El negocio del agua (I)
Los servicios públicos se han convertido para las grandes corporaciones en uno de los nichos de negocio más apetecibles para la obtención de beneficios. Hoy por hoy constituyen para ellas un objetivo de primer nivel. Dos son los instrumentos a través de los cuales acceden a este negocio. Por un lado su enorme capacidad financiera y por otro el acceso a los gestores públicos responsables de tales servicios.
La formidable concentración de capital financiero que se ha ido configurando en los últimos años, bien en propiedad o bien como gestores, les da un margen de actuación impresionante, a veces incluso por encima de las propias administraciones y poderes públicos.
Sus vínculos con los partidos políticos gestores de los servicios públicos los obtienen a través de los intermediarios o “conseguidores” que hacen de “abrelatas” para el acceso a los contratos públicos en condiciones ventajosas.
Previamente, durante decenios, se ha hecho un trabajo de preparación del terreno para hacer más asumible por parte de los ciudadanos que los servicios públicos sean gestionados por corporaciones y capital privado. Los medios de comunicación, controlados o influidos precisamente por esos mismos poderes económicos, o los supuestos gurús de la economía, nos han venido martilleando durante los últimos 40 años con las excelencias y ventajas de la gestión privada sobre lo público.
Incluso para darle mayor credibilidad han pretendido colar estas ideas bajo el manto de la ciencia económica. A pesar de que en buena parte solo son propuestas ideológicas de corte neoliberal. No caben demasiadas dudas de que muchos de los argumentos que nos han pretendido imponer como supuestas leyes económicas inexorables no dejan de ser otra cosa más que subterfugios ideológicos, enmascaradores de la realidad, que solo intentan hacernos ver como inevitable o idóneo lo que únicamente esconde intereses particulares y el objetivo del enriquecimiento de unos pocos.
Tal ha sido el trabajo ideológico y de conformación de la opinión pública que, durante mucho tiempo y por buena parte de la mayoría social, se ha asumido esta idea de forma acrítica, lo que ha permitido y facilitado que por los gestores públicos se procediera, sin demasiada oposición ciudadana, a la continua y sistemática privatización de lo público.
El clima previo favoreció la transacción, el flujo de lo público a lo privado y, por tanto, el negocio. Su continuidad en el tiempo ha ido contribuyendo a la cada vez mayor acumulación de capital y poder en cada vez menor número de grandes corporaciones.
Por otro lado el funcionamiento de todo este sistema se ha venido engrasando sobre un aumento exponencial de la corrupción y la connivencia delictiva entre gestores públicos e intereses privados.
Ha sido precisamente el descubrimiento público de esta realidad, así como de que bajo la falacia de la superioridad de la gestión privada sobre la pública lo que se ha venido escondiendo ha sido un continuo transvase de riqueza desde una mayoría social cada vez más empobrecida hacia una minoría potentada cada vez más rica, lo que está contribuyendo a invertir la tendencia.
Las noticias sobre despilfarros y corrupción inundan los telediarios y salpican a la práctica totalidad del espectro de los partidos políticos que han marcado la historia reciente. Se extiende por casi todos los niveles de la actividad pública, tanto obras e infraestructuras como servicios públicos, y alcanza a los tres niveles de las administraciones, estatal, autonómica o local. Salvando naturalmente las excepciones.
Uno de los servicios públicos sobre los que más claramente ha presionado y sigue presionando este sistema es el del ciclo integral del agua (suministro, saneamiento y vertido/depuración). Y los mecanismos y la forma en que opera presentan una serie de especificidades, poco conocidas pero muy vigorosas, a la hora de asegurar el negocio. Sobre ellas hablaremos en próximas entregas.ç
Miguel Martín Velázquez
Colaborador de Ahora Sí
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