Nueva ley de Formación Profesional, una nueva oportunidad perdida
El Proyecto de Ley de Formación Profesional en Andalucía -remitido recientemente por el Consejo de Gobierno al Parlamento para su examen, enmienda y aprobación- llega tarde, porque se ha demorado durante cuatro años desde su anuncio.
Llega tarde y lo hace mal, porque no cumple las grandes expectativas que se habían creado en torno a esta Ley integral de Formación Profesional que se presentó en 2014, se calificó como “la ley más importante de la legislatura” y sobre la que dijeron que sería “ambiciosa, vanguardista y pionera”.
Anunciaron también en aquel entonces una ley que formaba parte del acuerdo de gobierno con Ciudadanos y que, sentenciaron, surgía para redefinir el modelo productivo andaluz. Ni más ni menos...
El objetivo era recortar la abultada tasa de paro y reducir el abandono escolar temprano. Fíjense, un 43 por ciento de abandono en la etapa obligatoria, de los más altos de toda Europa. También era objetivo conectar la formación reglada con la ocupacional, buscando elevar los niveles de cualificación de la población activa.
Cuatro años más tarde de su anuncio Andalucía cuenta con más de un millón de desempleados. En estos cuatro años la población activa en Andalucía también se ha reducido. Han sido muchos los jóvenes andaluces y granadinos que han tenido que marcharse para buscar un trabajo. Andalucía no ha amortiguado los efectos de la crisis, seguimos siendo la región con más desempleados y una brecha, ya crónica, nos separa de la media nacional, situándonos diez puntos por encima.
Además, tampoco hemos sido capaces de reducir significativamente el abandono escolar temprano. De 2016 a 2017, Andalucía ha incrementado esa tasa en 0,4 puntos, mientras otras comunidades autónomas lo han reducido. Andalucía empeora y sigue a la cola.
Además, en nuestra Comunidad Autónoma contábamos hace cuatro años con un gran problema añadido: la crisis ha disparado la demanda de plazas de Formación Profesional, muy por encima de la oferta existente. En los últimos cinco cursos, desde que Susana Díaz es presidenta, se ha dejado fuera de la Formación Profesional a más de 142.000 alumnos, de los cuales 16.878 han sido granadinos. En este curso, tan sólo en este curso, casi 31.500 alumnos andaluces se han quedado sin plaza por oferta insuficiente, 11.000 más que en el anterior, y 4.268 pertenecen a nuestra provincia.
Vamos para atrás. Se han ofertado 770 plazas menos de Formación Profesional Básica que en el curso pasado. Cuatro años después de la implementación de la Formación Profesional Dual, sigue creciendo e implantándose a un ritmo muy lento. Para este curso, tan solo hay matriculados 3.967 alumnos en la Formación Profesional Dual para toda Andalucía y 168 centros, únicamente el 14,2 por ciento de todos los centros educativos de Secundaria y Formación Profesional. En Granada, la FP Dual tan sólo alcanza a 628 alumnos y a 20 centros educativos.
Este es el resultado del Gobierno de Susana Díaz con el apoyo de su socio, Ciudadanos: cuatro años perdidos esperando una ley protagonista, mientras Susana Díaz les cerraba las puertas de los institutos en su cara a miles de andaluces que querían optar por la Formación Profesional.
Además, en la presentación de este nuevo proyecto la consejera de Educación admitió que la ley no estaría plenamente desarrollada hasta 2020. ¿Pueden este Gobierno y su socio Ciudadanos estar satisfechos de ese dato?, ¿ hasta 2020 esperando?
Los andaluces tendremos que esperar seis años hasta la implementación real de una norma que iba a ser esencial, la norma más importante de esta legislatura. Cuatro años para trasladarla al Parlamento y dos años para su desarrollo. Ésta ha sido la urgencia de este Gobierno y la importancia que le ha dado a una ley de estas características. Una nueva oportunidad perdida.
El problema de fondo sigue siendo exactamente el mismo cuatro años después: falta oferta de formación profesional. El Partido Socialista y Ciudadanos han perjudicado enormemente a los andaluces y, por tanto, a los granadinos.
Nos preocupa también la financiación y el objetivo de aplicación. No es menos importante. La memoria económica que acompaña al texto incluye una referencia temporal: 2018-2020. ¿Les parece adecuado una norma con un horizonte temporal de dos años? Hasta el Consejo Económico y Social sostiene en su informe que puede parecer más un plan de actuación que una ley.
Este Gobierno, con su socio, Ciudadanos, no se ha esforzado nada. No le ha dado urgencia y, mucho nos tememos, el texto que proponen no viene a resolver las deficiencias de la oferta de la Formación Profesional en nuestra tierra. No se han esforzado en esta legislatura para dar salida a los miles de jóvenes que han buscado en la Formación Profesional, y en la Formación Profesional para el empleo, la oportunidad para recualificarse y formarse. Tampoco se han esforzado en la elaboración de esta norma, una ley de mínimo esfuerzo, de corta y pega, para justificar su anuncio.
A este Gobierno no le importa frustrar expectativas ni las consecuencias dramáticas que sus políticas producen sobre la vida y futuro de los jóvenes andaluces y granadinos, que quieren optar por la formación para obtener un empleo.
Marifrán Carazo
Parlamentaria andaluza del PP
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