Vecinos de Santa Clara en Otura crean una asociación ante la "pasividad" del Gobierno local
Ciudadanos censura que en la zona haya 200 familias viviendo con su "oportuna licencia de primera ocupación y toda la documentación"
Los vecinos afectados de Santa Clara en Otura han constituido una asociación para defender y proteger sus derechos ante la "pasividad" del equipo de Gobierno local, al tiempo que han anunciado que no descartan querellarse contra el alcalde y su Junta de Gobierno si no responde a sus requerimientos.
Así lo ha asegurado la portavoz del grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Otura, María Jesús Aguilera, quien ha criticado en un comunicado la actitud que desde hace dos años mantiene el alcalde del municipio con los vecinos afectados de Santa Clara.
Según ha explicado Aguilera, el Ayuntamiento de Otura está rechazando la concesión de licencias en Santa Clara por no estar recepcionada la urbanización, aunque "la realidad es que actualmente hay más de 200 familias viviendo allí con su oportuna licencia de primera ocupación y toda la documentación en regla y hay residentes a los que se les deniega cuando el propio Ayuntamiento les permitió construir".
“Santa Clara es la urbanización más grande de Granada y está sujeta a la polémica desde sus inicios, ya que para garantizar la obra se asentó una afección urbanística sobre cada parcela, de tal suerte que en caso de inconclusión de la urbanización por la promotora, subsidiariamente el Ayuntamiento obligaría a los residentes y dueños de parcelas a pagar de su propio bolsillo los costes de finalización de los trabajos, cuando éstos debían haberlos terminado la empresa”, ha añadido Aguilera.
La edil también ha apuntado que a los afectados que les parece “insólito” que el Ayuntamiento les diga que no se puede construir ni dar licencias de primera ocupación por no estar recepcionada la urbanización cuando hay más de 200 viviendas que cuentan con sus licencias desde hace años.
De este modo, ha exigido que el alcalde explique a qué obedece "esta contradicción" y le ha pedido que aclare si ha reclamado alguna vez a la promotora la subsanación de las deficiencias para poder recepcionarla, "tal y como está obligado a hacer".
"Los vecinos entienden esta falta de respuesta como una negativa, algo que supondría de facto la inhibición por el alcalde y su junta de gobierno de su obligación legal de requerir a la empresa que acabe las obras", ha incidido.
En este contexto, ha continuado Aguilera, existen situaciones "más graves", como es el caso de algunas familias que se van a quedar sin luz ni agua porque les "caducan en breve" las concesiones temporales de suministro y que, además, tampoco pueden inscribir sus casas en el registro de la propiedad a causa de esta situación de alegalidad.
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