Arquitectos Técnicos de Granada debaten sobre la aplicación de la nueva Ley de Vivienda en Andalucía
Tras la presentación del contenido del texto legal, se ha desarrollado la mesa redonda prevista, en la que los intervinientes han expresado su opinión
El Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Granada (Coaatgr) ha organizado una mesa de debate para abordar la recién implantada Ley de Vivienda de Andalucía, en la que se ha analizado el contenido de esta norma, llamada a tener un impacto "relevante" en uno de los principales problemas sociales y económicos actuales, y que además ha podido contribuir al impulso de la construcción de nuevas viviendas y la rehabilitación.
En la mesa, a la que han asistido de forma presencial y virtual unas 100 personas, han participado el arquitecto técnico y licenciado en Derecho Emilio Martín; el director general de Vivienda y Regeneración Urbana, Juan Cristóbal Jurado Vela; el concejal de Urbanismo, Obras Públicas y Licencias del Ayuntamiento de Granada, Enrique Catalina; y el presidente del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria en Granada, Francisco Javier García-Valdecasas; entre otros, ha destacado Coaatgr en una nota.
La presidenta del Coaatgr, María Paz García, ha sido la encargada de abrir el acto, destacando que quienes desarrollan su labor profesional en el ámbito de la edificación son "conscientes" del "grave problema" que representa hoy la vivienda, con un déficit habitacional "especialmente alarmante entre los jóvenes" y una falta de oferta que ha "disparado los precios en los últimos años hasta hacer imposible para una economía media tanto su adquisición como su arrendamiento".
Por ello, ha puesto de relieve que normativas como la andaluza, que acaba de entrar en vigor, suponen el "arranque de una acción decidida" para impulsar la construcción de nuevas viviendas, la rehabilitación de las existentes, así como una "clara incidencia" en la puesta en el mercado de vivienda protegida a precios asequibles.
"Es una regulación unitaria de la vivienda, integrando y ordenando una normativa hasta ahora dispersa", ha señalado García, quien también ha destacado que esta regulación unitaria del uso residencial puede resultar "muy eficaz", especialmente si se activan mecanismos previstos en la ley como la bolsa de suelo asequible, los planes de vivienda y suelo, la delimitación de áreas prioritarias de vivienda o el desarrollo del plan de inspección previsto.
Necesidad de "efectos reales"
Asimismo, ha reivindicado la necesidad de que la nueva ley produzca "efectos reales" en el corto y medio plazo, y ha mostrado la disposición de los arquitectos técnicos e ingenieros de edificación a "colaborar de forma activa en el desarrollo de las propuestas contempladas en la norma", aportando su experiencia tanto en órganos colegiados como a través de fórmulas de colaboración público-privada, especialmente en materia de vivienda protegida.
El colegiado y arquitecto técnico Emilio Martín ha sido el encargado de realizar una aproximación al contenido de la ley, abordando aspectos como las justificaciones recogidas en la exposición de motivos, su estructura, el objeto de la norma, la planificación y las competencias, la calidad de la vivienda, la rehabilitación, la vivienda protegida o las previsiones sobre el mercado residencial.
"Es una ley integral, que resume toda la legislación dispersa que queda englobada dentro de este texto", ha afirmado Martín, quien también ha moderado la mesa de debate y el análisis por parte de los participantes, que han coincidido en valorar positivamente la nueva normativa, a la espera de conocer cómo se llevará a cabo su implantación en la práctica.
Emilio Martín ha puesto además el acento en la importancia de que exista una planificación que recoja las competencias de la Comunidad Autónoma, estableciendo con claridad el papel de los ayuntamientos, de los que ha recordado que ahora todos podrán aprobar planes municipales, obligatorios en el caso de municipios de más de 10.000 habitantes.
Mesa redonda
Tras la presentación del contenido del texto legal, se ha desarrollado la mesa redonda prevista, en la que los intervinientes han expresado su opinión sobre cómo consideran que la ley puede contribuir a la construcción de viviendas en Andalucía. Jurado Vela ha puesto en valor los instrumentos contemplados en la norma y, sobre todo, las previsiones en materia de colaboración público-privada previstas en la misma, resaltando la necesidad de la participación de los profesionales del sector en su desarrollo.
Por su parte, Enrique Catalina ha expuesto los esfuerzos municipales para la puesta en carga de suelo y las actuaciones en materia de rehabilitación orientadas a la creación y puesta en uso del parque residencial en el municipio.
García-Valdecasas ha destacado el papel de intermediación en la adquisición y transmisión de la vivienda de los agentes de la propiedad inmobiliaria, una función que ha sido reconocida por la ley a través de la regulación específica de esta intervención. Pablo Argente del Castillo también ha valorado positivamente el reconocimiento profesional que la norma hace de los administradores de fincas, si bien ha señalado que este papel requiere un desarrollo más explícito.
Por último, Martínez-Cañavate ha subrayado el carácter general de la ley, lo que, a su juicio, exige un desarrollo reglamentario urgente para comprobar la efectividad real de las medidas propuestas, y ha señalado el limitado alcance previsto para la promoción privada, más allá del desarrollo de viviendas protegidas.
Tras las intervenciones de los ponentes, se ha abierto un amplio debate con participación del público asistente, tanto presencial como en línea, en el que se ha incidido de forma generalizada en la necesidad de una respuesta inmediata a factores como la oferta de suelo, la reducción de los plazos de tramitación, una mayor seguridad jurídica en los procesos edificatorios o el alcance de la función social de la vivienda.
También se han abordado cuestiones como las ayudas fiscales, el carácter del suelo finalista, la incidencia de la vivienda turística -que queda al margen de esta regulación- o las medidas para combatir las ocupaciones ilegales.
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