Desarticulan en Granada una red que falsificaba documentos para regularizar a empresarios marroquíes
La organización llegaba a alquilar locales en los que nunca se abría ningún comercio, así como pisos que estaban la mayor parte del tiempo deshabitados
Agentes de la Policía Nacional han desarticulado en Granada a un grupo criminal que estaría dedicado a favorecer la regularización de empresarios marroquíes en su país y de sus familias con alto poder adquisitivo mediante la falsificación de documentos que les hacían pasar por empresarios también en territorio español.
En esta operación han sido detenidas ocho personas, entre ellas una abogada en ejercicio con despacho en Granada, habiéndose detectado la regularización ilegal de 15 personas pertenecientes a cuatro familias, según ha informado el cuerpo policial en una nota de prensa.
Las investigaciones se iniciaron con motivo de una investigación anterior en la que agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Granada advirtieron de que un empresario marroquí en su país había obtenido autorización de residencia y trabajo después de presentar documentos falsificados que le acreditaban como falso titular de un establecimiento de venta de calzado, situado en un local del centro de la ciudad, en el que no ha habido comercio alguno.
Una vez determinada la realización del trámite documental en un despacho de abogados de Granada que actuaba como representante del ciudadano marroquí, descubrieron que la abogada se habría desplazado al Consulado de España en Nador donde habría instado en nombre del extranjero, que sí era empresario en Marruecos, un procedimiento de regulación que se hacía extensivo para su esposa e hijos.
Entre otras irregularidades, la familia únicamente residía en el país cortos periodos de tiempo, los necesarios para no exceder los espacios temporales que los extranjeros residentes pueden estar fuera. Además de simular falsas actividades mercantiles, los locales y pisos eran alquilados realmente a través de una inmobiliaria y, para obtener la complicidad o el silencio de los propietarios, se les abonaban semestres completos por adelantado. En el caso de que manifestasen la inexistencia de negocios en sus locales, se les indicaba que se trataba de una práctica legal.
Según avanzaba la investigación, obtuvieron datos que corroboraban que se trataba de "una práctica común y continuada" de este despacho jurídico, donde se cobraban importes entre los 20.000 y los 40.000 euros a los extranjeros marroquíes para regularizarlos ilícitamente como falsos empresarios en el país.
En cuanto a los detenidos, la investigación señala la participación, junto con la abogada, de la responsable de una inmobiliaria y de otra mujer, nacionalizada española de origen marroquí, encargada de acompañar a la letrada a Nador y Tánger para captar a las personas a los que ofrecer las regularizaciones ilegales y hacer las veces de intérprete, y que también actuaría como representante legal en los expedientes de regulación y renovación de estas personas.
Los investigadores han acreditado la regularización ilegal de cuatro familias marroquíes de nivel económico acomodado, que suman en total 15 personas con permisos de residencia en fraude de ley, motivo por el que, al margen de las actuaciones penales emprendidas, se ha solicitado la revocación de las autorizaciones de residencia y trabajo por cuenta propia.
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