sábado 4 diciembre
La Capital  |   | Redacción aG

Denuncian que el Ayuntamiento de Granada tiene 1.300 facturas sin abonar

El edil de UP-IU, Francisco Puentedura, reprocha que "no pagar en tiempo y forma pone en peligro a los pequeños negocios"

El concejal de Unidas Podemos-IU e independiente en el Ayuntamiento de Granada, Francisco Puentedura, ha reclamado este lunes que el gobierno municipal priorice en el pago a proveedores a las pequeñas y medianas empresas de la ciudad para evitar el colapso de los servicios municipales como consecuencia de la morosidad del Ayuntamiento.

"Así lo hemos demandado en el último Pleno municipal a través de una iniciativa donde recordamos que la bajada a 84 días anunciada por el equipo de gobierno en el periodo medio de pagos en los últimos meses es un espejismo, toda vez que la deuda comercial del Ayuntamiento supera aún los 54 millones de euros, el remanente negativo de tesorería está por encima de 70 millones de euros (lo cual dificulta el cumplimiento del plan de ajuste y la elaboración de un nuevo presupuesto municipal) y aún quedan más de 1.300 facturas pendientes de pago, correspondiendo la inmensa mayoría de estas facturas a pequeños proveedores del Ayuntamiento", ha señalado el edil, según una nota de este partido, que añade que estos datos fueron ofrecidos por el propio equipo de gobierno en el pasado Pleno.

Puentedura reprocha que "no pagar en tiempo y forma no sólo pone en peligro a estos pequeños negocios sino que puede provocar que dejen de ser proveedores municipales y por tanto pone en riesgo el correcto funcionamiento de muchos servicios públicos básicos para la ciudad".

Para corregir esta situación, en la iniciativa presentada en el último Pleno municipal el grupo de UP hizo dos propuestas, que fueron aceptadas por el equipo de gobierno.

La primera de ellas es el cambio de la normativa que regula la prelación de pagos del Ayuntamiento, dando por tanto prioridad a las facturas de pequeños proveedores de la ciudad y por tanto reduciendo en gran número las más de 1.300 facturas que aún están pendientes de pago, a la vez que se establezca un plan de pagos efectivo.

UP exigió, por otro lado, que el Ayuntamiento aproveche los instrumentos financieros que permitan agilizar el pago a proveedores y reducir tanto la deuda comercial como el periodo medio de pago, que está muy por encima del límites de 60 días que la ley establece para las administraciones públicas.

"Para ello, la aplicación de la disposición adicional número 109 de la ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021, es una buena oportunidad para aliviar la situación financiera del Ayuntamiento", ha recomendado el concejal que matiza que "esta disposición permite que el Ayuntamiento refinancie la deuda a corto plazo para convertirla, a largo plazo, en un periodo de amortización de 10 años y con dos primeros años de carencia.

Nuevos instrumentos financieros

Puentedura ha subrayado que estas medidas permitirán que el Ayuntamiento "pueda poner en marcha nuevos instrumentos financieros como el confirming, operaciones de crédito que están a muy bajo interés, al 0,10%, y que funcionan como una póliza de crédito mediante el cual el Ayuntamiento puede endosar el pago de facturas para que los proveedores no tengan que esperar para cobrar sus facturas, y donde debe priorizarse a las pymes".

Hasta ahora el Ayuntamiento de Granada ha aplicado esta disposición adicional por la cantidad total de 4 millones de euros, pero, explica, "tiene margen de maniobra para poder refinanciar esta deuda por otros 9 millones de euros más (pues sólo se han refinanciado 4 millones de euros del total de 13 millones de euros que supone la deuda a corto plazo del Ayuntamiento) y todavía se está a tiempo antes de que finalice este año, que es límite que establecen los Presupuestos Generales del Estado".

"Se trata de estabilizar la economía municipal, de reducir la deuda comercial del Ayuntamiento y de que los platos rotos de una gestión económica nefasta durante décadas en el Ayuntamiento de Granada no los paguen las pequeñas empresas y negocios de la ciudad, los trabajadores de las mismas, ni la ciudadanía de Granada viendo como se deterioran los servicios públicos que el Ayuntamiento debe prestar, como consecuencia de la morosidad a la hora de cubrir sus obligaciones de pago", finaliza.

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