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Denuncian a cuatro guardias civiles de Granada tras ser captados por un radar cuando acudían a un atraco
La AUGC sostiene que los agentes circulaban con exceso de velocidad por orden de la Central Operativa de Servicios y reclama un protocolo que garantice seguridad jurídica
La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha mostrado su "profunda preocupación e indignación" por un procedimiento judicial iniciado contra cuatro agentes que fueron detectados por un radar fijo cuando se desplazaban de madrugada para acudir a un atraco en curso en una localidad de la provincia de Granada.
Según explica la asociación a través de un comunicado, los hechos se produjeron aproximadamente a las 03.00 horas, cuando la Central Operativa de Servicios (COS) alertó de que se estaba produciendo un atraco. Ante el aviso, las patrullas más cercanas recibieron la orden de acudir "con la máxima celeridad posible" para intentar impedir la comisión del delito y prestar auxilio a las víctimas.
Durante el desplazamiento hacia el lugar de los hechos, las dos patrullas fueron captadas por un radar fijo. AUGC sostiene que los agentes estaban cumpliendo una orden operativa urgente y que, además, existían informes oficiales que justificaban el exceso de velocidad por encontrarse en un servicio de estas características.
Sin embargo, desde la GIAT de la Zona de Sevilla se ordenó la instrucción de diligencias penales contra los componentes de ambas patrullas. Aproximadamente un mes y medio después, los cuatro guardias civiles tuvieron que comparecer ante el Juzgado de Guardia para prestar declaración, lo que, según AUGC, les ocasionó un "perjuicio personal y profesional". La asociación ha señalado que uno de los agentes tuvo incluso que interrumpir sus vacaciones para acudir a la citación judicial.
Posibles consecuencias penales
AUGC subraya que no se trató únicamente de una cuestión administrativa, ya que la instrucción de diligencias exponía a los agentes a las consecuencias previstas para un posible delito contra la seguridad vial.
La asociación recuerda que, de haberse apreciado responsabilidad penal por exceso de velocidad en los términos previstos en el artículo 379.1 del Código Penal, los agentes podían haberse enfrentado a penas de prisión de tres a seis meses, multa de seis a doce meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días. En todo caso, también podía contemplarse la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por un periodo superior a un año y hasta cuatro años.
A juicio de AUGC, esta situación resulta "especialmente difícil de comprender porque los agentes se encontraban desplazándose por una orden urgente de la COS para acudir a un atraco en curso". La asociación recuerda asimismo que la normativa de circulación contempla un régimen especial para los vehículos prioritarios cuando prestan servicios de urgencia, permitiéndoles, bajo las condiciones legalmente establecidas y extremando las precauciones, superar los límites de velocidad.
Finalmente, según AUGC, tanto la Fiscalía como la autoridad judicial descartaron la existencia de responsabilidad penal, poniendo fin al procedimiento.
La asociación considera que este procedimiento "nunca debió iniciarse" y denuncia el perjuicio personal y profesional que, a su juicio, ocasionó a los cuatro agentes afectados.
La organización también ha puesto el foco en que dos de los guardias civiles afectados ocupan cargos representativos dentro de AUGC. Uno de ellos es secretario provincial de la asociación en Granada y el otro secretario de Prensa y Finanzas.
En este sentido, AUGC plantea si la actuación habría sido la misma de no concurrir esta circunstancia, aunque recalca que "no afirma que exista relación entre ambos hechos". La asociación considera, no obstante, "legítimo" poner de manifiesto esta circunstancia, que califica de "llamativa" al tratarse, según señala, de la primera vez que tiene conocimiento de una situación de estas características.
Desde AUGC han considerado "incomprensible" que agentes que asumen diariamente riesgos para proteger a los ciudadanos tengan que comparecer posteriormente ante un juez por cumplir una orden recibida para acudir con urgencia a un delito grave.
La organización critica que las decisiones puedan adoptarse desde un despacho sin tener en cuenta, a su juicio, la presión, la responsabilidad y el riesgo que implica acudir de madrugada a un atraco en curso. Además, sostiene que quienes trabajan sobre el terreno conocen que, en este tipo de situaciones, "cada minuto puede ser determinante para proteger a las víctimas, detener a los autores o evitar consecuencias más graves".
Reclama un protocolo para los servicios urgentes
Ante esta situación, AUGC reclama a la Dirección General de la Guardia Civil que establezca un protocolo "claro y uniforme" para este tipo de actuaciones, con el objetivo de que ningún agente vuelva a verse inmerso en un procedimiento judicial por cumplir una orden operativa de carácter urgente cuando su actuación esté debidamente justificada.
La asociación considera que los guardias civiles necesitan seguridad jurídica para tomar decisiones en cuestión de segundos durante servicios de emergencia y advierte de que, en caso de no establecerse criterios "claros", debería comunicarse expresamente a los agentes que incluso ante avisos de "máxima urgencia", como atracos, agresiones o situaciones que puedan poner en riesgo la vida o la integridad de las personas, no podrán sobrepasar los límites de velocidad establecidos, asumiendo las consecuencias que ello pueda tener sobre los tiempos de respuesta.
A juicio de AUGC, este tipo de situaciones no afectan únicamente a los agentes, "sino también a los ciudadanos". La asociación considera que si quienes acuden a un servicio urgente deben temer que posteriormente se les abra un procedimiento judicial por priorizar una respuesta rápida, puede generarse una situación de inseguridad jurídica para los propios agentes y un riesgo de que las intervenciones se desarrollen con una cautela incompatible con la inmediatez que requieren determinadas emergencias.
La organización pone como ejemplo a las personas que llaman al 062 cuando están siendo víctimas de un atraco, una agresión o cualquier otra situación de grave peligro. Según AUGC, estos ciudadanos esperan que una patrulla de la Guardia Civil llegue "cuanto antes" para prestarles protección.
Espíritu de servicio de la Guardia Civil
La asociación ha señalado asimismo los principios recogidos en la Cartilla del Guardia Civil, inspirada en los fundamentos del Cuerpo, donde se establece la obligación del guardia civil de acudir con prontitud en auxilio de quien reclame la protección del Instituto.
Para AUGC, ese principio ha guiado durante más de 180 años la actuación de los guardias civiles y continúa siendo una referencia ética y profesional para quienes integran la Institución.
La organización considera que los agentes "no deberían verse obligados a elegir entre cumplir una orden urgente para proteger a un ciudadano o protegerse frente a posibles consecuencias judiciales posteriores".
Por ello, defiende que la sociedad necesita una Guardia Civil capaz de actuar con rapidez y eficacia, mientras que los guardias civiles deben contar con la seguridad jurídica necesaria para hacerlo sin temor a ser perseguidos por cumplir con su deber.
Así, la asociación ha indicado que, cuando se cuestiona la rapidez con la que un agente acude a auxiliar a un ciudadano, "las consecuencias no recaen únicamente sobre el profesional que termina compareciendo ante un juez, sino también sobre el propio ciudadano que, en una situación de peligro, espera que una patrulla de la Guardia Civil llegue cuanto antes".
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Pues la próxima vez al atraco va ir su...!!