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Martes, 23 de Octubre de 2018

Maracena

La Fiscalía solicita cinco años de prisión para Juana Rivas por sustracción de menores

También pide la inhabilitación especial para la madre de Maracena para ejercer el derecho de patria potestad sobre los niños durante seis años, además del pago de las costas

E.P. | 12 enero, 2018 | 13:42

La Fiscalía de Granada ha solicitado la pena de cinco años de prisión para Juana Rivas por presunta sustracción de menores en la causa abierta contra ella después de que permaneciera casi un mes ilocalizable con sus dos hijos incumpliendo la orden judicial que le obligaba a entregárselos al padre, el italiano Francesco Arcuri.

El fiscal acusa a Juana Rivas de dos delitos de sustracción de menores y también pide la inhabilitación especial para esta madre de Maracena para ejercer el derecho de patria potestad sobre los niños por un plazo de seis años, según consta en el escrito de acusación provisional presentado ante el Juzgado de Instrucción 2 de Granada, que ha investigado el asunto.

En el escrito, el fiscal Juan Miguel Ossorio Carmona relata que Juana Rivas salió de Italia el 18 de mayo de 2016 con sus hijos, que en la actualidad tienen once y tres años, transmitiendo al padre que su intención era visitar a sus familiares en España y luego regresar.

Arcuri “no mostró oposición a ello, ajeno a la verdadera intención de la acusada”, que según el fiscal no era otra que la de “ocultarse” con sus hijos en Granada “cercenando cualquier tipo de contacto con su padre” y cambiar el lugar de residencia de los menores empleando “vías ajenas al procedimiento legalmente establecido”. Todo ello, agrega el fiscal, sin que existiera “causa alguna que lo justificara”.

El 2 de agosto de 2016, Juana Rivas contactó con Arcuri para trasladarle su negativa a regresar con los menores a Italia, “permaneciendo desde entonces oculta con ellos en un lugar indeterminado” pese a ser “consciente” de su “obligación” de entregarlos.

El fiscal señala en su escrito las cinco instancias judiciales que a lo largo de nueve meses le han requerido a través de resoluciones judiciales la obligación de devolver a los niños a Italia, donde tienen fijada su residencia habitual y están escolarizados.

La primera resolución de restitución de los menores fue dictada el 14 de diciembre de 2016 por el Juzgado de Primera Instancia 3 de Granada a demanda de la Abogacía del Estado por sustracción internacional de un menor; el 21 de abril 2017 por la Sección Quinta de la Audiencia Provincial y el 11 de julio por el Juzgado de Primera Instancia 3.

De nuevo se reitera con una providencia esta última instancia el 24 de julio y finalmente el 9 de agosto se vuelve a pronunciar en el mismo sentido de restitución de los menores la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Granada.

A juicio del fiscal, Juana Rivas “consciente” de estas resoluciones judiciales, con ilícito ánimo de incumplirlas, permaneció oculta con sus hijos en un lugar indeterminado sin facilitar su paradero y “a sabiendas de la obligación que pesaba sobre ella de restituirlos”.

Finalmente, el 28 de agosto de 2017 compareció en dependencias de la Unidad Orgánica de la Guardia Civil entregando a los niños. Antes, cuando llegó a España, Juana Rivas escolarizó a los niños en sendos centros de su municipio de residencia, Maracena (Granada).

El Ministerio Público considera que estos hechos son constitutivos de dos presuntos delitos de sustracción de menores, por cada uno de los cuales solicita dos años y seis meses de prisión para la madre, lo que suman un total de cinco años. A lo que suma seis años de inhabilitación especial para ejercer el derecho de patria potestad sobre los niños y el pago de las costas.

De cara a la celebración del juicio, el fiscal solicita las declaraciones de la acusada y de su expareja, Franceso Arcuri; así como de varios miembros de la Guardia Civil vinculados al caso y de una psicóloga del equipo psicosocial de la Delegación del Gobierno en Granada que ha elaborado informes aportados a la causa.

Juana Rivas siempre ha alegado que se fue con sus hijos del domicilio familiar de Carloforte (Italia) para huir de una supuesta situación de maltrato por parte de la que entonces era su pareja que se habría prolongado entre junio de 2013 y mayo de 2016.

Su expareja fue condenado en 2009 por lesiones en el ámbito familiar, una sentencia que se dictó por conformidad de las partes, y posteriormente volvió a ser denunciado por Juana Rivas.

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer 2 de Granada rechazó la apertura de las diligencias por supuestos malos tratos contra él al entender que los hechos denunciados ocurrieron presuntamente en Italia y que por tanto la jurisdicción competente es la italiana, adonde se remitió en su momento por petición de la Fiscalía la denuncia que Juana puso en Granada al respecto.

La decisión del Juzgado de Violencia fue respaldada por la Audiencia Provincial de Granada, que consideró el pasado noviembre “absolutamente inasumible” una doble investigación “por dos Estados soberanos en el ámbito de la Comunidad Europea, de unos mismos hechos, contraviniendo Tratados internacionales sobre la materia”.

El Juzgado de Instrucción 2 de Granada llegó a investigar a los familiares de Juana Rivas, así como a su asesora jurídica y a su psicóloga en el Centro Municipal de Maracena para averiguar su presunta vinculación con la sustracción de los menores, aunque la causa se archivó finalmente para todos ellos, quedando únicamente ella implicada.

De forma paralela a este proceso, el Tribunal de Cagliari tiene abierto un procedimiento civil para decidir sobre la guarda y custodia de los menores, que en la actualidad residen con el padre en Carloforte.

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