El cese del jefe de de los abogados pone el foco en la estrategia jurídica en un momento clave
A las puertas de que se celebren juicios como el del caso Serrallo, el Gobierno local garantiza que se seguirá con la "misma independencia" en los procesos abiertos
Ocho días para cuestiones previas
La Audiencia de Granada ha reservado ocho sesiones para las cuestiones previas y las declaraciones de los 17 acusados en el juicio oral del llamado 'caso Serrallo', que arrancará el 3 de febrero de 2020 y sentará en el banquillo al exalcalde de Granada José Torres Hurtado, nueve de sus ediles en el momento de los hechos, además de exaltos cargos del área de Urbanismo y un promotor.
Todos ellos deberán responder de la supuesta construcción irregular de una discoteca, con sala de fiestas y pista de patinaje con bar, en una zona verde junto al Centro Comercial Serrallo Plaza, en la que solo se podría haber creado un parque infantil.
La Sección Segunda de la Audiencia ha reservado en total dos meses para este juicio, que se celebrará desde el 3 de febrero al 2 de abril en la Sala Antonio Angulo del complejo judicial de La Caleta, según consta en una reciente providencia.
En ella, el tribunal señala las pruebas admitidas, cita a los acusados, testigos y peritos, y fija la distribución del juicio a lo largo de las distintas sesiones.
Para las cuestiones previas y declaraciones de los acusados se han señalado los días 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13 y 18 de febrero. La prueba testifical, para la que se ha citado a más de 30 personas, comenzará el 19 de febrero y proseguirá durante varias sesiones. Le seguirá la prueba pericial. Para la prueba documental, informes de las partes y última palabra de los acusados se señalan los días 26 y 31 de marzo, 1 y 2 de abril.
La Fiscalía ha solicitado ocho años de prisión, multas de 522.000 euros y 36 años y medio de inhabilitación para el exalcalde Torres Hurtado y la exconcejal de Urbanismo Isabel Nieto.
El Gobierno local del Ayuntamiento de Granada compuesto por Cs y PP ha decidido en un punto extraordinario de la Junta de Gobierno el cese del jefe de los abogados municipales, Ángel Martín Lagos, lo que pone el foco en la estrategia jurídica que seguirá el Consistorio en un momento determinante a las puertas de que se celebren varios juicios.
El caso Emucesa, en el que hay encausados dos exconcejales del PP; o el caso Serrallo, también con la implicación del exalcalde de Granada, José Torres Hurtado, y una exconcejal de lo populares, están en su fase definitiva antes de que se celebren las vistas orales, contexto en el que se ha producido esta decisión de cambiar al responsable de los abogados municipales.
El concejal de Personal y Organización del Ayuntamiento de Granada, Francisco Fuentes, ha explicado a los periodistas que se trata de una decisión que obedece "exclusivamente a motivos organizativos" y cuyo cambio era "necesario" para mejorar la situación en este área municipal, al "igual que se ha hecho en otras" tras el cambio de Gobierno en junio.
Fuentes ha garantizado que el nuevo responsable de este servicio, que puede ser cualquier funcionario que cumpla con lo requisitos exigidos, no recibirá en ningún momento ni "la orientación ni directrices" que ha de seguirse en las causas en las que el Ayuntamiento está personado como acusación particular.
"Son funcionarios independientes, en todo momento se busca proteger los intereses del Ayuntamiento de Granada, no busquen donde no hay", ha dicho Fuentes preguntado por si esta decisión puede cambiar la estrategia a seguir en los casos en los que el Consistorio es parte afectada.
Críticas desde el PSOE
El Grupo Municipal Socialista ha denunciado la destitución del director del gabinete jurídico del Ayuntamiento de Granada, “un profesional de reconocido prestigio que ha pilotado la estrategia judicial del Ayuntamiento de Granada en temas tan sensibles como el Caso Serrallo, la Operación Nazarí o el Caso Agreda, que salpican directamente a medio Partido Popular de Granada”.
Para el concejal del PSOE, Miguel Ángel Fernández Madrid, la decisión del Gobierno de Luis Salvador y Sebastián Pérez arroja "graves dudas" sobre la "futura defensa" de los intereses de los granadinos en estos casos de corrupción en los que "se ha visto inmersa la ciudad y que, en 2016, costaron la detención del alcalde popular”.
El socialista ha mostrado su “gran preocupación por la decisión del PP y CS” y ha lamentado la “connivencia del Ciudadanos con el PP" en estos asuntos que han "llevado la imagen de Granada asociada a la corrupción por toda España”.
Al respecto, el edil del PSOE ha recordado que “no tocar la dirección de la Asesoría Jurídica fue una de las condiciones del acuerdo entre PP, CS y VOX para hacer a Luis Salvador alcalde, un compromiso que ha quedado en saco roto y que deja a la formación de extrema derecha otra vez en ridículo”.
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