Los parientes pobres
Este año la Constitución (CE) cumplirá 40 años. Y lo hará envuelta en la enorme contradicción que supone la evidencia de que necesita reformas importantes y la percepción de que serán imposibles en el clima político actual.
Uno de esos aspectos, históricamente irresuelto, es el del modelo territorial, que ahora atruena a raíz del conflicto catalán. El título VIII de la CE define nuestra organización territorial en tres niveles, estatal, autonómico y local, otorgando autonomía política a las dos últimas administraciones (artículo 137). La autonomía local se reitera en el artículo 140 mientras que en el 142 se le garantiza la suficiencia financiera.
Resulta paradójico sin embargo que durante estos cuarenta años el modelo de administración local apenas haya sido objeto de debate político, siempre solapado por la discusión en torno a las Comunidades Autónomas (CC.AA.), sus competencias y su financiación. La consecuencia no ha sido otra que la postergación de la administración más cercana al ciudadano, siempre tratada como la pariente pobre de entre las tres administraciones.
A este tratamiento subordinado se han unido las políticas implementadas por el gobierno del PP, que han supuesto un aumento de la tutela estatal sobre las entidades locales (EE.LL.) y una limitación importante de su autonomía política real. Las consecuencias se manifiestan claramente en determinados indicadores.
Por sexto año consecutivo el conjunto de las corporaciones locales presentan superávit. En 2017 del +0,59% del PIB. Mientras las CC.AA. tuvieron un déficit del -0,32% y la Administración Central del -3,34%. La suma para el conjunto de las Administraciones Públicas (AA.PP.) es un déficit del -3,07% (3,11% si se incluyen las ayudas a instituciones financieras). Siendo el superávit local el que permite al conjunto del Estado cumplir el objetivo de déficit, fijado en el 3,1% del PIB.
En 2015 las Haciendas Locales representaban el 6% del PIB, mientras que en la UE alcanzaban el 11,1%. Desde 2008 el gasto local en España descendió un -7,7%, frente al -1,8% en los países de nuestro entorno. El peso relativo de los impuestos en la financiación local es del 52,9%, frente a la media europea del 38,1%. Las prestaciones propias del Estado del Bienestar eran sólo del 0,8% del PIB, frente al 6,1% en la UE. Por otro lado las EE.LL. han perdido peso en las AA.PP. pasando de representar el 14,8% del gasto público en 2004 al 13,7% en 2015.
Entiendo que tal situación debería ser corregida. En primer lugar, y con carácter inmediato, mediante cambios sustanciales en las leyes y normas producto de la obsesión de Rajoy y Montoro por tutelar y constreñir la capacidad de decisión de las entidades locales. En segundo lugar, planteando un rediseño en el modelo de competencias y financiación de la administración local, que incluya mayor potestad tributaria, tanto para establecer los tributos como para su regulación. Superando por ejemplo las constricciones que actualmente se imponen sobre el IBI (resulta absurdo que por falta de desarrollo reglamentario estatal no se pueda regular desde el municipio el estatuto de las viviendas vacías) o el Impuesto sobre vehículos (aún basado en la potencia fiscal, por tramos).
Por supuesto habrá que analizar y proponer medidas para corregir los problemas que se derivan de la excesiva fragmentación local, para facilitar una más eficiente provisión de bienes y servicios públicos locales. Dentro de este debate también debería incluirse la conveniencia de la desaparición o al menos la transformación radical de las actuales diputaciones provinciales, un residuo del Estado centralista preautonómico y auténticos focos de clientelismo partidista. Y por último, reconfigurando el modelo de relaciones de las EE.LL. tanto con la Administración del Estado como con la autonómica.
“Ni tutelas ni tu tías”, que decía aquel. Más bien diseñar relaciones de cooperación y colaboración centradas en el fin principal de la atención a las necesidades de los vecinos y la calidad en la prestación de los servicios públicos de proximidad. Avanzar hacia un marco legal dinámico a la vez que estable. No sometido a las veleidades tutelares del gobierno de turno, estatal o autonómico.
Miguel Martín Velázquez
Colaborador de Ahora Sí
Popular ahora
