Atarfe recurrirá la sentencia sobre la deuda que mantiene con Resur
El Consistorio asegura que ha tratado de llegar, sin éxito, a un acuerdo con la administración supramunicipal
El Ayuntamiento de Atarfe ha anunciado que interpondrá los recursos judiciales correspondientes para defender "los intereses" públicos del municipio después de que un Juzgado haya resuelto que la ciudad metropolitana debe afrontar el pago de más de 1,9 millones de euros correspondientes a la deuda con el extinto consorcio provincial de residuos (Resur).
Desde el Consistorio han mostrado su "absoluto desacuerdo" con esta sentencia, no tanto por su contenido económico sino porque consideran que es un asunto "ya juzgado", con una "deuda reconocida y un mecanismo de pago previamente acordado y ejecutado partcialmente".
Del mismo modo, han mostrado críticas a la Diputación de Granada, de la que han recordado que tiene como "función fundamental asistir y proteger" a todos los municipios, por lo que han calificado "inaceptable e inaudito" que "utilice su posición institucional para lanzar un ataque político sin precedentes contra un ayuntamiento democrático, en este caso, el de Atarfe".
"Es una actitud desleal, alejada del más mínimo sentido institucional, que solo puede entenderse desde la lógica de la confrontación partidista y la utilización del aparato provincial como arma de guerra sucia", han censurado, al tiempo que consideran que la versión ofrecida es "interesada y sesgada de los hechos, obviando deliberadamente aspectos esenciales del procedimiento judicial al que hace referencia".
Desde 2017
La alcaldesa de Atarfe, Yolanda Fernández, ha recordado que en 2017 se dictó una sentencia que fijó el importe total de la deuda en algo más de 3,1 millones de euros y estableció el sistema de pago a través de retenciones automáticas trimestrales de la Patrica por importe de 127.000 euros.
Este sistema, ha dicho, fue propuesto por Resur y avalado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, y "fue cumplido rigurosamente por el Ayuntamiento, incluyendo el abono de los intereses generados”.
"Sin previo aviso y por causas totalmente ajenas a este Ayuntamiento, dichas retenciones dejaron de practicarse. Se trataba de un acuerdo operativo entre el extinto Consorcio y la Dirección General de Administración Local, sobre el cual Atarfe no tenía capacidad de intervención directa", ha recalcado.
Este equipo de Gobierno, ha afirmado Fernández, retomó el diálogo con la Diputación de Granada para alcanzar un nuevo plan de pagos. "Sin embargo, la respuesta de la Diputación, ahora gobernada por el Partido Popular, fue tajante: rechazo absoluto a cualquier acuerdo extrajudicial y decisión de acudir directamente a los tribunales, solicitando el pago total de la cantidad ya sentenciada".
“Estamos asistiendo a un uso político intolerable de una cuestión técnica y administrativa,
resuelta en su momento por los tribunales, y cuyo cumplimiento fue garantizado por este Ayuntamiento. Lo que hace ahora la Diputación no es gestión pública, es persecución política. Y eso, viniendo de una institución que debe estar al servicio de todos, es profundamente
desleal”, ha concluido.
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