¿Disolución?
La corrupción es un fenómeno que viene existiendo a lo largo de la historia, si bien es a partir del siglo XX cuando aparece vinculada al proceso de liberalización económica, al desarrollo de las comunicaciones y de las tecnologías y a la existencia de movimientos ideológicos o sociales. Son personas que perteneciendo a la estructura de esas organizaciones ocupan puestos claves en las mismas y las utilizan para desarrollar una determinada actividad delictiva. La finalidad no es otra que la obtención de lucro ilícito y cuentan con la protección de miembros dirigentes de aquellas estructuras asociativas que igualmente mantienen alianzas estratégicas con determinados sectores de poder.
La reforma del Código Penal habida recientemente obliga a una reinterpretación de los parámetros punitivos en cuanto que nos encontramos con un grupo de personas que ostentando cargos públicos se organizan no solo ya para obtener beneficio personal sino que también sirven a la finalidad de financiar ilícitamente a la organización a la que pertenecen, lo que atenta directamente al derecho de asociación que se consuma cuando se busca precisamente la finalidad delictiva y aunque la financiación electoral de un partido no constituye en sí un delito el grupo que se organiza comete actos delictivos con tal propósito, ya ocurrió con los casos Filesa, Malesa y Time Export SA cuyo objetivo era obtener recursos económicos para financiar los gastos electorales de un partido político (PSOE) a través de sociedades formalmente mercantiles en las que predominan las relaciones personales sobre las meramente patrimoniales.
Parece que aquella experiencia no fue suficiente y de nuevo nos azotan casos de financiación ilegal. Ahí está presente el caso Gürtel que no es otra cosa que una trama tentacular organizada que ha permitido la apropiación de caudales públicos a través de métodos ilícitos de los que presuntamente ha participado la organización (PP) a título lucrativo.
La sentencia Fitur (amaño de contratos públicos) varios empresarios han aceptado que financiaron ilegalmente al PP, lo que evidencia una realidad brutal de cómo la corrupción está instalada en el quehacer “político” de esas asociaciones cuyas cúpulas políticas lejos de actuar con rigor y contundencia funcionan como balón de oxigeno encubridor ante ilícitos tan graves como el delito electoral y la falsedad a través de Orange Market.
La financiación ilegal también proviene de las "mordidas", que son aportaciones económicas al partido (CiU) a cambio de concesiones de servicios y/o obras públicas a determinadas empresas, que luego aplican sobrecostes para compensar esos aportes.
En Granada, la Fiscalía ha presentado querella criminal contra la que fue directora del Patronato de la Alhambra y el Generalife, tres cargos más del organismo gestor del monumento y dos empresarios por presuntas irregularidades en el proceso de adjudicación del servicio de alquiler de audio guías a amigos y conocidos en una trama de favores desde la dirección del Patronato. Luego está el caso Nazarí, que se ha llevado por delante un alcalde (PP) que otorgó a una promotora la licencia de primera ocupación de unas viviendas sin estar finalizado todo el proyecto de urbanización en la zona. Lo sustituye otro alcalde (PSOE) este imputado por la contratación de particulares para inspeccionar cursos de formación, función que no está entre sus competencias.
En definitiva, la corrupción política parece que es una consecuencia del poder donde las personas que ocupan cargos cambian su forma de pensar y de actuar sobrestimando su capacidad de impunidad para emplear el poder en provecho propio, lo que hay que decidir, por tanto, es si el Estado de Derecho debe plantearse si probada la estructura criminal la consecuencia no debe ser solo la condena de las personas culpables, sino también la disolución de esa forma de asociación política con apariencia de legalidad pero que integra distintas formas para delinquir con habitualidad.
Salvador Soler García
Colaborador de Ahora Sí
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