Acusan al PP de negarle información sobre el proceso de creación de 30 plazas de funcionarios
UPyD presenta un recurso de reposición contra el decreto de la Alcaldía que, fuera de plazo y sin alegar motivos, le impide saber cómo han accedido a sus puestos los aspirantes elegidos
El grupo municipal de UPyD en el Ayuntamiento de Granada ha presentado un recurso de reposición contra un decreto de la Alcaldía en el que le negó información sobre el proceso de selección seguido para convertir en funcionarios a treinta laborales fijos.
En el recurso, fechado a 19 de diciembre, la concejal y portavoz del grupo, Mayte Olalla, expone que el decreto de la Alcaldía ni razona adecuadamente el motivo de la denegación, ya que ninguna de las normas que nombra impide que se pueda dar la información solicitada, ni menciona siquiera el hecho de que, debiendo considerarse admitida su queja por silencio administrativo, se deniegue con posterioridad.
El silencio administrativo se ha producido, alega UPyD, porque la información sobre el proceso de funcionarización se solicitó por vía oficial el 20 de octubre y la respuesta municipal llegó el 12 de noviembre. En ese sentido, Olalla recuerda que el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades locales establece que la petición de acceso a las informaciones “se entenderá concedida por silencio administrativo en caso de que el presidente o la comisión de gobierno no dicten resolución o acuerdo denegatorio en el término de cinco días, a contar desde la fecha de solicitud”.
El recurso de reposición ahora presentado incide en que, además de que el Ayuntamiento no puede interpretar una norma organizativa en el sentido contrario al que marca la ley, como ha hecho, en este caso se añade la circunstancia de que se solicitaba una información necesaria para que la concejal “pueda acometer con conocimiento suficiente el ejercicio de sus funciones”, en este caso la de fiscalizar la labor del equipo de gobierno como integrante de la oposición.
Olalla insiste en esta cuestión porque no le han dado argumentos razonados para no facilitarle la información solicitada y subraya que en todo este asunto hay “mucho oscurantismo, una clara falta de transparencia y una intención patente de ocultar algo” por parte del gobierno local, y eso le reafirma en su impresión de que muchas de esas treinta plazas se van a cubrir “sin cumplir con la legalidad”.
UPyD denunció por primera vez esta situación en octubre. Ya entonces mostró sus serias dudas de que se hubiera cumplido el principio de igualdad de oportunidades, méritos y capacidades, por detalles como que 23 de esas 30 plazas eran para personas que proceden del área de Urbanismo o que ocho de ellos hicieron una oposición muy descafeinada, con la mitad de temario exigible. En esos casos, el examen lo completaban presentando un trabajo al tribunal.
Para atajar cualquier duda sobre la legalidad de todo este proceso fue por lo que UPyD solicitó “un informe detallado de cada una de las plazas, que especifique quién las ocupa y qué proceso realizó cada uno de sus actuales ocupantes para acceder al puesto, concretando cada proceso de oposición de manera individualizada, fecha de la misma, temario correspondiente y pruebas selectivas”.
Fuera de plazo, el Ayuntamiento denegó esa solicitud de información y se limitó a sugerirle que la encontrara “mediante la consulta y examen concreto de los expedientes, libros y documentación”.
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