Aprobado el estudio de ordenación para el cambio de uso de la antigua sede de la Junta en Gran Vía
El cambio en esta parcela, de una superficie de 655 metros cuadrados y una superficie construida de 3.018 metros cuadrados, supone un incremento de aprovechamiento urbanístico
La Junta de Gobierno Local ha aprobado el proyecto de estudio de ordenación para la delimitación de actuación de la transformación urbanística de mejora urbana en el número 34 de Gran Vía.
El objetivo, según ha informado el concejal de Urbanismo, Enrique Catalina, es el cambio de la calificación y uso pormenorizado, asignados a la parcela tanto por el PGOU como por el Pepri Centro, al uso residencial singular-alojamiento hotelero.
Catalina ha subrayado “el impulso" que se está realizando desde el área de Urbanismo para trabajar el proyecto de "una Granada para vivir, desbloqueando un expediente que se encuentra en un caso similar al que ya aprobamos la semana pasada en calle Mesones”.
El edil ha recordado este caso, en el que el antiguo edificio del Catastro en Mesones había sido registrado "por error" en el PGOU como equipamiento público, "siendo realmente equipamiento privado”, de manera que “solo podría haber sido alquilado por otra administración”.
En este caso, ha proseguido Catalina, “el estudio de ordenación para el cambio de uso se fundamenta en una mejora urbana y darle otro uso el edificio de Gran Vía 34, antigua sede de la Junta de Andalucía que, también por error en su catalogación en el PGOU, corría el riesgo de estar vacío hasta que llegara otra administración a alquilarlo, cosa improbable”.
Este cambio en esta parcela de una superficie de 655 metros cuadrados y una superficie construida de 3.018 metros cuadrados, todo según Catastro, supone un incremento de aprovechamiento urbanístico, ya que el coeficiente de uso aplicable a una dotación privada es 0,67, mientras que el correspondiente al uso Residencial singular es 1.
Este incremento supone la obligación por parte del promotor de cesión del 10% del mismo, que supone 102,40 u.a., que al no resultar posible materializar en suelo dentro del área homogénea, podrá ser monetarizado, debiendo valorarse por los Servicios técnicos municipales.
Por último, Catalina ha reseñado que la propuesta no supone incremento de edificabilidad ni de población, ni se altera el nivel dotacional existente al tratarse de una dotación no básica, por lo que "no resultan necesarias cesiones para sistemas generales ni locales”.
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