El Colegio de Abogados de Granada secundará la manifestación de Madrid contra el IVA en la Justicia Gratuita
La cita ha sido convocada por el Consejo General de la Abogacía ante el Ministerio de Hacienda para el próximo 13 de marzo
Los miembros de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Granada y su decano, Eduardo Torres, participarán en la concentración convocada por el Consejo General de la Abogacía ante el Ministerio de Hacienda para el próximo 13 de marzo a fin de reivindicar la suspensión de la aplicación del IVA al servicio público de Asistencia Jurídica Gratuita con carácter inmediato.
En dicha manifestación, todos los colegios de abogados de España reclamarán ante el Ministerio de Hacienda la "inmediata" retirada de la aplicación del IVA en la Justicia Gratuita, adoptada a finales del pasado enero por la Dirección General de Tributos en una consulta vinculante que modifica el histórico criterio de exención del impuesto en este servicio recogido en la Resolución de 18 de junio de 1986.
Con esa misma pretensión, la Abogacía Española estudia además convocar huelgas del Turno de Oficio en todo el territorio nacional, puesto que considerar el servicio de Asistencia Jurídica Gratuita como “un bien de mercado”, aplicándole el IVA, pone en peligro un sistema de naturaleza pública y obligatoria que garantiza el acceso universal a la Justicia en España desde hace décadas.
En este sentido, Torres ha calificado de "incoherente y totalmente desacertado" ese nuevo criterio del Ministerio de Hacienda que establece la obligatoriedad de que, a partir del 25 de enero pasado, los abogados que presten Justicia Gratuita facturen a los beneficiarios de los turnos de oficio y de las guardias el 21 por ciento de IVA, aun cuando la indemnización por la prestación de tales servicios la continuará atendiendo la administración pública competente, como es la Junta, en el caso de Andalucía.
Según sostiene el decano de los abogados granadinos, "exigir el pago del IVA a un usuario de la Justicia Gratuita, que por definición son personas con insuficientes recursos económicos, representa una clara vulneración del derecho fundamental de acceso a la justicia y tutela judicial efectiva y supone una absurda interpretación de una reciente sentencia del Tribunal de Justicia Europeo que en ningún caso resultaría aplicable al sistema legal de justicia gratuita vigente en España".
Torres ha asegurado que sería un disparate social, jurídico y fiscal que los abogados perciban una indemnización de la Administración por la Justicia Gratuita, pero deban facturar al ciudadano el 21% de IVA por un servicio público obligatorio que es resarcido a precios muy inferiores a los que rigen el mercado libre de la abogacía, por lo que no puede considerarse actividad económica a efectos del impuesto en ningún caso.
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