martes 23 abril
Opinión  |   |

El PP de Víznar y las instituciones heredadas

Voy a comenzar este artículo con una rocambolesca historia que parecería sacada de una comedia española pero que por desgracia es real. De hecho, se trata de una noticia que adelantó este medio, Ahora Granada. Hace escasos días el presidente del PP de Víznar se vio obligado a dimitir tras ser condenado por falsedad documental a ocho meses de prisión, inhabilitación y multa que superaba los 1.400 euros.

El origen de esta causa se encuentra en la falsificación de un sello de la Junta de Andalucía en la venta de una vivienda en agosto de 2008 por parte de Antonio Gómez, que posteriormente fue presidente local del PP.

El propio Ayuntamiento, presidido por IU, abrió en su momento expediente sancionador contra la madre del acusado, motivado por la no presentación de declaración de la compraventa de un inmueble y a la que se acompañaba la supuesta de liquidación. El hijo, Antonio Gómez, registró en el Ayuntamiento, el 17 de mayo de 2013, recurso de reposición al que acompañaba un documento que habría presentado ante la Consejería de Justicia y Administración Publica el 22 de agosto de 2008, por el que ha sido condenado por falsedad documental.

En su “defensa” argumentaba una historia descabellada por la cual, Antonio Gómez, registra el documento original en el Ayuntamiento pero que éste pudo verse modificado por los funcionarios del consistorio, declaración que el juez no dio la más mínima veracidad.

Por desgracia no supone un hecho aislado. En esta ocasión la Administración funcionó con eficacia, celeridad, contundencia y responsabilidad, pero queda de fondo que determinados representantes de partidos políticos del bipartidismo entienden que las Instituciones son un chiste y que están a su antojo.

En esta línea, podemos resaltar un hecho ocurrido en Láchar hace unos años con el gobierno del PSOE, en esta ocasión fue la propia Institución la que actuó de forma torticera, cuando el exalcalde de la localidad modificó el recorrido de una carretera, con la complacencia de Diputación, para favorecer un negocio de un familiar directo que no contaba con los permisos prescriptivos de la Junta de Andalucía que era la competente en la materia.

En este sentido se podrían poner un sinfín de ejemplos, de menosprecio hacia las Instituciones que suponen un atentado a la democracia, y que son el caldo de cultivo perfecto para la desafección ciudadana hacia la Administración local.

La arquitectura de las Instituciones no son imparciales, esto es, el diseño que tienen las Instituciones están orientadas para un determinado tipo de políticas. Por poner un ejemplo, las Administraciones locales se les enfoca progresivamente hacia la pérdida de materia competencial y para dejar terreno libre a la actividad privada con poca regulación. Dicho de otro modo, se han llevado a cabo medidas concretas que hacen de los servicios municipales “objeto de negocio”.

Antonio Maíllo, coordinador andaluz de IU, advertía recientemente que los grandes empresarios que invirtieron en el ladrillo ahora están poniendo el ojo en los servicios municipales. Estas orientaciones no determinan las políticas, pero favorecen unos usos y perjudica otros. Es decir, para poner en marcha una política transformadora en un municipio, ese alcalde y ese equipo de gobierno se encontrará con un sinfín de trabas, en materia competencial, económicas, e incluso legislativas.

En cambio, si un alcalde pretende privatizar la gestión del agua durante 50 años se encontrará todo el camino allanado. Si un alcalde quiere privatizar el servicio de recogida de basura no tendrá ningún problema, pero si lo que pretende es remunicipalizar el servicio, la cuestión no será tan fácil.

Estas son las Instituciones que nos encontramos. Unas Instituciones que el bipartidismo entiende que le corresponden por una especie de derecho natural y que cuando gobiernan partidos ajenos al bipartidismo y que intentan un cambio profundo en las políticas, se trate de IU o de candidaturas de unidad popular, sólo están de paso y es sólo cuestión de tiempo que éstas vuelvan a ser “propiedad” de PP o PSOE.

Con las mismas Instituciones se pueden hacer políticas distintas, pero encuentran mucha resistencia. Por ello, hay que transformar la propia Institución, no es suficiente con las predeterminadas, hay que desbordar la maltrecha democracia municipal.

Afortunadamente hay un intento de gobiernos municipales que pretenden ir más allá de los límites establecidos. Láchar ha creado Consejos Ciudadanos donde los vecinos pueden participar y decidir políticas en diversas materias y se ha creado un Comité de Trabajadores para que sean los propios trabajadores los que velen por el cumplimiento de las bolsas de empleo. En Peligros se llevan años realizando presupuestos participativos y llevando la participación ciudadana hasta los más jóvenes, Moraleda de Zafayona, va a realizar en escasamente un mes, un referéndum para que la ciudadanía decida el futuro del campo de fútbol. Son sólo algunos ejemplos que pretenden institucionalizar prácticas abiertas y participativas en los municipios que desbordan los cauces predeterminados. Son sólo algunos ejemplos pero existen muchos más oasis en un desolado desierto aunque aún sean insuficientes.

Quien entiende que las Administraciones son un “circo” donde cualquiera las puede “engañar” registrando un documento falso, o el que se aprovecha de ellas para favorecer a un familiar directo es realmente el que se comporta como un antisistema. En cambio, estos antidemócratas lo tenían medianamente cómodo para actuar a sus anchas, mientras los representantes que luchan por construir en sus pueblos un futuro mejor deben sortear un campo de minas.

Este artículo va dedicado a todos esos soñadores que aunque a veces les llamen “tontos” o “locos”, con su ejemplo construyen o intentan construir un mundo mejor. Seamos realistas y hagamos lo imposible.

Toni Álvarez
Politólogo, Coordinador de IU Láchar-Peñuelas y miembro de la dirección provincial de IU en Granada

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