seguridad Social por los que pide penas de entre un año y medio y cinco años de prisión; así como multas de hasta 3.000 euros.

El juicio está previsto que se celebre entre el 9 y el 11 de octubre en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada.

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