viernes 29 marzo
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Arcuri eleva una queja a la Universidad de Granada por unas jornadas sobre el caso de Juana Rivas

En ellas se analiza el caso de la madre de Maracena y la protección de los hijos víctimas de violencia de género

La defensa del italiano Francesco Arcuri ha elevado una queja formal a la Universidad de Granada por la celebración este martes de unas jornadas en las que se analiza el caso de Juana Rivas y la protección de los hijos víctimas de violencia de género y ha pedido que se deje de utilizar a ambos como "paradigmas, en uno y otro lado, de la violencia de género en España".

La expareja de Juana Rivas pide a la Audiencia que confirme su condena por sustracción de menores
La defensa del italiano Francesco Arcuri ha impugnado el recurso de apelación presentado por su expareja, Juana Rivas, contra la sentencia que la ha condenado a cinco años de prisión por la presunta sustracción de sus dos hijos menores y ha solicitado a la Audiencia de Granada que confirme la pena. En el escrito, el letrado Enrique Zambrano expone que la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal 1 de Granada contra Rivas, que incluye seis años de privación de la patria potestad, está "suficientemente motivada como para ser confirmada en la segunda instancia" a tenor de "las contundentes e incontestables pruebas de este procedimiento". Respecto al argumento desarrollado por la defensa de Rivas de que fue víctima de violencia de género, el letrado subraya que "no existe ni en España ni en Italia" ni una resolución que la considere así y que ella "solo se ampara en la famosa sentencia de 2009" dictada en conformidad" de Arcuri para "justificar sus ilícitas acciones". "Hechos que están juzgados, cumplida la condena, cancelado cualquier antecedente penal, por lo que es ilegal e incluso moralmente reprochable, en contra de los principios básicos del derecho penal español, seguir intentando cronificar la condición del autocondenado mi cliente", advierte. Se insiste en el escrito en que "no existe ningún procedimiento penal abierto en el que Arcuri esté imputado" y censura que Rivas haya intentado "poner el foco en el supuesto maltrato que dice haber sufrido ella" y que ha hecho extensivo a los hijos de la pareja, de 4 y 12 años. Respecto a esto último se hace alusión a los informes de los expertos que obran en las actuaciones, en los que no se observa a lo largo de la evaluación que la restitución al contexto paterno suponga "un grave peligro para su integridad física o psíquica". Por su parte, la Fiscalía ha pedido que se desestime el recurso de apelación presentado por Juana Rivas contra la sentencia que la ha condenado a cinco años de prisión por la sustracción de sus dos hijos menores y ha solicitado a la Audiencia de Granada que confirme la pena, según han informado a Europa Press fuentes del Ministerio Público. El Juzgado de lo Penal 1 de Granada condenó el pasado julio a Juana Rivas a un total de cinco años de prisión y a la retirada de la patria potestad de sus hijos durante otros seis como autora de dos delitos de sustracción de menores, después de que hace dos veranos permaneciera un mes en paradero desconocido con los niños incumpliendo las resoluciones judiciales que le obligaban a entregarlos al padre, el italiano Francesco Arcuri, al que acusa de malos tratos. A juicio de la fiscal que ha llevado el caso Juana Rivas, "consciente" de estas resoluciones judiciales, con ilícito ánimo de incumplirlas, permaneció oculta con sus hijos en un lugar indeterminado sin facilitar su paradero y "a sabiendas de la obligación que pesaba sobre ella de restituirlos".

En las jornadas participan varios miembros de la comunidad universitaria, como el director de la Unidad de Igualdad y profesor del Departamento de Medicina Legal, Miguel Lorente, así como la asesora jurídica del Centro de la Mujer de Maracena, Francisca Granados, entre otros.

En el escrito remitido este martes a la rectora de la UGR, la defensa de Arcuri recuerda que Rivas ha sido condenada a cinco años de prisión por sustracción de sus dos hijos menores, que su cliente tiene la guarda y custodia provisional de los niños y que ha sido propuesto por el equipo pericial italiano para que se haga firme la custodia a favor del padre.

La defensa de Arcuri mantiene que "Rivas y todo el elenco de personas que la rodean, todas y cada una de ellas, con unos intereses muy definidos, no pueden ser excusa, por sí solos para que la UGR mancille su prestigio acogiendo, no solo habilitando un espacio, sino permitiendo que varios participantes lo hagan como miembros de la comunidad docente de la misma, para seguir denostando a la Justicia", a su cliente y a sus hijos.

Opina que estas actuaciones "quieren dar una apariencia de legalidad a actos delictivos" y además "pretenden atacar la independencia judicial, creando juicios populares paralelos, a las que entidades de prestigio como la Universidad de Granada no debe prestarse".

Por todo ello, la defensa de Arcuri eleva queja formal sobre la jornada 'La protección de los hijos e hijas víctimas de violencia de género: el caso Juana Rivas', que está acogiendo la UGR, rogando que haga "comunicación pública al efecto de no compartir lo que en dicho foro se haya podido manifestar y a la par reprobar a lo ponentes que usaran su habilitación docente en la UGR".

Por su parte, la Universidad de Granada ha señalado que las jornadas en las que se está analizando este martes el caso de Juana Rivas son "meramente una actividad académica" y que la institución "no toma partido por ninguna de las partes" implicadas en este proceso "ni se hace responsable de las opiniones" que se realicen durante el acto.

Actividad de "carácter técnico"

Un portavoz de la UGR ha destacado que la institución se ha limitado a "acoger físicamente" esta actividad "de carácter técnico" en la que se está debatiendo acerca de la protección de los niños de las víctimas de la violencia de género.

Desde la institución insisten en que estas jornadas, tituladas 'La protección de los hijos e hijas víctimas de violencia de género: el caso Juana Rivas', son un acto académico que se ha celebrado en la Facultad de Relaciones Laborales y Recursos Humanos y que la institución "solo acoge físicamente", sin "hacerse responsable de las declaraciones y opiniones que se viertan" y "sin tomar partido" en un proceso que está siendo valorado por la Justicia.

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