Dimite el alcalde de Gójar tras ser condenado a un año de cárcel y 17 de inhabilitación
Francisco Javier Maldonado solicita “la suspensión cautelar de militancia hasta que se resuelva el recurso de casación que se presentará en el Tribunal Supremo”
El alcalde de Gójar, Francisco Javier Maldonado (PP), ha dimitido del cargo y ha solicitado la suspensión cautelar de militancia tras ser condenado por la Audiencia Provincial de Granada a un año de prisión y 17 años de inhabilitación para empleo o cargo público por las irregularidades urbanísticas que permitieron construir una promoción de viviendas por parte de la empresa Cavifer S.L, de la que era socio su hermano.
Maldonado ha sido condenado por un delito de prevaricación urbanística y otro de prevaricación administrativa por "gestar y firmar" el convenio irregular que permitió levantar dos edificios de 19 viviendas, locales y aparcamientos en unos terrenos del municipio "incumpliendo toda la legalidad urbanística aplicable" para "beneficiar a su hermano", causando un perjuicio económico al Ayuntamiento, según consta en la sentencia.
El hermano del hasta ahora alcalde de Gójar ha sido condenado a dos años y medio de prisión; a dos multas -una de 400.000 euros- y a dos años de inhabilitación especial para la profesión de promotor inmobiliario por un delito de tráfico de influencias y otro de ordenación del territorio; además de tener que hacerse cargo de la demolición de la promoción, donde no se ha vendido ninguna vivienda al declararse la nulidad del convenio.
Maldonado ha tomado la decisión de dimitir y pedir la suspensión de militancia para "preservar las siglas del PP hasta que se resuelva el recurso de casación que presentará en el Tribunal Supremo contra esta sentencia", que se produce tras el juicio que se celebró el pasado mayo, en el que defendió que esta promoción de viviendas contaba "con informes favorables" y dijo que no conoció que su hermano fuera socio de la promotora hasta casi el final de la tramitación del proyecto.
La Sección Primera de la Audiencia de Granada no comparte su versión y entiende que el procedimiento que se siguió no se ajustó a la legalidad, "siendo todos los acusados conocedores de ello".
Por eso, también condena al secretario habilitado que informó favorablemente el convenio urbanístico a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación administrativa; y al aparejador municipal, que reconoció en el juicio que incumplió la legalidad con la emisión de su informe, a la pena de siete años de inhabilitación y seis meses de prisión.
Tras conocer la sentencia, el PP ha confiado en que, "tras presentar el correspondiente recurso ante el Supremo, la situación se resuelva favorablemente para Francisco Maldonado", al que ha calificado como "un hombre de partido que ha trabajado duramente todos estos años por la prosperidad de su municipio y el bienestar de los vecinos de Gójar".
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