Presupuestos participativos
Se publicó en este mismo medio hace unos días, que el Ayuntamiento de Armilla ha iniciado el procedimiento de elaboración, de un presupuesto municipal participativo. Para ello, abre un periodo en el que ciudadanos, asociaciones y otros colectivos, pueden aportar ideas de cara a la confección del presupuesto municipal para 2017. Unas propuestas que después deberán ser votadas vía página web, para poder ser incluídas en las cuentas municipales.
No es el único municipio granadino que afronta la elaboración de su presupuesto de una manera similar. Peligros o Benalúa lo tienen instituido en su forma de elaboración, y en el caso de Armilla, es el segundo año seguido en que se realiza.
Es muy interesante conocer de forma directa cuales son los deseos de los ciudadanos a la hora de gestionar el dinero de sus impuestos, y a qué partida se van a dedicar especialmente los gastos municipales.
¿Pero los ciudadanos son conocedores de las limitaciones de los consistorios a la hora de elaborar ese mismo presupuesto?
¿Alguien ha hecho pedagogía contable entre la ciudadanía, de forma que los ciudadanos afronten esa labor de forma consciente y responsable?
Muchos son los Gobierno Municipales de los ayuntamientos de Granada están elaborando en estas semanas su presupuesto para 2017. Algunos incluso lo aprobaran a tiempo, a otros, la oposición se lo tumbará en Pleno y deberán prorrogar el de 2016. Pero a lo que se enfrentan todos los responsables municipales sin excepción, es a unas limitaciones enormes.
El margen de maniobra de un Gobierno Municipal, a la hora de confeccionar sus cuentas, es muy escaso. Ya quisieran los Alcaldes granadinos incluir partidas enormes para contratar a los desempleados del pueblo, o para acabar las infraestructuras que tanta falta hacen, o para fomentar el comercio y la economía local, o para tener unas actividades de ocio a la altura.
¿Y por qué no lo hacen?
¿Qué o quién se lo impide?
Los Ayuntamientos están sujetos a un control contable muy exigente. La Ley de Haciendas Locales ya lo apuntaba, pero fue la Ley de Racionalización de las Administración Pública, la que terminó de cercenar la “constitucional” autonomía local. Y a día de hoy, los ayuntamientos, no son mucho más que gestores de unas partidas presupuestarias, que en un 90 % están ya predefinidas por las obligaciones que cada Ayuntamiento debe asumir de cara al siguiente ejercicio presupuestario. Por no hablar del férreo control de los plazos de pago impuesto desde el Gobierno Central, o de la práctica imposibilidad de crear plazas de funcionarios. Por no hablar de la figura de los habilitados nacionales que también aportan su grano de arena, en las limitaciones al presupuesto anual de los ayuntamientos.
¿Alguien les explica esto a los ciudadanos cuando se deposita en ellos la responsabilidad de indicar el camino de las cuentas municipales?
La democracia participativa es algo que suena muy bien. Pero ¿es democrático pedir al ciudadano que tome una decisión, sin darle a conocer los condicionantes y las consecuencias de la misma?
El resultado puede ser muy frustrante tanto para el Ayuntamiento que abre el proceso, como para los ciudadanos que proponen ideas, que finalmente no se van a ver plasmadas en el documento final, o en todo caso, se recogerán de forma parcial y sesgada.
No propongo eliminar los procesos de toma de decisión participativos. Pero si una mayor pedagogía en los mismos. Abundar en dar a conocer al ciudadano todas estas limitaciones, y por qué no, hacer partícipe a la sociedad de la necesidad de reclamar una mayor autonomía para los ayuntamientos, liberándolos de tan exhaustivo control estatal. Solo así, se podrá hacer realmente responsables a los ciudadanos de a pié de la toma de esas decisiones.
Gustavo García
Historiador y escritor
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