Atarfe planteará pagar a plazos las cuotas de Seguridad Social pendientes de Ayuda a Domicilio
El primer pago se produciría ya en 2021, año para el que se prepara un nuevo proyecto de cuentas municipales
El Ayuntamiento de Atarfe ha solicitado una reunión con la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) en la provincia para solicitar el pago a plazos de un montante de 1,4 millones de euros por las cuotas de un grupo de 31 trabajadoras de Ayuda a Domicilio tras dictaminar el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que funcionaron como "falsos autónomos".
Así lo ha explicado el alcalde de Atarfe, Pedro Martínez, quien ha detallado que la negociación para el pago de las cuotas que se dejaron de ingresar en relación con ellas como trabajadoras por cuenta ajena está pendiente de esta reunión.
Ha indicado que espera que la TGSS dé al Ayuntamiento atarfeño esta "posibilidad de pago aplazado" como hace con otras empresas que han de afrontar el pago de deudas, de tal modo que no "suponga una carga" en la economía local a cargo del presupuesto municipal de 2020 en vigor.
Según las previsiones que maneja el alcalde, el primer pago se produciría ya en 2021, año para el que se prepara un nuevo proyecto de cuentas municipales para cuya aprobación el PSOE, que gobierna con mayoría simple en el municipio, tiene previsto abrir negociaciones con el resto de grupos con representación en la corporación, como son PP, Cs, Atarfe Sí, IU y Vox.
Martínez ha explicado que éste es un tema "sobrevenido" al que el Ayuntamiento ha de "hacer frente" tras la "sentencia judicial firme" del TSJA, y que se trabaja para efectuar el pago "en las mejores condiciones" y para que "no sea gravoso para el pueblo".
Con fecha de 28 de septiembre de 2020, en una sentencia que ya ha ido al Pleno municipal, el TSJA desestimaba el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Ayuntamiento de Atarfe el mandato pasado, con gobierno de Atarfe Sí, contra las resoluciones de la TGSS que obligaban al Consistorio a este pago.
La sentencia, explica que el Ayuntamiento, gobernado hasta 2015 por el PSOE, sostuvo que las trabajadoras del servicio realizaban sus tareas encuadradas en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos y como comuneras de una comunidad de bienes, por lo que no se podía considerar que existiera "relación laboral", además de que no concurrían "las circunstancias fácticas y jurídicas para darles de alta en el Régimen General de la Seguridad Social".
Sin embargo, prosigue, la Inspección Provincial de Trabajo comprobó que las trabajadoras realizaban la prestación "para el Ayuntamiento recurrente como falsas autónomas, bajo el andamiaje jurídico de una comunidad de bienes" y de "un contrato de prestación de servicios de carácter presuntamente mercantil que fue declarado nulo" en Pleno municipal "el 21 de septiembre de 2016, tras dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía".
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA, por su parte, expone que la Inspección de Trabajo da "datos objetivos extraídos tras la visita girada al centro de trabajo, documentos y entrevistas a trabajadoras y responsables de los servicios de bienestar social".
Así, en el Ayuntamiento, y, en concreto, en la sede de Servicios Sociales, en "un pequeño despacho", una persona que manifestó ser comunera de la citada comunidad de bienes realizaba "labores administrativas en relación con la prestación" de la Ayuda a Domicilio, y "más específicamente", asignaba "turnos al resto de mujeres" que prestaban el servicio, elaborando "horarios de actividad", y comunicándose con la asesoría laboral "a efectos de cotizaciones sociales", entre otras tareas.
El Gobierno local del anterior mandato municipal, de Atarfe Sí, denunció públicamente en 2017 que el Ministerio de Empleo y Seguridad Social reclamó al Ayuntamiento 1,4 millones de euros en concepto de cuotas a la Seguridad Social de trabajadoras del servicio de Ayuda a Domicilio por la situación de irregularidad en las que venían trabajando desde 1992, y activó su regularización.
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