Abren diligencias contra el exalcalde de Maracena por presunta prevaricación y malversación de fondos
La investigación se centra en un presunto uso irregular de recursos municipales orientados a la investigación de adversarios políticos y en la contratación de servicios externos al margen de los procedimientos exigidos
El Juzgado de Instrucción número 8 de Granada ha acordado la apertura de diligencias previas y la práctica de diversas pruebas y declaraciones a raíz de la denuncia presentada por el Ayuntamiento de Maracena contra quien fuera alcalde del municipio entre junio de 2023 y abril de 2024, Julio Pérez.
La denuncia, según ha informado el Consistorio metropolitano en una nota de prensa, apunta a la posible comisión de delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos. De acuerdo con el expediente, el entonces alcalde "habría ordenado la contratación de los servicios de una empresa especializada en la elaboración de informes económicos y patrimoniales sobre diversas personas y entidades". Entre ellas, según recoge la denuncia, figuraban miembros de la oposición municipal, personas sin relación con expedientes administrativos del Ayuntamiento e incluso empresas vinculadas a integrantes de su propio partido político.
Los informes técnicos incorporados al caso sostienen que esas consultas se realizaron sin que conste procedimiento administrativo alguno, sin expediente que justificara su necesidad y sin registro oficial que acreditara una finalidad pública. Además, los propios servicios municipales habrían confirmado que ninguna de las áreas consultadas solicitó ni recibió dichos informes, lo que refuerza la sospecha de que se actuó al margen de la actividad ordinaria del Ayuntamiento, apropiándose presuntamente de dichos informes para usos diferentes del público.
El portavoz del PSOE en el equipo de Gobierno, Antonio García Leiva, considera que los hechos descritos reflejan “un patrón especialmente grave de utilización de instrumentos de la administración para recabar información sobre adversarios políticos, empleando para ello dinero público y recursos institucionales”. En la misma línea, ha recordado que el propio exalcalde “admitió en pleno que estaba investigándonos porque decía que era su obligación como alcalde, arrogándose competencias judiciales”.
La denuncia también pone el foco en la contratación directa de una letrada externa para personar al Ayuntamiento en procedimientos judiciales contra la oposición, una actuación que, según la documentación aportada, se habría realizado sin seguir los requisitos legales exigidos para que una administración pública pueda ejercer acciones judiciales. En concreto, se señala que el entonces alcalde habría firmado personalmente una hoja de encargo profesional con unos honorarios iniciales de 10.000 euros más IVA, prescindiendo del procedimiento de contratación pública y sin contar con el dictamen jurídico previo exigido por la normativa de régimen local y por el propio acuerdo plenario.
“La letrada contratada, Bárbara Royo. es una abogada de Madrid pareja del presentador de televisión Nacho Abad, muy conocido por su afinidad con el Partido Popular, y que se ha distinguido por ensuciar el nombre y la labor de los socialistas en Maracena. Es muy extraño que el entonces alcalde del PP no encontrara a un solo abogado en toda la provincia de Granada para llevar este asunto, algo manifiestamente irregular. Pero peor aún es que ni siquiera recurriera a los servicios jurídicos propios del Ayuntamiento ni siguiera los procedimientos legales, que es lo preceptivo, y que, en cambio, acudiera a la pareja de ese conocido presentador de televisión”, ha señalado el portavoz socialista.
En ese procedimiento, además, el juzgado que lo tramitaba llegó a advertir de que no constaba autorización del Pleno del Ayuntamiento para ejercer la acción penal, un requisito necesario para la personación de la corporación municipal. “Fue una contratación totalmente irregular y con un coste desorbitado, y no quiero pensar que fuera un pago ‘en diferido’ por los servicios mediáticos prestados en las elecciones municipales que le llevaron a ostentar la Alcaldía, afortunadamente solo durante diez meses”, ha apuntado García Leiva.
A juicio de los servicios jurídicos del Ayuntamiento, los hechos denunciados podrían encajar en delitos de prevaricación administrativa, por la presunta adopción de resoluciones arbitrarias, y de malversación de caudales públicos, por el supuesto destino de fondos municipales a fines ajenos al interés general. La denuncia sostiene, en esencia, que se habría producido un uso partidista de la institución, desviando recursos públicos para atacar o desacreditar a rivales políticos.
Desde el Ayuntamiento subrayan que esta actuación responde a la obligación institucional de defender la legalidad, proteger los recursos públicos y preservar la integridad de la administración municipal. Con esta denuncia se pretende esclarecer completamente los hechos y depurar las responsabilidades que pudieran corresponder.
García Leiva ha insistido en la "gravedad" del caso y ha asegurado que se trata de una actuación “muy documentada”, incompatible con los principios de neutralidad institucional, buena administración y sometimiento pleno a la ley.
“Esta grosera ilegalidad, tan documentada, con el propio exalcalde jactándose de haberla cometido en un pleno municipal, es típica de quienes se creen por encima de la ley”, apostilla el portavoz socialista. “Y es especialmente grave teniendo en cuenta que ha investigado a sus propios compañeros de partido, como la empresa de la que era administrador el vicepresidente de la Diputación. Es tan grosera esta forma de proceder que quizá habría que preguntarse si el propio PP provincial no estaba al tanto o le aconsejó actuar de ese modo, dada la intensidad de sus relaciones con altos cargos de su partido”, añade, aludiendo al apoyo expreso de Francis Rodríguez, presidente provincial del PP de Granada y presidente de la Diputación, a Julio Manuel Pérez en el congreso local celebrado en Maracena el pasado 7 de marzo.
