CSIF acude a la Inspección de Trabajo por la aplicación de las de 37,5 horas en el SAS
El Sector de Sanidad redactó escritos de denuncia por la aplicación de esta jornada en todas las áreas de gestión sanitarias, distritos sanitarios y centros hospitalarios de Andalucía
Galenos pasean a las puertas del San Cecilio. Foto: Álex Cámara
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF, ha presentado casi medio centenar de escritos de denuncia ante la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Trabajo, por la aplicación de la jornada de las 37,5 horas en todos los centros pertenecientes al Servicio Andaluz de Salud (SAS).
De esta forma, el Sector de Sanidad de CSIF ha formalizado los escritos de denuncia relativos a todos los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, es decir, todas las áreas de gestión sanitaria, todos los distritos sanitarios y todos los centros hospitalarios de las ocho provincias andaluzas.
En Granada se denuncia que la aplicación de la jornada de 37,5 horas que está llevando a cabo el SAS vulnera lo establecido en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, ya que está suponiendo en la práctica la realización de jornadas con una duración máxima superior a la recomendable (nueve horas ininterrumpidas) sin tener en cuenta la salud y la edad de los trabajadores, las condiciones de trabajo (exigencias de la tarea, tanto en el plano físico como mental; la diversidad del trabajo y la exposición a productos tóxicos), el tiempo de desplazamiento de los trabajadores a su trabajo y las obligaciones familiares.
Seguridad de los trabajadores
Para el Sector de Sanidad de CSIF, ninguna de estas consideraciones se ha tenido en cuenta en la aplicación de la jornada de 37,5 horas en el SAS, que además supone un cambio sustancial de las condiciones de trabajo, lo cual conlleva obligatoriamente -según lo establecido en la Ley 31/1995- la realización de una actualización de la evaluación de riesgos y la práctica de una vigilancia de la salud para garantizar que dichas medidas no ponen en peligro la seguridad y la salud de los trabajadores y particularmente de los trabajadores especialmente sensibles.
Para CSIF, según los escritos, tanto la Evaluación de Riesgos como La Vigilancia de la Salud se deben realizar respetando los principios relativos a la consulta y participación de los trabajadores o de sus representantes establecidos en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), sin que en ningún momento se haya realizado dicha consulta ni participación en dicha aplicación.
En la misma línea de estos escritos y en su lucha por la precariedad de las condiciones laborales de los profesionales sanitarios, el Sector de Sanidad de CSIF también anuncia que ha trasladado el asunto y toda la información que maneja a la Asesoría Jurídica, por si cabe el establecimiento de posibles medidas legales.
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