Adquieren firmeza las dos sentencias a favor de UPyD contra el Ayuntamiento de Churriana
En ellas acusan al consistorio de vulnerar su derecho a la participación política
Las dos sentencias en sendos recursos contenciosos-administrativos interpuestos por la concejala de UPyD, Adela López Soto, contra el Ayuntamiento de Churriana de la Vega por vulnerar su derecho a la participación política han adquirido firmeza a no haberse interpuesto contra ellas el correspondiente recurso de apelación.
La primera sentencia la dictó el juzgado de lo Contencioso Administrativo número 5 de Granada. López Soto interpuso el referido recurso al considerar vulnerado su derecho a la participación política después de pedir reiteradamente, sin éxito, durante casi dos años, que se pusiera a su disposición para ser examinados los expedientes relativos a los contratos de trabajo indefinidos y contratos menores de servicios y suministros celebrados en los referidos ejercicios. El Juez le da la razón y declara la sentencia que “la información solicitada es necesaria para el desarrollo de la función de fiscalización y control de los órganos de gobierno de la Corporación Local y la negativa a facilitarla no está justificada, por lo que debe entenderse vulnerado el derecho fundamental invocado a la participación política”.
La segunda sentencia fue dictada un mes más tarde por el Juzgado de lo contencioso Administrativo número 3 de Granada. En ella se declara el derecho de la concejala de UPyD a que se le expida copia de la Cuenta General de 2012, que le había sido negada por el entonces Alcalde, Vicente Valero, pese a ser un asunto que debía ser tratado en un pleno. En ambas sentencias, el Consistorio es condenado al pago de las costas procesales, gasto éste que, según la concejala de UPyD, “debería ser asumido por el grupo municipal del PP, que es el partido que gobierna, y no con dinero de los ciudadanos, ya que en todo momento han actuado en interés propio y no en defensa de los vecinos”.
López Soto ha manifestado que se ha visto obligada a acudir a la justicia ante la falta de transparencia que practica el equipo de gobierno del PP, y para que “ningún otro cargo público, que actúe en representación de los vecinos, se encuentre con el mismo obstáculo en el ejercicio de su función política de control y fiscalización del gobierno municipal”.
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