viernes 29 marzo
Opinión  |   |

La reforma constitucional necesaria

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Escribo estas líneas en mi despacho del Congreso de los Diputados poco antes de asistir al Acto de conmemoración del 38 aniversario de la Constitución. Sigo albergando la esperanza de que en esta Legislatura podamos abrir lealmente una ventana a la posibilidad de su reforma, que ya considero impostergable.

No hay ninguna exageración en decir que nuestra norma fundamental nos ha proporcionado los mejores años de nuestra historia. Fruto de un amplio consenso, con ella construimos nuestra democracia, los fundamentos del Estado social, la garantía de nuestros derechos y libertades, y desarrollamos una profunda descentralización política en la órbita de atracción del federalismo a partir del reconocimiento de la rica diversidad de nuestro país. Todo ello se ha traducido durante muchos años en un incremento indiscutible del bienestar de los españoles y de la convivencia en paz, libertad y democracia, con independencia de los ya conocidos defectos y problemas que todo sistema político conlleva y acarrea, incluso el más democrático. Como dijera Carl J. Friedrich, la democracia se escribe siempre en prosa y no en verso.

Pese a ello, el pacto social y democrático sobre el que se asienta la Constitución de 1978 se ha visto profundamente dañado en los últimos años por la crisis económica, social, política, institucional y territorial que estamos viviendo desde mediados de la pasada década. Los continuos recortes en el ámbito social, la equivocada gestión de la crisis tanto por la UE como por el Gobierno de España basada en la austeridad a toda costa, el crecimiento exponencial de la desigualdad, el afloramiento de grandes episodios de corrupción, las limitaciones de la participación política y una calidad institucional escasa en determinados ámbitos, el reto independentista catalán, entre otros aspectos, explican este deterioro que se ha incrementado con el auge de un populismo inducido por los mencionados factores.

En particular, el modelo autonómico, que presenta notoriamente serias incoherencias y carencias en su estructura y que no está propiamente prefigurado en el Título VIII de la norma constitucional, ha dado además intensas señales de agotamiento en su funcionamiento, generándose una muy acusada conflictividad, sobre todo en determinados territorios. Ciertamente la situación de conflicto en Cataluña con la apertura de un proceso unilateral de carácter secesionista se ha convertido en un problema político de primera magnitud para nuestro sistema democrático.
Necesitamos reaccionar con prontitud y firmeza ante esta situación y abrir un proceso de reforma constitucional que actualice, mejore, revitalice y relegitime nuestra democracia y nuestro modelo territorial de Estado. Nuestro globalizado mundo, Europa y España han cambiado mucho durante estos últimos treinta y ocho años. Por eso lo más leal que hoy podemos hacer con nuestra Constitución es reformarla para que siga rigiendo desde sus principios y valores la vida española con el concurso de las nuevas generaciones. Todos debemos aplicarnos a encontrar fórmulas de consenso que –recordemos- supone hacer cesiones y transacciones recíprocas en aras del compromiso común de edificar un marco constitucional compartido, en el que todos tengamos cabida y que resulte adecuado a las nuevas realidades.

Los socialistas consideramos que esta reforma debería afrontar estos cinco retos esenciales:

1. Proteger y garantizar suficientemente el Estado del bienestar, en especial los derechos sociales básicos (salud, protección por la Seguridad Social, renta mínima o ingreso vital antes situaciones de carencia y vulnerabilidad, así como refuerzo de otros derechos como el derecho a la vivienda digna y los derechos medioambientales).

2. Revitalizar el Estado de derecho y algunos derechos fundamentales.

3. Mejorar la calidad de la representación política y de las instituciones democráticas.

4. Adecuar y reforzar nuestra articulación con la Unión Europea.

5. Mejorar la estructura y el funcionamiento de nuestro modelo territorial conforme a su lógica federal, fortaleciendo simultáneamente la calidad del autogobierno de las Comunidades, el respeto e integración democrática de la diversidad y la unidad del Estado.

En el marco de una reforma federal estaríamos en condiciones de dar cauce a las aspiraciones de la ciudadanía y de todas las comunidades políticas que integran nuestro país y nuestro Estado, en un marco de igualdad en las condiciones de vida de todos los españoles. En particular, en ella encontraría solución adecuada el reconocimiento constitucional de las aspiraciones catalanas, de su singularidad y sus derechos históricos, desarrollados a partir de lo dispuesto tras su incorporación al Estatut, de acuerdo con la Constitución.

Tenemos que ser muy conscientes de que en una democracia pluralista la dinámica política ha de ser siempre de reconstrucción, de redefinición solidaria de las condiciones de vida en común. Y esto se logra con una reforma constitucional, donde se puede debatir acerca de todo en la sede de la representación popular, de una forma sosegada, rigurosa y completa y con el máximo de participación de la ciudadanía y de las formaciones sociales y políticas. Reforma que acabaría necesariamente con un referéndum de todos los españoles y el subsiguiente de los catalanes (y de los demás pueblos de España) al reformar su norma institucional básica en concordancia con la nueva Constitución de cuño federal.

Para alcanzar estos objetivos, nuestra propuesta contiene en detalle numerosas medidas que están basadas en estudios rigurosos en torno a los cuales existe un amplio consenso entre los especialistas en la materia. Invitamos a todos a que lean sin prejuicios nuestro programa, en el que a lo largo de 11 apretadas páginas damos cuenta precisa de nuestra posición sobre la reforma necesaria en cada uno de los puntos anteriormente expuestos.

Gregorio Cámara Villar
Catedrático de Derecho Constitucional
Diputado socialista del Congreso por Granada y Portavoz en la Comisión Constitucional

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