El Ayuntamiento inicia un procedimiento para evitar pagar 13 millones a una constructura
El edil de Urbanismo, Miguel Ángel Fernández-Madrid, asegura que la intención es cumplir con el convenio urbanístico que en su momento se rubricó y expropiar la parcela de 7.000 metros cuadrados
El concejal Miguel Ángel Fernández-Madrid durante la rueda de prensa de este miércoles. Foto: Javier Algarra
El Ayuntamiento de Granada recurrirá al Contencioso-Administrativo para evitar el pago de los 13 millones de euros que una sentencia le obliga a abonar a la empresa Construcciones Vargas e Hijos por el incumplimiento de un convenio urbanístico, por parte del anterior equipo de Gobierno del PP, en el conocido como Plan Parcial Oeste 3, en la Chana.
Así, según el concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Fernández-Madrid, "la intención es llevar un procedimiento de declaración de lesividad a lo contencioso administrativo con el fin de que se cumpla el convenio urbanístico y expropiar la parcela que estaba destinada a sistema general de espacios libres, con una superficie de 7.000 metros cuadrados".
A partir de ahí, la constructora tendrá 15 días de audiencia para las alegaciones que estime oportunas, al tiempo que se cancela cautelarmente la ejecución del acto administrativo. "Si tenemos suerte, no tendremos que pagar los 13 millones en dinero y sí en especie, es decir, en las condiciones que establecía el convenio urbanístico que se rubricó en su momento. No es una solución mágica, pero sí la única posible que implica que no tengamos que pagar los 13 millones de euros", ha señalado Fernández-Madrid.
Si se obtuviera el "beneplácito" del Contencioso-Administrativo de dar cumplimiento a dicho convenio urbanístico, el Consistorio deberá recurrir al Registro de la Propiedad para poder inscribir la parcela.
"Esta sentencia y la tramitación urbanística del PP en estos años es un canto a la dejadez, irresponsabilidad y la incapacidad. Eran capaces de cometer estas irresponsabilidades. Es una sentencia que castiga al Ayuntamiento a muerte, a la sostenibilidad económica del Ayuntamiento y pone en peligro la prestación de los servicios públicos", ha destacado el edil de Urbanismo mientras hacía hincapié en que el anterior equipo de gobierno del PP "no solo no inició el procedimiento en su momento, sino que recurrió al silencio administrativo que es lo que enfada a la juez".
Cabe recordar que este pleito urbanístico se remonta a julio de 2005, cuando, tras la aprobación definitiva del PGOU unos años antes, la mercantil Construcciones Vargas e Hijos SL solicitó al Ayuntamiento el inicio del expediente de expropiación de ocho parcelas de su propiedad calificados como suelo urbano en el plan general y que la mercantil no pretendía desarrollar.
Críticas al gobierno del PP
Por otra parte, Fernández-Madrid ha criticado a la portavoz del grupo municipal popular, Rocío Díaz, por acusar al equipo de Gobierno local de no iniciar nuevos expedientes. "Debería saber que estamos intentando arreglar todos los desaguidados que el PP dejó en el Ayuntamiento. Debería hacer autocrítica y pensar dos veces antes de verter alguna crítica", ha dicho.
De igual forma, ha asegurado que la auditoria que pretenden realizar, "más que enfocarla como una venganza", tiene por objeto que determinados casos "no se vuelvan a repetir" y que "pongan en marcha procedimientos administrativos que garanticen la seguridad jurídica del conjunto de los ciudadanos de Granada y permitan que el marco urbanístico sea un foco para atracción de iniciativas".
Popular ahora
