El decálogo de problemas y mejoras que el TSJA diagnostica en la Justicia
El alto tribunal andaluz recuerda que se ha perdido "otro año" porque no se ha solventado las reformas necesarias
Lorenzo del Río, durante la presentación de la memoria. Foto: Antonio Ropero
Bajo el título 'otro año sin reformas, nuevo año judicial perdido', la memoria del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía incide en cuáles son los problemas que tiene el sistema judicial andaluz y las mejoras que deben afrontarse para llegar a una óptima calidad del servicio:
1 - Estructura organizativa
"Se critica, con razón, un sistema que funciona igual que hace 180 años, basado en la fragmentada organización de partidos judiciales al margen de la realidad española actual, sin tomar medidas ni iniciativas para superar la extremada división territorial de la justicia y acercarnos a una justicia más ágil, profesional y especializada, que contribuye al desarrollo económico.
No se ha reestructurado la organización de los órganos jurisdiccionales unipersonales para que funcionen de forma similar a las Salas y Audiencias, ni se vislumbra a corto plazo una reforma que lo posibilite, superando definitivamente el actual esquema de Juzgados numerados y separados, que impide o dificulta enormemente compartir recursos e información. Además, ello permitiría reducir costes, duplicidades y tiempo, evitando otras distorsiones (cuestiones de reparto o de competencia, duplicidad de registro en idéntico procedimiento, concursos dentro del mismo partido en idéntica jurisdicción)".
2 - La nueva Oficina Judicial
"La Sala de Gobierno del TSJA ha exteriorizado el apoyo y colaboración desde el convencimiento de que puede resultar positivo para todos, máxime cuando este diseño de trabajo es complementario e imprescindible para que los actuales partidos judiciales funcionen de forma colegiada. No se ha iniciado el nuevo modelo organizativo en las Audiencias Provinciales andaluzas, tal y como sugeríamos en la Memoria del año 2010, donde menos problemática se presenta a la vista de su funcionamiento colegiado y reducida tramitación procedimental (singularmente en la segunda instancia civil o penal).
Tampoco se ha abordado la implantación de Servicios Comunes de Ejecutorias, básicos en determinadas ciudades ante el aumento alarmante de las ejecuciones pendientes. Recordemos que, aunque tengamos un alto grado de eficacia en lo que al dictado de sentencias se refiere, no ocurre lo mismo a la hora de llevar a cabo su ejecución, lo que exige la puesta en marcha de medidas que reduzcan el tiempo de espera y perjuicios ya conocidos (medidas penales que prescriben o cuyo cumplimiento dista mucho del principio de prevención y resocialización, o, en fin, la enorme cantidad dineraria retenida en ejecuciones civiles)".
3 - Modificación de plantillas y reordenación de efectivos
"La carencia de avances en la implantación de un nuevo modelo organizativo de Oficina Judicial agrava la actual situación, máxime cuando sigue paralizada la modificación de plantillas y reordenación de efectivos personales, lo que impide romper con una rígida estructura de trabajo y gestión del personal y funcionar con criterios de “agilidad, eficacia, eficiencia, racionalización, responsabilidad por la gestión” (art. 435.3 LOPJ).
En 2014 se mantienen -y seguirán en 2015- distorsiones ampliamente expuestas desde años atrás: órganos con exceso de funcionarios y otros con una plantilla muy escasa; ausencia de movilidad funcionarial en el entorno laboral más inmediato; defectuosa gestión de las medidas de refuerzo en órganos con escasa plantilla o sobrecargados de trabajo, retrasos en la cobertura de vacantes, o alto número de interinos y falta de especialización de los mismos. Por otro lado, las deficiencias de plantilla se agudizan con el excesivo tiempo empleado en la cobertura de vacantes y bajas de funcionarios, lo que afecta negativamente a la marcha de los órganos judiciales, por lo que la Administración prestacional deberá reducir el tiempo empleado en el nombramiento de interinos o sustitutos, con supresión de la espera de tres meses, que parece ser la norma habitual".
4 - Medidas de apoyo judicial y esfuerzo en órganos judiciales
"No están dando los frutos deseados, por ejemplo, la adscripción de jueces de refuerzo, al no venir también acompañada de la asignación de funcionarios para posibilitar mayor tramitación de asuntos, celebración de juicios y vistas. Así lo hemos detectado durante esta anualidad, pues no se avanza significativamente en la normalización del Juzgado o partido judicial afectado por la medida. En 2015 pretendemos iniciar un plan de choque con jueces de refuerzo en algunos partidos y jurisdicciones, cuya efectividad exigirá una mejor respuesta de la que se obtiene muchas veces de la Administración prestacional. Así, por ejemplo, en la jurisdicción social de Sevilla desde el TSJA pretendemos adscribir, al menos, cuatro Jueces de refuerzo para que se dediquen a tramitar todos los asuntos de nueva entrada durante un tiempo preestablecido, con posibilidad de prórroga, para que, en paralelo, el resto de Juzgados actuales optimice su agenda de señalamientos y bolsa de asuntos pendientes, al tiempo que aprovecha para adoptar todas las opciones de acumulación de asuntos que la LRJS establece".
5 - Mínima capacidad de gestión
"Cuando menos para ejercer funciones de planificación y ejecución de las medidas de refuerzo en órganos jurisdiccionales. Parece fuera de duda la necesidad de contar con un mínimo ámbito competencial por parte de los órganos de gobierno del poder judicial, que nos sitúe ante un modelo más operativo y funcional a la hora de prestar puntual atención y apoyo urgente en los distintos partidos judiciales que lo vayan demandando, evitando que la decisión final, como ocurre por ahora, esté residenciada siempre en la Administración.
A nuestro juicio, sería muy operativo que en el ámbito del TSJA dispusiéramos de un grupo de funcionarios para perfilar medidas temporales de refuerzo dentro de cada ámbito provincial, así como dar una respuesta rápida a circunstancias excepcionales de pendencia o necesidades puntuales por asuntos de especial complejidad y tramitación.
En este contexto, recordamos otro año más la figura, bastante devaluada, de los funcionarios pertenecientes a los denominados Servicios de Apoyo de Extensión Territorial Variable (SAETV), que deberían poder desempeñar su cometido en todos los centros de trabajo comprendidos en su ámbito provincial, mediante acuerdo de la Sala de Gobierno. De esta forma, se convertirían en el personal más idóneo para medidas de refuerzo y apoyo temporal. Pues bien, desde el año 2012 la Consejería niega la posibilidad de que estos funcionarios salgan de la capital de la provincia, lo que ha reducido su eficacia y devaluado en gran medida el mejor mecanismo corrector de las disfunciones que, en materia de dotación de personal, van surgiendo en los órganos judiciales andaluces".
6 - Jusitica Penal
"Lastrado en su funcionamiento y con una exasperante lentitud en múltiples asuntos, atribuible en parte a la vigente legislación procesal. Padecemos un proceso penal desestructurado, que avanza a un ritmo desesperadamente lento, incompatible con las exigencias de celeridad y eficacia, lo que ocasiona a la postre una gran insatisfacción entre los ciudadanos, entre los propios afectados por el proceso, incluso entre los propios jueces que se ven muchas veces atrapados en un laberinto del que les resulta difícil salir".
7 - Actuación procesal sobre sentencias de conformidad
"Vía que sigue infrautilizada pese a que sus resultados y beneficios son incontestables en aras a mejorar el trato y atención al ciudadano, reducir costes y tiempo, evitando las disfunciones para la oficina, peritos y testigos, que se desplazan innecesariamente hasta la sede judicial. Las repercusiones de una diferente práctica procesal serían evidentes, tanto económicas como de orden personal, eliminando los llamados “costes del mal funcionamiento de la justicia”, máxime a la vista de la estadística que reflejamos en el apartado II.5.7, que apunta un porcentaje de conformidades del 44% durante el año 2014, así como un incremento sostenido del número de sentencias previa conformidad en los últimos años en los Juzgados Penales.
La judicatura debe sentirse afectada e implicarse en esta materia, si bien a partir de la necesaria y singular implicación del Ministerio Fiscal y de los Abogados. El mecanismo procesal de la conformidad debe abordarse en modo y contexto procesal distinto al que habitualmente estamos acostumbrados.
Finalmente, la mediación penal no avanza. Las Administraciones deben involucrarse en la calidad, formación, ayuda material y difusión de la mediación, todavía reducida a iniciativas voluntaristas de corto alcance e impacto. Es más, la mediación intrajudicial debería estar incluida dentro de la oficina judicial para ser utilizada como proceso previo antes de la judicialización del asunto. Tenemos que seguir extendiendo la cultura de la mediación, porque estamos en una sociedad muy judicializada y acostumbrada a que “otros” nos resuelvan siempre el problema. Lo anterior implica contemplar con naturalidad una justicia con un enfoque distinto a la respuesta tradicional e institucionalizada, la llamada justicia reparadora, más útil para todos, menos retributiva, más cercana al ciudadano, y válida para conseguir una reparación satisfactoria a las necesidades reales de la víctima, al tiempo que reduciría la entrada de casos (según algunas estimaciones, casi en un 30 por ciento)".
8 - Administración de justicia digital
"Un mayor uso de la tecnología mejoraría y agilizaría el sistema judicial andaluz, la duración de los trámites y procesos judiciales, así como los costes administrativos. Esta Sala de Gobierno sigue reclamando la necesidad de una justicia digital, que profundice en las comunicaciones procesales electrónicas con la posibilidad añadida de que se puedan producir desde dispositivos móviles. Por lo mismo, hay que aproximarse cuanto antes a una justicia abierta e innovadora, con un enfoque de mayor proximidad, transparencia y apertura al acceso a la información pública durante las 24 horas del día, a través de sistemas informáticos.
Frente a ello, la Administración de justicia andaluza sigue muy burocratizada y apegada al papel. Reconocemos el esfuerzo de la Consejería de Justicia e Interior, que ha iniciado a mediados de 2014 una renovación muy importante del equipamiento informático y audiovisual. Pero se trata de avances que inciden en aspectos poco expansivos sobre la gestión procesal y documental del día a día de los órganos judiciales, que es nuestra principal batalla.
Necesitamos, pues, cambios importantes y cualificados: a) la gestión documental a través del expediente electrónico, única forma de acabar con los problemas de escaneo y digitalización de los procedimientos, de favorecer el traslado informático a las partes, en vez de infinidad de fotocopias, ganando tiempo y eficacia; b) la plena transmisión telemática de comunicaciones y notificaciones en todas las jurisdicciones y órganos judiciales andaluces; c) extender a través de internet los servicios que ofrece la Administración de justicia e igualarnos a las relaciones externas entre otras Administraciones y los ciudadanos, de forma que desaparezca la presencia personal y el papel en múltiples gestiones y las relaciones se produzcan obligatoriamente de forma electrónica".
9 - A la espera de la anunciada desjudiliciación de funciones
"En materias de Registro Civil y Jurisdicción voluntaria, lo que repercutirá en la actual carga de trabajo de muchos Juzgados, así como en el futuro de los Juzgados de Paz. Se dice que se trabaja para que los jueces se centren en la función jurisdiccional, a través de leyes como la de jurisdicción voluntaria y el fomento de la mediación y el arbitraje; por ahora se trata de iniciativas sin plasmación material".
10 - Pocos cambios en las infraestructuras judiciales
"De forma que, por quinto año consecutivo, reflejamos una situación muy parecida en el ámbito de este TSJA, caracterizada por las excesivas deficiencias y serias carencias que encontramos en el mapa de los edificios judiciales andaluces, producto del natural deterioro de edificios e instalaciones por el transcurso del tiempo, en unos casos, y del incompleto desarrollo del Plan de Infraestructuras elaborado por la correspondiente Consejería de la Junta de Andalucía".
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