Los retos del transporte público
La entrada en funcionamiento del Metro de Granada ha reabierto el debate sobre el modelo de movilidad que queremos para el área metropolitana, una cuestión prioritaria que pasa por incentivar el transporte público, ecológico y accesible con la puesta en práctica de medidas que garanticen la reducción del uso del coche privado y tarifas con precios justos que faciliten y no penalicen los transbordos.
Esta tarea recae desde hace ya algunos años sobre el Consorcio de Transporte Metropolitano de Granada, un organismo dependiente de la Junta de Andalucía al que los municipios delegaron sus competencias y que, tal y como nosotros lo entendemos, debe defender el interés general y garantizar la prestación de un servicio de calidad. Sin embargo, estamos muy lejos de los objetivos que nos marcamos.
Asistimos en estos meses a un intercambio de declaraciones de responsables de la Junta de Andalucía, vanagloriándose de los óptimos resultados del Metro desde que se puso en marcha en septiembre, un dato positivo del que solo podemos alegrarnos y del que queremos ser partícipes, no afectados.
En Atarfe aprobamos una declaración institucional para que no nos dejaran al margen: por un lado, solicitamos la incorporación a la línea actual del Metro y, a la espera de que sea una realidad, reclamamos la conexión con este medio de transporte a través de una lanzadera, con derecho a transbordo y sin sobrecoste para el usuario. Igualmente le recordamos a la Junta de Andalucía que Atarfe lleva años esperando inversiones para retomar la conexión por ferrocarril. Nuestro municipio no puede renunciar al proyecto de tren de cercanías entre Loja y Granada como eje de conexión con los pueblos del Poniente.
Y está muy bien que se hayan superado todas las expectativas con la entrada del Metro y que se dediquen loas y parabienes a su más que aceptable funcionamiento. Pero la Junta de Andalucía no puede silenciar los problemas que los usuarios de distintos municipios, entre ellos Atarfe, padecen por los cambios introducidos a partir del 1 de enero en la ordenación del transporte, trasladando la presión a los ayuntamientos.
Entendemos que haya desajustes y que cueste acostumbrarse a los cambios, pero no es de recibo la urgencia con la que se ha llevado cabo la nueva reordenación del transporte, que se penalice el transbordo y que tengamos que plegarnos a los intereses de la empresa concesionaria del servicio.
Se nos han justificado los cambios en términos de rentabilidad económica, es decir, que los recortes en la frecuencia de horarios obedecen al descenso en el número de pasajeros sin facilitarnos datos reales del número de viajeros o de los costes de los servicios.
De forma incomprensible, los usuarios del autobús en Atarfe y otros municipios del cinturón se han visto afectados con una importante reducción en el número de expediciones, sufriendo tiempos de espera abusivos. En el caso de Atarfe se olvida que hay un vínculo de conexión centenaria con Albolote y Maracena que no puede condicionarse a criterios de rentabilidad económica.
Es cierto que hemos conseguido algunas mejoras como la ampliación del recorrido a los barrios, que haya servicios directos de autobús los fines de semana o que circule una lanzadera de viernes a domingo cuando la intención del Consorcio era eliminar el servicio de una línea histórica. Pero ha sobrado precipitación y ha faltado información.
Creemos que ha habido tiempo para someter el debate de la movilidad a un proceso participativo que contase con la opinión de los usuarios y que ayudase a los responsables políticos y técnicos a buscar la mejor solución. Así tratamos de hacer las cosas los ayuntamientos del cambio cuando los temas son importantes, en la línea de la recién aprobada Ley de Participación Ciudadana de Andalucía.
Estamos lejos pero a tiempo de lograr un transporte público más moderno y sostenible, una flota de autobuses renovada y no contaminante que atienda a los criterios de accesibilidad y que las tarifas sean asequibles para todos, fundamentalmente para estudiantes, mayores y desempleados. Atarfe y el resto de pueblos lo necesitan.
Francisco Rodríguez Quesada
Alcalde de Atarfe
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