Un inexcusable deber democrático y moral
El Grupo Socialista del Congreso de los Diputados presentó el pasado día 9 una iniciativa sobre Memoria Histórica concebida desde un positivo espíritu de concordia y desde el inexcusable deber político, democrático y moral, de afrontar la verdad sobre nuestro pasado, porque la democracia no puede cimentarse sobre el olvido. Con ella perseguimos, recuperando nuestra memoria democrática, honrar la memoria personal y colectiva de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura franquista. Precisamente este fue el objetivo de diferentes normas estatales y autonómicas que desde 1978 hasta la fecha han tratado de reparar con muy diversas medidas la situación de las víctimas del franquismo y devolverles elementos esenciales de su dignidad vulnerada.
La llamada Ley de Memoria Histórica de 2007, impulsada por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, supuso un hito fundamental en este camino. Se estableció en ella la declaración personal de reparación y reconocimiento como víctima del franquismo; se establecieron y mejoraron prestaciones a las víctimas y a otros colectivos; se adoptaron medidas para la localización de las fosas y de exhumación e identificación de los desaparecidos; se determinó la retirada de simbología franquista; se creó la Oficina de Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura; se reforzó el papel de los archivos para facilitar la recopilación de información histórica así como el acceso a la misma y la necesaria labor de investigación; se amplió la posibilidad de adquisición de la nacionalidad española a los descendientes hasta el primer grado de quienes hubiesen sido originariamente españoles; y, entre otros aspectos, se declaró la ilegitimidad de los tribunales y órganos que durante la guerra civil se hubieran constituido para imponer condenas o sanciones por motivos políticos, ideológicos o religiosos, así como la de sus resoluciones. La ley nació para contribuir a cerrar heridas, después de muchos años y en plena madurez democrática, recuperando el espíritu de reconciliación, reencuentro y concordia que inspiró la Transición.
La tarea que se emprendió con esta ley durante los años de gobierno socialista fue, sin embargo, deliberadamente contestada y dificultada desde posiciones fuertemente conservadoras y reaccionarias, hasta llegar a ser interrumpida de manera abrupta por el gobierno del Partido Popular. Nada se hizo en la X Legislatura. La Ley quedó vigente, pero inconcebiblemente vaciada de presupuesto alguno. Exhibiendo el rodillo de su mayoría absoluta e insensible al dolor, a la injusticia padecida por las víctimas y al sentimiento de sus descendientes, el Gobierno eliminó definitivamente la partida presupuestaria en 2013, cuando en los presupuestos socialistas para 2011 estuvo dotada con 6,5 millones de euros. La Oficina de Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura fue suprimida sin contemplaciones. Con el más burdo razonamiento se intentó dar una apariencia de justificación sosteniendo que la ley quedaba “suspendida” por la crisis económica.
Esta situación de incumplimiento y parálisis por ya más de cinco años tiene que cesar. Es urgente la adopción de medidas que recuperen todas las políticas públicas dirigidas a la aplicación efectiva de la Ley de Memoria Histórica y de otras nuevas que la desarrollen. Entre ellas, que sean los poderes públicos los que asuman como tarea propia, en colaboración con las asociaciones -y con financiación suficiente-, la realización de las actuaciones precisas para la localización de las fosas y la exhumación e identificación de los restos de las víctimas, con el objetivo de que puedan tener un entierro digno y ser honradas por sus familiares. Que para hacer esto posible y asegurar la necesaria continuidad se estudie la creación de bancos de ADN con la máxima celeridad. Que se recupere y potencie la Oficina de Víctimas. Que se impulse la retirada de símbolos y monumentos franquistas que honren o exalten la sublevación militar o la memoria de quienes fueron sus protagonistas y responsables de la brutal represión de la dictadura. Que no queden en el olvido los colectivos que no pudieron beneficiarse de la Ley 52/2007 para acceder a la nacionalidad española. Que se revise y potencie la normativa de archivos al servicio del conocimiento. Que se respalden las investigaciones para profundizar en la memoria histórica y democrática de nuestro país. Que se elabore un censo de infraestructuras y obras realizadas con trabajos forzados de represaliados para que su memoria sea reconocida y honrada. Que se lleve a cabo el cumplimiento del ponderado Informe de expertos sobre el futuro del Valle de los Caídos de 2011, que contempla los diversos aspectos necesarios para resignificar ese espacio, de tal manera que deje de ser un lugar de memoria franquista y nacionalcatólica y pase a serlo de la cultura del conocimiento histórico, de reconocimiento de todas las víctimas de la guerra civil y la dictadura sin distinciones ideológicas o religiosas, de reconciliación y reencuentro entre españoles de acuerdo con los valores democráticos y constitucionales. Incluye este Informe, de acuerdo con la ley, la necesidad de que se adopte de manera consensuada la medida de exhumación de los restos de Franco y su traslado fuera del Valle de los Caídos, imprescindible para que esta nueva función pueda cumplirse, como se justifica en su recomendación 31.
Se completa la proposición con otras importantes medidas, como que se excluya de toda financiación pública a cualquier organización o entidad que ensalce o defienda la figura del dictador, el nazismo, la xenofobia o cualquier otra expresión discriminatoria o vejatoria para las víctimas; que se promueva una Comisión de la Verdad, como recomienda la ONU; que se estudie la cuestión de la nulidad de las condenas dictadas por los tribunales penales franquistas contra quienes defendieron la legalidad republicana; que se establezca el día 11 de Noviembre, Día Europeo de las Víctimas del Fascismo, como día de recuerdo y homenaje de las víctimas del franquismo; y que se fomente en el sistema educativo el conocimiento que se derive de los trabajos realizados sobre Memoria histórica.
Estas son, en resumen, las medidas que componen la Proposición no de Ley que hemos presentado para que se cumpla y desarrolle la ley vigente desde un espíritu de concordia y con el más noble empeño de contribuir al reconocimiento de la verdad, a hacer justicia y a reparar, con la modestia que impone lo posible, la irreversiblemente vulnerada dignidad de las víctimas.
Gregorio Cámara Villar
Diputado Socialista del Congreso por Granada
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