Planes de empleo
Parece que en breve se van a poner en marcha la batería de planes de empleo que tiene previstos la Junta de Andalucía para este año. En número son incontables, Emple@Joven, Mayores de 30, Ayuda a Emprendedores, Ayuda a la Contratación para la Inclusión Social, en total más de diez planes, cada uno con sus especificaciones.
De partida todo tiene buena pinta. Si escarbamos un poco por las páginas del BOJA, las cuantías no son nada baladí. 40 millones de euros para la Inclusión Social, 70 para el Emple@Joven, 50 para los mayores, así hasta llegar a 462 millones de euros para toda Andalucía en este 2016.
Todo un esfuerzo económico y de imaginación presupuestaria para paliar los efectos de la durísima crisis económica que ha elevado nuestras tasas de paro a límites vergonzantes.
¿Pero dónde está el problema? Problemas varios y de diversas tipologías. Todos estos planes están sometidos a rígidas condiciones y requisitos, para poder acceder a ellos. En su inmensa mayoría estos planes son aplicados por los ayuntamientos andaluces, que deberán ejecutarlos mediante la utilización de esos fondos para la contratación directa de los desempleados.
Así podemos tener ayuntamientos de alrededor de cien empleados (la inmensa mayoría de los ayuntamientos metropolitanos de Granada), que gracias a estos planes de empleo, pueden pasar a tener el doble de plantilla por unos meses, con el consiguiente caos organizativo, descoordinación en los trabajos, y locura contable. Por no hablar de las dificultades para realizar una justificación correcta de los planes.
Pero todos esos problemas son menores, si con ello se consigue aliviar la situación de cientos de familias y mejorar la vida de muchas personas, miles en toda la provincia.
El otro gran problema está en las expectativas. Los últimos planes de empleo para menores y mayores de 30 años se acometieron en 2014. Desde entonces no se han dejado de anunciar, publicitar y presupuestar, pero hasta hoy, no se han vuelto a poner en marcha.
Jóvenes y mayores de 30 años, que confían en estos planes para solventar o mejorar sus situaciones personales, y que han visto pasar casi dos años desde que el último de estos planes se terminó. En cambio no paran de leer, escuchar y recibir noticias sobre su puesta en marcha inminente. Con lo cual son cientos de llamadas a las puertas de los ayuntamientos preguntando por estos planes, sin que estos puedan dar respuestas, hasta sumir en la desesperanza a miles de personas, que ven pasar semana tras semana, mes tras mes, sin noticias nuevas al respecto.
Se esperan buenas noticias en breve a este respecto, pues según las últimas manifestaciones de la Presidenta andaluza, Susana Díaz, posiblemente en este mes, se pongan en marcha estos planes. Prepárense por tanto los gestores municipales.
Pero hay un último problema con estos planes. Quizá en ellos se plasmen las políticas sociales más directas y las que más impacto mediático producen. Pero ¿realmente sirven de algo estos planes?
En el mejor de los casos, serán contrataciones de seis meses. En muchas ocasiones servirán para interrumpir prestaciones sociales, cuyo perceptor tardará meses en poder retomar. No ofrecen ningún tipo de estabilidad laboral y ninguna posibilidad de mejora de la empleabilidad personal en el futuro.
Estos planes deberían ser un último recurso, una estrategia coyuntural para casos extremos. Y no la estrella de las políticas de empleo andaluzas.
Hemos dicho que la suma de la cuantía de los planes de empleo para Andalucía en este año será de 462 millones. La inversión total del Centro Comercial Nevada han sido unos 350 millones. Las subvenciones públicas a las líneas aéreas que operan en España, 200 millones de euros en los últimos diez años. El presupuesto de CETURSA previsto para 2016, son 37 millones.
No son cifras comparables ni equiparables, pero si muestran que quizás debería invertirse el dinero de la creación de empleo con una estrategia de inversión que dé frutos a medio y largo plazo.
Gustavo García
Historiador y escritor
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