viernes 29 marzo
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El alcalde de Armilla será juzgado en septiembre por los vertidos del PTS

El Juzgado de Instrucción número 4 le acusa de un delito contra el Medio Ambiente y otro de prevaricación · El PP responsabiliza a IU y a Ahora Sí de mantener a Sánchez en el cargo

El juicio por los vertidos tendrá lugar los días 16 y 17 de septiembre. Foto: Antonio Ropero

El juicio por los vertidos tendrá lugar los días 16 y 17 de septiembre. Foto: Antonio Ropero

El Juzgado de Instrucción Número 4 de Granada ha abierto juicio oral contra el alcalde de Armilla, Gerardo Sánchez, y un ingeniero, que actuó en calidad de director de obra, por los vertidos del Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud (PTS) por el que el magistrado acusa al regidor armillero de haber cometido presuntamente un delito contra el Medio Ambiente y otro de prevaricación administrativa.

Según el auto, dado a conocer este lunes por el PP de Granada, la Fiscalía solicitaba una condena de un año de prisión, multa de 1.800 euros de 6 meses a razón de 10 euros diarios e inhabilitación especial para la profesión u oficio por tiempo de seis años, aunque sin responsabilidad civil al "haberse restaurado" el equilibrio ecológico perturbado, habiendo cesado los vertidos ilícitos".

Así las cosas, el juez considera "indiciariamiente" acreditado a efectos de abrir juicio oral la existencia de indicios de responsabilidad contra los dos imputados en cuanto al delito contra el Medio Ambiente, al considerar que la actuación de ambos "ha dado lugar al vertido objeto de estudio".

El análisis oficial acordado judicialmente de las muestras tomadas en el punto de vertido refleja "claramente y de forma objetiva y contundente" la existencia de sustancias que "generan riesgo potencialmente grave para la salud, concretamente además de elementos de origen fecal y materias orgánicas en fase de descomposición, se detecta entre otros elementos patógenos y contaminantes perjudiciales para la salud humana, flora y cultivos destinados al consumo la existencia de escrechia coli y proteus mirabilis".

El magistrado ha censurado el hecho de que las instituciones políticas intervinientes hayan mostrado "una falta de voluntad clara" de solventar e investigar "el fondo de la cuestión debatida" en el procedimiento. De este modo, pone como ejemplo el caso de que el Ayuntamiento de Armilla actuase como acusación particular mientras el PP estaba al frente del Gobierno local y que cambiase de postura cuando Gerardo Sánchez accedió al Consistorio: "Pasó de considerarse perjudicado por unos hechos presuntamente delictivos a olvidar los mismos y no reclamar nada ni por ellos ni en favor del municipio".

Del mismo modo, el juez también reprueba la actitud de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), empresa que entregó 450.000 euros en concepto de subvención al Consistorio y que "aun existiendo evidencias de que los mismos no fueron destinados al fin para que se requirieron, no se considera perjudicada por ese eventual comportamiento".

Por este caso, el juzgado abre juicio oral contra los imputados por la presunta comisión de un delito contra el Medio Ambiente por el que acusa la Fiscalía y la acusación popular, que ejerce el PP, y un delito de prevaricación administrativa solo contra el alcalde armillero, que solo ejercita la acusación popular.

Reacción del PP

El portavoz del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Armilla, Antonio Ayllón, ha dicho en rueda de prensa que "ya era hora" de que el juzgado abriera juicio oral 20 meses después y aunque ha afirmado que se produce tras las Municipales considera que el regidor municipal no puede seguir "ni un minuto más" al frente del municipio.

En este sentido, ha censurado la actitud de las formaciones IU y Ahora Sí -vinculada a Podemos- por sostener el Gobierno local del PSOE con Gerardo Sánchez al frente, que va a protagonizar en septiembre "un circo político", que además "le consiente" el PSOE provincial.

Ayllón ha incidido en la necesidad de que la Junta de Andalucía se persone para aclarar dónde fue a parar la subvención que concedió la Agencia IDEA para estas obras.

“Parece que a la Junta de Andalucía y la agencia IDEA, también implicada en el caso de los Eres y los cursos de formación, no tienen ningún interés en saber qué ha ocurrido con esos 450.000 euros con los que se deberían de haber realizado los colectores. ¿Será por qué es un alcalde socialista y anteponen los interese del PSOE a los intereses de todos los granadinos?", ha preguntado Ayllón.

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