Agredida por una usuaria una enfermera de Urgencias del Hospital del Campus de la Salud
La Policía Nacional ha identificado a la agresora y está pendiente de que reciba la asistencia para continuar con las pesquisas
La dirección del Hospital del Campus de la Salud ha mostrado su "más rotunda condena" a la agresión sufrida este viernes por la mañana por una enfermera mientras desarrollaba su labor en el área de Urgencias, momento en el que se activó el Plan de Prevención y Atención contra las Agresiones del Servicio Andaluz de Salud (SAS).
Los hechos se produjeron sobre las 8.30 horas y hasta el lugar se desplazó la Policía Nacional, que ha identificado a la agresora y está pendiente de que reciba la asistencia médica para la que se dirigió a este hospital antes de continuar con las pesquisas, según han informado a Europa Press fuentes de este cuerpo.
Responsables de la dirección gerencia del Hospital Universitario Campus de la Salud se han puesto en contacto con la profesional para interesarse por su estado y ofrecerle su apoyo personal además del institucional. Desde el centro hospitalario se ha manifestado de forma contundente el rechazo y la condena a este tipo de actuaciones "para las que no hay justificación posible y contra las que todos debemos hacer frente común", afirma la dirección en una nota.
Plan impulsado en 2005
El Plan de Prevención y Atención contra las Agresiones fue impulsado en 2005 por la Consejería de Salud con el objetivo de dotar a los profesionales de la sanidad pública de las medidas de seguridad y la formación necesarias para minimizar las posibles agresiones que puedan sufrir en sus centros de trabajo. Este plan pone a disposición de sus profesionales asistencia sanitaria y jurídica, así como apoyo psicológico en caso de que lo demanden.
La agresión física o intimidación grave contra profesionales sanitarios en el ejercicio de su función pública asistencial viene recogida en el Código Penal como delito de atentado contra la autoridad, y así se han dictado sentencias en diferentes casos con penas que oscilan entre los 12 meses y los tres años de prisión.
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