Contra la lacra brutal de la violencia de género
La conmemoración el próximo sábado 25 del Día Internacional contra la Violencia de Género trae de nuevo la oportunidad de reflexionar y, sobre todo, de actuar frente a tan enorme e inconcebible lacra social. Una lacra que no sólo refleja, sino que realimenta la desigualdad en la que todavía se hallan las mujeres en el seno de nuestras paradójicamente avanzadas sociedades democráticas. Resulta escandaloso que en pleno siglo XXI se sigan produciendo continuas y gravísimas agresiones a las mujeres, y en muchos casos la muerte, llevadas a cabo por varones en el marco de un entramado social que no reacciona con la suficiente eficacia, pese a disponer de un ordenamiento provisto de numerosas medidas jurídicas, pero que son todavía deficitarias, como por desgracia puede objetivamente advertirse casi a diario.
Desde el último tercio del pasado siglo se han venido incrementando en el plano internacional las iniciativas y los instrumentos normativos para combatir la violencia machista. Baste citar, a modo de ejemplos, la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (1978), la Declaración de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre Eliminación de la Violencia contra la Mujer de 1993, la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing en 1995 y las acciones a las que dio lugar, o, entre otras, la Resolución del Parlamento europeo B4-0233/99 sobre la violencia contra las mujeres y el programa DAPHNE.
En España hay que partir para abordar esta cuestión del reconocimiento de la dignidad de la persona y del libre desarrollo de la personalidad como fundamentos de los demás derechos y libertades (art. 10.1CE); dignidad que supone la protección de un mínimum invulnerable que se proyecta especialmente sobre la igualdad, el derecho a la vida y a la integridad física y moral y a no sufrir tratos inhumanos o degradantes, el derecho a la libertad y a la seguridad, el derecho al honor y a la intimidad personal y la inviolabilidad del domicilio.
Serían muchas y muy variadas las normas tanto de orden civil, administrativo, social y penal que podrían ser mencionadas, por su pertinencia o como expresión de las realizaciones de conjunto del Estado social y democrático de Derecho en esta materia, así como las nuevas medidas - y su valoración- que se han puesto recientemente en práctica en el ámbito autonómico, especialmente en los últimos años tras los esfuerzos y el impulso de organismos y colectivos empeñados en la promoción y defensa de los derechos de las mujeres. Entre ellas cabe mencionar en especial la LO 1/2004, de medidas de protección integral contra la Violencia de Género, concebida e impulsada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero; las sucesivas modificaciones del Código Penal y la acertada jurisprudencia del Tribunal Constitucional al respecto; y, más recientemente, el Pacto de Estado que ha salido adelante en el Congreso de los Diputados promovido de manera especialmente intensa por el Grupo parlamentario socialista.
En Andalucía adquieren particular relieve la Ley 13/2007 de Medidas de Prevención y Protección Integral contra la Violencia de Género y los Decretos 67/2008, de 26 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita, y 298/2010, de 25 de mayo, por el que se crea el Observatorio Andaluz de la Violencia de Género y se regula su composición y funcionamiento, además de numerosas órdenes que desarrollan y regulan aspectos más concretos de actuación.
Es inexcusable que sigamos avanzando. Para ello hay que dotar suficientemente las partidas presupuestarias que garanticen las políticas de igualdad y, en particular, la aplicación efectiva de las numerosas medidas contempladas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Estas medidas políticas e institucionales son fundamentales y absolutamente necesarias para contribuir a la progresiva erradicación de esta tremenda lacra social que contradice y excepciona los logros de nuestra civilización, basada en el reconocimiento y la protección de los derechos humanos. Por esta razón, hoy mismo, cuando escribo estas líneas, los socialistas presentamos en el Pleno del Congreso de los Diputados una Proposición no de Ley para que el Gobierno apruebe por Decreto-Ley, en caso de prórroga presupuestaria, el incremento de al menos 200 millones de euros, para dar cumplimiento a los acuerdos presupuestarios del mencionado Pacto.
Pero lo que continúa siendo más importante y urgente, como siempre, es generar día a día, en todos los instantes y situaciones, concienciación ciudadana de rechazo y tolerancia cero frente a estos arraigados fenómenos criminales. Porque se trata de comportamientos violentos que siguen encontrando cobijo en ciertas pautas culturales desvalorizadoras de la mujer, todavía desgraciadamente presentes en nuestras sociedades por la pervivencia de ciertas tradiciones, algunos contenidos (des) educadores y determinados valores tradicionales mal entendidos. La educación sigue siendo el instrumento sin duda más efectivo para contrarrestar y algún día conseguir que desaparezcan las actitudes sexistas hoy presentes en la sociedad, provocadas por una socialización diferenciada y estereotipada para hombres y mujeres. Por esta misma razón, introducir la perspectiva de género en el diseño, desarrollo, control y evaluación de las políticas públicas adquiere una fundamental importancia para conseguir la igualdad social en todos los ámbitos entre hombres y mujeres.
Sumémonos todos a esta fundamental causa con energía y esperanza, que bien lo merece, porque es una de las cuestiones centrales y de mayor potencial transformador en el presente momento de cambio y evolución de nuestras sociedades democráticas y, en particular, de nuestro sistema de valores y de convivencia.
Gregorio Cámara Villar
Diputado socialista del Congreso por Granada
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