Absuelto el exalcalde de Cájar por el supuesto trato de favor en la concesión de una licencia
Según el magistrado no constan acreditados las acusaciones de prevaricación común y urbanística
El Juzgado de lo Penal 4 de Granada ha acordado absolver al que fuera alcalde de Cájar, el popular Fidel Prieto, por los delitos de prevaricación común y urbanística de los que estaba acusado por supuesto trato de favor al que fuera su teniente de alcalde en la concesión de una licencia de ocupación para su vivienda.
Tras el juicio que tuvo lugar hace tan sólo unos días, el lunes día 14, el titular del Juzgado, el magistrado Antonio Miguel Vallejo ha estimado que no constan acreditados los hechos objeto del procedimiento, al no haber quedado desvirtuada, la presunción de inocencia del procesado.
En la sentencia dictada, consta como hechos probados que Prieto concedió por decreto de fecha 24 de julio de 2009 licencia de primera ocupación de una vivienda situada en la calle Secadero del municipio a favor de Raúl Montoya Roldán, teniente de alcalde y concejal de su Ayuntamiento. La vivienda había sido construida al amparo de una licencia de obras, "sin que en cambio haya quedado acreditado" que el entonces alcalde "tuviera intención de dispensar un trato de favor al concejal".
Igualmente, para el juez ha quedado acreditado que Fidel Prieto, mediante providencia de 7 de septiembre de 2009, resolvió incoar procedimiento para declarar la lesividad del decreto 245/2009 por el que se concedía la licencia de ocupación, y finalmente en sesión extraordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Cájar celebrada en fecha de 14 de marzo de 2013 se acordó desistir de la declaración de lesividad de la licencia.
De hecho, ya en el juicio el exregidor, para el que la Fiscalía reclamaba dos años de prisión, 20 de inhabilitación para empleo o cargo público y multa de 21.600 euros, señaló que descubrió que la licencia "no se ajustaba a derecho" a raíz de que los grupos de la oposición se lo trasladaran en un pleno.
En ese momento, según dijo, inició los trámites para subsanar el error y declarar la lesividad del decreto por el que se concedió la licencia de ocupación. Este trámite se resolvió mediante providencia de fecha 7 de septiembre de 2009, aunque no se formalizó denuncia en el Juzgado pese a que la secretaria municipal y un funcionario municipal pusieron los hechos en conocimiento del abogado del Ayuntamiento.
Prieto explicó además que, posteriormente y a raíz de que otra familia pidiera licencia de ocupación en una vivienda del mismo sector, se aprobó en un pleno extraordinario celebrado el 14 de marzo de 2013 desistir de la declaración de lesividad de la licencia.
Contra la sentencia dictada, de fecha 15 de marzo, cabe la interposición de recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Granada.
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