jueves 21 noviembre
La Capital  |   | E.P.

El Ayuntamiento fija en 30 millones la deuda por irregularidades urbanísticas en el mandato del PP

Una nueva sentencia condena al Consistorio a pagar 988.494 euros a la Agencia de vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) por la expropiación forzosa de una parcela situada en el PP-T1 Cerrillo de Maracena

La rueda de prensa ha tenido lugar este lunes en el Ayuntamiento de Granada. Foto: Javier Algarra

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Granada ha elevado a 30 millones de euros la deuda que tendrá que hacer frente la ciudad por resoluciones judiciales derivadas de "la gestión negligente y los casos de corrupción urbanística" durante la etapa de gobierno del PP.

El portavoz del equipo de Gobierno y concejal de Economía y Hacienda, Baldomero Oliver, ha dado a conocer esta cifra con motivo de una nueva sentencia en la que se condena al Consistorio a pagar 988.494 euros a la Agencia de vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) por la expropiación forzosa de una parcela situada en el PP-T1 Cerrillo de Maracena.

Oliver, que ha estado acompañado por el concejal de Urbanismo y Medio Ambiente, Miguel Ángel Fernández Madrid, ha enumerado las sentencias urbanísticas ya recaídas o que están a punto de recaer por los contenciosos abiertos contra el Ayuntamiento, entre los que ha citado los casos de TG7, Emucesa, Casa Ágreda, Oeste III o Villa Pineda y ha achacado la actual situación económica de la ciudad a la "nefasta" gestión económica del PP durante los años que estuvo al frente del Ayuntamiento.

Esto le ha llevado a instar al presidente provincial del PP y candidato a la Alcaldía de Granada, Sebastián Pérez, a que responda "por no haber puesto orden ni en su partido ni en el equipo de gobierno, del que fue también concejal".

La rueda de prensa se ha producido momentos antes de la Comisión de Presidencia, Empleo, Igualdad y Transparencia, en la que se ha informado de la actuación municipal a los requerimientos judiciales por los casos urbanísticos que se investigan en la actualidad, concretamente las denominadas operaciones Nazarí y Serrallo, donde se ha defendido la colaboración del equipo de gobierno, "como no podría ser de otra forma con la justicia".

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