sábado 6 marzo
Tribunales  |   | E.P.

Declarado culpable el exalcalde de Castril por contratar líneas eróticas en el móvil municipal

El jurado popular entiende que contrató de forma "consciente y voluntaria" servicios de ocio por Internet, televisión y 'cámara oculta sexy' ajenos a la función pública que desarrollaba

Un jurado popular ha declarado culpable de un delito de malversación de fondos públicos al exalcalde socialista de Castril José Juan López Ródenas al entender que contrató de forma "consciente y voluntaria" en el móvil municipal servicios de ocio por Internet, televisión y 'cámara oculta sexy' ajenos a la función pública que desarrollaba como regidor.

El jurado ha dado a conocer su veredicto en la tarde de este miércoles después de que en la última sesión del juicio la Fiscalía haya mantenido su petición de absolución para el exregidor al entender que no está acreditado que hubiera activado estos servicios de forma voluntaria, sin embargo la acusación particular ejercida por el Ayuntamiento de Castril ha venido manteniendo que sí lo hizo y ha solicitado que sea condenado a 3.240 euros de multa y suspensión de empleo o cargo público por 21 meses.

López Ródenas, que fue alcalde de Castril de 2004 a 2011, declaró el martes que nunca llegó a contratar ninguno de estos servicios por los que se le ha tarifado y que aparecían reflejados en las facturas, sino que fue víctima de una "estafa", pues él "desconocía" cómo funcionaban y el modo en que pudieron llegar a activarse. "Yo no me pasaba el día abriendo mensajes", llegó a relatar ante el tribunal.

Durante el juicio, celebrado en la Sección Primera de la Audiencia de Granada, se puso de manifiesto que el coste total por estos servicios de telefonía fue de 1.579 euros que López Ródenas abonó en la cuenta municipal, por lo que su defensa ha venido argumentado que no ha existido perjuicio al Ayuntamiento de Castril. López Ródenas ha enmarcado esta causa en una campaña de "acoso y calumnias" contra su persona.

Desde el Ayuntamiento de Castril, representado por el letrado Rafael Revelles, rechazan el argumento de que se trate de una estafa al registrarse cargos por servicios de diez empresas diferentes durante varios años, algunas de las cuales requerían claves de acceso para disfrutar de los contenidos. Agregan que, aunque el exregidor devolviera el dinero y no se trate de una cantidad muy elevada, ello no impide que se cometiera el delito y lo que buscaban con esta acusación es un "reproche penal" a esa forma de proceder.

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