sábado 20 abril
SALUD  |   | Redacción aG

Aquilino Alonso cierra en Granada los encuentros informativos sobre la Ley de Garantías

Salud ha organizado reuniones en todas las provincias andaluzas, con un millar de personas convocadas, para debatir la futura norma

Alonso se ha reunido en Granada con distintos colectivos para debatir sobre la Ley. Foto: aG.

Alonso se ha reunido en Granada con distintos colectivos para debatir sobre la Ley. Foto: aG.

El consejero de Salud de la Junta de Andalucía, Aquilino Alonso, ha cerrado este miércoles en Granada el ciclo de foros de diálogo y participación sobre la futura Ley de Garantías y Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público de Andalucía, con los que el Gobierno andaluz ha llamado a colaborar en esta norma pionera a nivel nacional a profesionales, entidades ciudadanas y colectivos de pacientes.

En esta ocasión, el encuentro ha contado con la presencia de representantes de diversas sociedades y asociaciones científicas que aportan innovación y conocimiento al sistema sanitario público y que mantienen un diálogo permanente con la Consejería de Salud. “Esta Ley será el instrumento para garantizar los derechos humanos, constitucionales y estatutarios de toda la población en Andalucía por eso queremos lograr un amplio consenso social y parlamentario en su tramitación”, ha afirmado el consejero.

Según un comunicado de la Junta, se cierra así la ronda de jornadas-debate que han acogido las ocho provincias andaluzas, en las que se han convocado un total de 1.014 personas entre profesionales (501), representantes de asociaciones de pacientes (293) y entidades ciudadanas (220). Además, se han mantenido 10 reuniones monográficas singulares con agentes económicos y sociales, organizaciones sindicales y colegios profesionales, en las que se ha debatido la Ley en profundidad.

El trámite de Audiencia concluyó el pasado 15 de octubre y, por el momento, se han recibido 64 informes de alegaciones presentadas por entidades y organizaciones, así como a nivel individual (fundamentalmente alegaciones aportadas por profesionales). Además, se han recibido diez informes de otras Consejerías de la Junta de Andalucía y entidades públicas. Se estima que, en el primer trimestre de 2016, el Consejo de Gobierno aprobará el proyecto de Ley definitivo para proceder a su debate en el Parlamento de Andalucía.

Blindar la sanidad pública

La futura Ley de Garantías y Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público tiene como objetivo "blindar la sanidad pública, garantizando y reforzando los derechos constitucionales y estatuarios en esta materia para cualquier persona, independientemente de sus circunstancias sociales y económicas, y bajo los principios de universalidad, equidad, solidaridad social e igualdad". “Con el proyecto que hoy vamos a trabajar queremos garantizar una sanidad pública al alcance de todas las personas en Andalucía, cualquiera que sea su situación social o económica, fortaleciendo los principios que inspiran el Sistema Sanitario Público de Andalucía”, ha expresado Aquilino Alonso.

Entre otras novedades, el anteproyecto determina expresamente que en ningún caso se establecerán sistemas de copago para las prestaciones de la cartera complementaria de servicios en el ámbito de competencias autonómicas. Asimismo, faculta a la Junta para arbitrar las medidas necesarias orientadas a minimizar el impacto en la ciudadanía de este tipo de medidas, en caso de que la normativa básica estatal las prevea en las prestaciones incluidas en la cartera común.

La futura ley dará así rango legal a iniciativas que la Junta ya viene desarrollando frente a los copagos impuestos por el Gobierno central, como la que ha evitado, a través de la receta electrónica, que los pensionistas andaluces hayan tenido que adelantar cerca de 100 millones de euros por la aplicación del copago en farmacia impuesto por el Real Decreto Ley 16/2012.

El anteproyecto recoge las medidas para garantizar la perdurabilidad del sistema sanitario público, sus principios, los derechos de la ciudadanía, el acceso a su cartera de servicios y la universalidad de la asistencia. Junto a la obligatoriedad de consolidar el mantenimiento y funcionamiento de los servicios, así como la naturaleza pública y universal de la prestación asistencial, se refuerzan los nuevos derechos que ya tiene reconocidos la población andaluza en el ámbito de la salud, como los del acceso a todas las prestaciones y al historial médico, la segunda opinión médica, la libre elección de médico, los cuidados paliativos, el consejo genético y la medicina predictiva.

Sostenibilidad económica, social, ambiental y del conocimiento

Las medidas en torno a la sostenibilidad se dirigen a asegurar la viabilidad del sistema en las vertientes económica, social, ambiental y del conocimiento, la investigación y la innovación. En este ámbito, se incluyen el Plan Estratégico de Investigación e Innovación en Salud, un plan integral de formación continua y de la excelencia para los profesionales, así como la promoción y el desarrollo de una cultura de investigación.

Los profesionales aportan sostenibilidad al sistema gracias a su implicación y corresponsabilidad mediante el modelo de gestión clínica, un modelo que la Ley consolida como el escenario idóneo para avanzar en la sostenibilidad del sistema.

La Ley establece "el compromiso por parte del Gobierno andaluz de proteger a los profesionales garantizando un entorno de trabajo saludable y adoptando las medidas necesarias para la mejora continua de las condiciones de trabajo, la prevención de riesgos y la vigilancia de vuestra salud". Además, se mantendrá actualizado el Plan de  Gestión de la Igualdad de oportunidades y se desarrollarán estrategias para favorecer la conciliación de la vida laboral y familiar.

El anteproyecto establece asimismo que los presupuestos de la comunidad contarán con la financiación suficiente con carácter finalista para el sistema sanitario público. De igual modo, los ingresos que resulten en el sistema sanitario público por su actividad en investigación, desarrollo e innovación, entre otros, se revertirán en el propio sistema.

La futura Ley garantizará el desarrollo de medidas de uso racional del medicamento, como la prescripción por principio activo; la selección pública de medicamentos; el uso de guías farmacoterapéuticas de referencia, o la selección, adquisición y uso de las alterativas terapéuticas equivalentes más eficientes, partiendo del principio de libre prescripción.

Igualmente, se determina que la compra de bienes y servicios tendrá que atender a criterios de homogeneidad a través de estructuras integradas como las centrales de compras provincial y regional.

Como novedad, con la nueva norma se establecerá el Plan de Gestión del Sistema Sanitario Público de Andalucía, que contendrá las directrices, necesidades de recursos humanos y materiales, líneas estratégicas de formación, investigación y financiación para un periodo de cuatro años.

Por último, se desarrollarán sistemas de transparencia y publicidad de las subvenciones, ayudas e incentivos concedidos a la industria farmacéutica y se establecerán medidas de educación para salud dirigidas a la ciudadanía, con el objetivo de evitar el consumo innecesario de medicamentos.

La Ley también tiene un apartado dedicado a sostenibilidad social e incluye medidas de prevención y promoción de la salud, mejora de la gestión clínica, alianzas entre centros asistenciales y coordinación e integración de servicios sociales y sanitarios. En este sentido, se sitúa la gestión clínica como el escenario idóneo para la aplicación práctica de medidas destinadas a alcanzar la sostenibilidad del sistema gracias a la implicación y responsabilidad de los profesionales y ciudadanía en la gestión y uso racional de los recursos.

Asimismo, el texto se completa con medidas de sostenibilidad ambiental, principalmente a través de la actualización de la Estrategia de Gestión Ambiental y Energética, a fin de garantizar que la actividad sanitaria no repercuta en el impacto medioambiental.

Por último, se da especial relevancia en la futura ley a la sostenibilidad del conocimiento y de la I+i, haciendo hincapié en la transferencia del conocimiento a la ciudadanía y a los grupos de interés que interactúan con el sistema sanitario público andaluz, según ha detallado la Junta en el comunicado.

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