Democracia cuestionada
Desde su apertura mediante la resolución del Parlament de Cataluña 1/XI, de 9 de noviembre de 2015, el llamado 'procés' se ha venido materializando abiertamente contra el orden constitucional y estatutario, situándose por completo al margen del Derecho y de las más elementales reglas del constitucionalismo.
Pretendiendo ampararse en la falsa proclama de haber recibido un “mandato” ineludible (mayoría absoluta de escaños, pero no de votos, en las llamadas elecciones “plebiscitarias” del 27-S) el Govern y la amalgamada mayoría parlamentaria independentista han perpetrado una gravísima insurgencia conducente a una anunciada declaración unilateral de independencia, reiterada una y otra vez, pero ahora sin nombrarla ante el reciente requerimiento del Presidente del Gobierno para la aplicación, en su caso, del artículo 155 de la Constitución. Los acontecimientos de comienzos del pasado septiembre al aprobar las sedicientes leyes de referéndum y de transitoriedad jurídica, vulnerando las normas estatutarias y constitucionales, así como el Reglamento del Parlamento y los derechos de los parlamentarios de las minorías, ya confirmaron de pleno lo que muchos analistas han calificado, con razón, de “golpe ” a la democracia española.
La celebración el pasado 1 de octubre de un pseudoreferéndum ilegal, desobedeciendo lo resuelto por el Tribunal Constitucional y las decisiones de los jueces competentes, ha llevado la insurgencia a su punto álgido, involucrando masivamente a buena parte de la ciudadanía de Cataluña, enfrentándola con el Estado con un demagógico relato basado en el llamado “derecho a decidir”, una idea talismán que, en la fuerza de su simpleza naif, esconde un inexistente derecho a la autodeterminación, sin amparo ni en el derecho interno ni en el internacional. El derecho a la secesión no se reconoce en los Estados compuestos, que normalmente, al contrario, consagran la unidad de la federación y la protección de la integridad territorial del Estado, por lo que aquél solo existe, por razones explicables, en muy pocos países, como Etiopia, Uzbekistán y las islas caribeñas de Saint Kitts and Nevis.
Quede claro que el derecho internacional tampoco procura legitimidad ni justificación alguna al derecho a la autodeterminación de territorios como Cataluña, toda vez que solo estaría justificado en un contexto colonial, en la existencia de opresión u ocupación militar extranjera, o de una situación de violación sistemática de derechos humanos. Nada que pueda decirse de una Comunidad autónoma con un altísimo nivel de autogobierno en uno de los Estados más democráticos, más garantistas de los derechos y más descentralizados del mundo, como es España. De otro lado, la Constitución española no contiene ninguna cláusula de intangibilidad y puede por tanto ser reformada en cualquiera de sus elementos mediante los procedimientos de reforma establecidos en su Título X, teniendo los parlamentos de las Comunidades Autónomas legitimación para efectuar las correspondientes propuestas. Nada ha hecho en este sentido el Parlament de Cataluña.
Pese a todo, el Govern y la mayoría parlamentaria independentista persisten en imponer la secesión por la vía de los hechos mediante una serie de actos contrarios a la Constitución, a la ley y a su propio Estatuto, incluso desoyendo las advertencias de su propio Consell de Garanties Estatutàries y de los mismos letrados del Parlament, orillando por demás los códigos de buenas prácticas democráticas en materia de referéndum aquilatados por la Comisión de Venecia, del Consejo de Europa. Lo hace pretendiendo, en definitiva, que una minoría radicalizada por una élite política de una parte de España, frente a más de la mitad de la ciudadanía, sin respetar el Estado de derecho y con técnicas de golpe continuado que se pretenden recubrir con falsas apelaciones democráticas, decida unilateralmente e imponiéndose al conjunto del pueblo español sobre algo tan grave e irreversible como romper un país con más de quinientos años de historia para levantar nuevos muros en el corazón de Europa. Precisamente en uno de sus Estados compuestos más adelantados en democracia y autogobierno, creando un precedente que acabaría siendo letal para el mismo proceso de construcción Europea.
El aparato de propaganda del secesionismo está trabajando a pleno rendimiento, con mensajes simples y que pueden resultar atractivos pero que esconden grandes y descaradas mentiras, como que España es un Estado autoritario y represor. Se envuelven falsamente con el celofán de las apelaciones al diálogo, pero rechazan cualquier opción que no lleve a la independencia. Falsean sin rubor la historia y, además, se emplean a fondo, machaconamente, con toda la panoplia de cuentos y cuentas de la independencia que tan documentada y certeramente han desmontado Josep Borrell y Joan Llorach en un libro de lectura obligada y de este mismo título. Esto es muy peligroso si no se contrarresta adecuadamente, porque la propaganda va dirigida fundamentalmente al ámbito internacional, donde no se conoce bien la realidad tan compleja de España.
Se empobrece Cataluña y se empobrece España en todos los órdenes con esta locura. Se puede ser independentista de convicción, pero para ser demócrata al mismo tiempo hay que actuar políticamente procurando cualquier objetivo pacíficamente, dentro del marco constitucional y respetando su propio Estatuto y las instituciones, no con el trágala que una minoría quiere imponer a una mayoría completamente al margen del Estado de derecho, vulnerando la legalidad, los derechos de los catalanes y los del conjunto de los españoles. La astucia y la propaganda que están empleando masivamente no deberían engañar a nadie. Lo que está en cuestión a estas alturas, ciertamente, es la democracia.
Gregorio Cámara Villar
Diputado Socialista del Congreso por Granada
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