La Fiscalía pide ocho años de prisión para Torres Hurtado y Nieto por el 'caso Serrallo'
Para los concejales de la Junta de Gobierno Local se pide el sobreseimiento al considerar que no existe el dolo directo por el voto emitido en el delito de prevaricación
La Fiscalía ha solicitado la pena de ocho años de prisión, multas de 522.000 euros y 36 años y medio de inhabilitación para el exalcalde de Granada José Torres Hurtado (PP) y la exconcejal de Urbanismo Isabel Nieto (PP) en el llamado 'caso Serrallo', en el que formula acusación contra un total de nueve personas.
El Ministerio Público acusa concretamente a Torres Hurtado, Isabel Nieto, al promotor Roberto García Arrabal y a seis técnicos del Ayuntamiento de Granada y pide el sobreseimiento para los concejales que participaron en la Junta de Gobierno Local en la que se aprobó el cambio de uso de los terrenos donde se construyó presuntamente de forma irregular la discoteca que está investigada en la causa.
La fiscal no acusa a estos ediles -seis de los cuales aún ejercen como concejales en el Ayuntamiento de Granada- por entender que no existe el dolo directo por el voto emitido en el delito de prevaricación, según la información difundida por la Fiscalía Superior de Andalucía.
El Ministerio Público ha presentado el escrito de acusación en el Juzgado de Instrucción 2 de Granada por el 'caso Serrallo' por delitos contra la ordenación del territorio, continuado de prevaricación urbanística, continuado de prevaricación común, de fraude en la contratación, de tráfico de influencias y de encubrimiento. Todo ello, en relación a la construcción de una discoteca, con sala de fiestas y pista de patinaje con bar, en una zona verde junto al Centro Comercial Serrallo Plaza.
El Ministerio Público pide concretamente para el exalcalde de Granada y la que fuera concejal de Urbanismo ocho años de prisión, 36 años y medio de inhabilitación especial para empleo o cargo público; y una multa de 522.000 euros para cada uno de ellos. Les atribuye un delito continuado de prevaricación urbanística, otro de prevaricación común; otro de fraude en la contratación y otro de tráfico de influencias.
La Fiscalía también reclama ocho años de prisión y multa de 522.000 euros para el promotor Roberto García Arrabal al que acusa de un delito continuado contra la ordenación del territorio, fraude en la contratación y tráfico de influencias.
Junto a ello pide que sea inhabilitado durante ocho años para ejercer su oficio y durante 20 años para obtener ayudas públicas y contratar con entes de la Administración; y que sea condenado a la privación de las posesiones ilegalmente construidas.
El Ministerio Público también solicita penas de prisión e inhabilitación para los seis técnicos del Ayuntamiento de Granada por diversos delitos en cada caso, entre los que se encuentran los de prevaricación urbanística, prevaricación, fraude en la contratación, tráfico de influencias y encubrimiento.
Entre estos técnicos está el que fuera director de Obras Municipales, Manuel Lorente, para el que la fiscal pide las mismas penas que a Torres Hurtado e Isabel Nieto, esto es; ocho años de prisión, 36 años y medio meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público; y una multa de 522.000 euros.
También formula escrito de acusación, como responsables civiles o partícipes a título lucrativo, contra las empresas Inversiones Área Sur, S.L., en su condición de empresa promotora, Empresa Fontdeis S.L., Sociedad 683 UPPER Club S.L. y Multiaventuras Serrallo Plaza S.L.
La fiscal solicita que se proceda al restablecimiento del legalidad urbanística y a la demolición de las edificaciones ilegalmente ejecutadas a costa de los acusados a excepción de uno de ellos. También pide la nulidad de las licencias aprobadas conculcando la legalidad urbanística.
Argumentación
El Ministerio Público encuentra en este caso varios delitos en las actuaciones urbanísticas relacionadas con la construcción, usos y aprovechamiento de unos espacios públicos, recogidos en el Plan de Ordenación Urbana de Granada (PGOU), realizadas al amparo de una concesión administrativa para la construcción y explotación de un parque infantil y llevadas a cabo tanto con vulneración del pliego de condiciones como de la legislación urbanística.
"Se habría sustraído -señala el escrito de acusación- sustancialmente al uso público estos terrenos poniéndolos, a través de distintos expedientes municipales, al servicio de las necesidades e intereses de un promotor privado y del centro comercial contiguo". Unos cambios de uso del espacio público que han sido "ostensibles y notorios" para ciudadanía.
Señala, igualmente, como delito los incumplimientos económicos contraídos con el Ayuntamiento de Granada por el empresario acusado, tanto en el contrato de concesión administrativa del parque infantil como en los convenios suscritos para la gestión y ejecución de la unidad de ejecución derivadas del proyecto de compensación que asciende a la cantidad de 306.932 euros, pago que no consta oficialmente en los servicios municipales del Registro de Intervención ni en la Tesorería. Una cantidad a la que deberían responder los acusados conjunta y solidariamente, y subsidiariamente los responsables civiles.
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