La Administración que nos viene
El 1 de octubre de 2016 se aprobaba la Ley de Procedimiento Administrativo junto a su gemela Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas.
Estas dos normas que vienen a sustituir a la veterana 30/92, entre otras novedades imponen la obligatoriedad de hacer de nuestras administraciones públicas, una verdadera administración electrónica.
La teoría es perfecta. Será derecho de los ciudadanos elegir el medio por el cual relacionarse con la Administración (presencial o internet). Y elija cualquiera de ellos conservará las mismas capacidades en su relación con la Administración.
Todo un avance para los ciudadanos en una sociedad cada vez más habituada a realizar sus gestiones por medios telemáticos. Operaciones bancarias, compras e incluso relaciones personales.
La realidad llega con las excepciones. Aún hay una gran cantidad de ciudadanos que no usa internet o no es capaz de relacionarse a través de este medio con la Administración.
En principio esto no supone un problema pues como se ha dicho, relacionarse con la Administración por medios telemáticos, es un derecho y no una obligación. El problema principal se encuentra del otro lado. De la Administración o mejor dicho desde las pequeñas administraciones.
El Estado ha aprobado las leyes que suponen una revolución en todas las administraciones. Y es que las administraciones no pueden elegir. Ellas sí que se ven obligadas a tramitar todos sus expedientes de forma telemática. Con lo cual, desde ya, deben contar con los instrumentos y la formación adecuada, para dar satisfacción a este nuevo derecho otorgado a los ciudadanos por las nuevas leyes mencionadas.
Por si fuese poco, las administraciones solo pueden usar, desde ya, los medios telemáticos para relacionarse entre sí. Y ahí está la clave.
El Estado ha impuesto las obligaciones a las administraciones, pero no les ha dado las herramientas ni la formación adecuadas para conseguirlo.
Y ahora cada administración debe buscar la fórmula que mejor le convenga para lograr el objetivo impuesto legalmente.
Es evidente que el Estado o la Junta no van a tener demasiados problemas para cumplir la ley. Más complejo será cumplir para administraciones más pequeñas, sobre todo nuestros ayuntamientos.
Ahora cada consistorio debe buscar la herramienta adecuada (plataforma, programa o programas) para dar el servicio que se le exige legalmente. Pagarlo de sus propios recursos. Y formar en la materia a su personal, un personal que en numerosas ocasiones es reacio a este tipo de innovaciones, cuando no, directamente pone trabas a su cumplimiento.
Los requisitos no se acaban ahí. Se trata de encontrar una solución técnica que sea interoperable, es decir que haga compatible la plataforma o herramientas implantada por esa administración, con cada una de las demás administraciones. Con las dificultades que esto implica.
De una forma u otra se está "condenando" a las administraciones a confiar el cumplimiento de la ley a empresas privadas que han desarrollado soluciones para esta nueva necesidad creada. Echándose de menos un mayor respaldo de la Administración del Estado y la autonómica, a la hora de arrojar luz y soluciones en esta materia.
La obligación legal está ya encima de las cabezas de las administraciones públicas. Algunas, la minoría, han encontrado ya una solución. El resto aún deben determinar la forma en que van a cumplir con unas leyes que van a transformar para siempre, nuestra forma de entender la Administración.
En definitiva, todo un papelón el que tiene la Administración en general y los ayuntamientos en particular, para conseguir cumplir con la norma legal que les obliga a operar de forma electrónica cien por cien, y todo ello con una fecha marcada para su cumplimiento, el próximo 2 de octubre de 2018.
Como es de imaginar, en muchas de nuestras administraciones andan de cabeza pensando cual es la solución más idónea, barata y simple, para llegar al objetivo marcado.
Ya veremos si se cumplen los plazos.
Gustavo García
Historiador y escritor
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