Acusan a Diputación de disolver Resur para "agraciar a empresas afines con contratos millonarios"
El PSOE denuncia que la liquidación del órgano coincidió en el tiempo con la creación de sociedades "que incrementaron sus cuentas de resultados por adjudicaciones vinculadas a este servicio"
El PSOE de la Diputación de Granada ha acusado al Gobierno provincial de disolver el Consorcio de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos (Resur) para "agraciar con contratos millonarios a varias empresas que han incorporado a vecinos de determinadas localidades".
El diputado socialista Miguel Ángel Gamarra ha denunciado que la liquidación de esta empresa "ha servido para terminar con testigos incómodos" haciendo referencia a los ayuntamientos que "vigilaban este tipo de prácticas" y ha calificado de "curioso" que el 3 de diciembre de 2012, coincidiendo con la disolución de este órgano, "se constituyera una empresa que recibiría contratos millonarios vinculados a este servicio apenas unos meses después".
Gamarra ha cuestionado cómo una empresa de nueva creación accede a este tipo de contratos y ha incidido en que este tipo de empresas procedieron además a contratar personal "de forma discriminada" residente en el mismo municipio del que es alcalde el vicepresidente de la institución y responsable de Medio Ambiente, José Antonio Robles, según el socialista.
El diputado provincial ha rechazado un modelo de gestión que "expulsa" a los ayuntamientos y se sustenta en "una gran mentira" asegurando que "el PP esgrimió la deuda que mantenían los ayuntamientos con el ente -25 millones de euros- para justificar su disolución" pero, dos años y medio después, la comisión liquidadora del consorcio ha indicado que la deuda, a fecha de diciembre de 2014, asciende a 22,5 millones de euros", una cantidad que dividida en porcetajes arroja que el 65 por ciento procede de municipios gobernados por el PP y un 30 por ciento de los gobernados por el PSOE, con unos intereses anuales de 800.000 euros.
"El PP era el culpable fundamental de la deuda, la ha utilizado y, además, no la solventa", ha manifestado Gamarra, para precisar que sólo el Ayuntamiento de Granada adeuda 11 millones de euros y el de Motril casi tres millones de euros.
El diputado socialista ha criticado, además, que los vecinos sean las víctimas de esta "nefasta" gestión con la imposición del "tasazo" que supone un sobrecoste de más de 300.000 euros.
Obras sin licencia
Gamarra ha recordado que el nuevo servicio provincial de tratamiento ha procedido a realizar obras por valor de unos cuatro millones de euros en la planta de Alhendín sin contar con la preceptiva licencia municipal y ha criticado "el silencio y la opacidad" del responsable de este área "que ronda la ilegalidad manifiesta".
"Si una obra no tiene licencia, tiene que ser paralizada y regularizada, con la oportuna sanción al responsable", ha señalado el representante socialista quien ha anunciado que presentará una petición por escrito al presidente de la Diputación y a la Secretaría General para que se informe por parte de los servicios jurídicos de la existencia o no de la preceptiva licencia de obras en estas instalaciones.
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